La denuncia que ha hecho el diputado Rodrigo García Escalante en contra del delegado especial para postulaciones del Partido Verde (PVEM) Francisco Garrido Sánchez, de vender candidaturas a presidencias municipales, sindicaturas y regidurías no es nada nuevo. De hecho, en los últimos dos sexenios fue una práctica muy común en Veracruz.
En una entrevista con la delegada del CEN del PRI en Veracruz, Lorena Martínez, los periodistas Manuel Rosete, José Ortiz y Raymundo Jiménez narraban durante el programa de tv por internet “Polaca a la Veracruzana”, cómo habían sido testigos de negociaciones para impulsar candidatos en diversos municipios.
Muchos de estos candidatos, sin arraigo, sin militancia ni carrera de partido, tenían la cualidad –muy valorada en la fidelidad- de contar con los recursos económicos suficientes no sólo para comprar la candidatura, sino también, empresas que servirían a funcionarios públicos afines al gobernador en turno para contratar obra pública, bienes y servicios de todo tipo.
Así es como vimos llegar a los gobiernos municipales a empresarios y constructores que dejaron en bancarrota a los Ayuntamientos que gobernaron, a causa de su inexperiencia administrativa y por la necesidad de recuperar la inversión y garantizar las prebendas comprometidas con el grupo en el poder. Las empresas constructoras y los proveedores solían ser los mismos.
Hasta cuentan que había un tabulador en el que se consideraba desde el tamaño de los municipios, los ingresos propios, su presupuesto para obra pública, el control de servicios como el agua y la limpia pública, hasta la posibilidad de obtener concesiones de fiestas populares. Todo lo que significara dinero.
Así, explicaban los columnistas, había Ayuntamientos pequeños que bien valían 5 millones de pesos. Además, quienes se enriquecieron vendiendo las candidaturas, no dejaron rastro del dinero recibido. Fue un negocio redondo.
Pero no sólo lo fue en el PRI. El resto de los partidos también se beneficiaron de este singular mercado de candidaturas implementado por los jefes políticos tradicionales. Muchos dirigentes de partidos también estaban dispuestos a vender las candidaturas al mejor postor, sobre a todo a aquéllos militantes que no habían sido tomados en cuenta por el PRI y habían decidido lanzarse por otras siglas. Así se cuenta una infinidad de gobiernos municipales de “oposición” en los últimos doce años.
La tercera forma de vender las candidaturas fue mediante acuerdos soterrados con el gobierno estatal, en los que los partidos de oposición más pequeños –incluido el PRD-, se prestaron a ofrecer candidatos a modo, que no tenían ninguna posibilidad de ganar, a cambio de cargos públicos, prebendas y fuertes sumas de dinero. Y si no, pregúntenle al hoy Secretario de Gobierno.
De esta forma, algunos partidos políticos tienden a actuar como verdaderas franquicias cuyo principal producto es precisamente el acceso al poder. Lo que pase después –el despilfarro, la corrupción, el nepotismo y la notoria incapacidad- ya no es asunto de los partidos; la estrategia a seguir es el desmarque, la indignación, la negación de sus “militantes”… y la espera de la siguiente elección para abrir el mercado de las candidaturas.
Pero la venta de candidaturas no es algo que siempre haya acompañado el desempeño de los partidos políticos. En antaño, en un sistema unipartidista, no había necesidad de poner precio a las aspiraciones políticas de los grupos políticos dominantes. Si bien el PRI actuaba como partido de estado, al mismo tiempo, garantizaba un proceso constante de ascenso y renovación.
Se trataba siempre del mismo partido, pero no siempre se trataba de los mismos grupos, lo que le daba una relativa representatividad al PRI. Por algo se mantuvo en el poder por tantos años.
Pero ya con una competencia real, el PRI empezó a sufrir bajas y a pagar el precio del poder unipersonal que ejercía. Ya no bastaba con ser candidato para garantizar el acceso al poder público; ahora había que ir a las urnas y plantar la cara a una ciudadanía cada vez más indignada y deseosa de cambios.
Hasta que llegó la transición en la Presidencia de la República, y lo que debió ser un triunfo de la democracia, se convirtió en el empoderamiento de los partidos, en la creación de élites partidistas, que enriqueció a sus líderes y prostituyó la facultad exclusiva de los partidos políticos de proponer candidatos a cargos de elección popular. Las candidaturas ciudadanas llegaron muchos años después.
Ya no era necesario el PRI para acceder al poder. Esto se podría hacer desde cualquier trinchera, siempre y cuando se tuvieran los recursos suficientes para lograrlo. Así se gestó un perverso sistema de alianzas y coaliciones que ha permitido a muchos partidos nacer, crecer y desaparecer, llenándose los bolsillos en ese periplo.
Así que lo que denuncia García Escalante no es nuevo, ni es exclusivo del PVEM y su dirigente. Son apenas un botón de muestra de quienes hoy están al frente del mostrador, en este rentable mercado de candidaturas.
La del estribo…
- Dicen que una ciudad limpia no es la que más se barre sino la que menos se ensucia. Parafraseando, un gobierno con transparencia no es el que más está frente a los medios, sino el que dice la verdad.
- Francas y directas, las declaraciones del presidente del Comité del Carnaval jarocho, Luis Antonio Pérez Fraga, denunciando la incapacidad y negligencia del Secretario de Turismo estatal, podrían ser –sin proponérselo- un misil a la línea de flotación de la candidatura de Fernando Yunes: al Gobernador y su prole no les interesa la fiesta popular más importante del municipio que aspiran gobernar.