A ver, a ver, a ver… ¿cómo está eso de que el Gobierno del Estado ha ofrecido recompensar con 500 mil pesos a quienes aporten información que les permitan identificar y detener a los que desde el miércoles han saqueado tiendas de autoservicio en Veracruz, Xalapa, Tierra Blanca y Coatzacoalcos, entre otras ciudades de la entidad?

¿Un gobierno que oficialmente se ha declarado “en emergencia financiera” por la administración estatal en bancarrota que recibió –lo que le ha obligado a despedir a cientos de empleados por contrato–, estará en condiciones de pagar cientos de millones de pesos por localizar y aprehender a los miles de vándalos que participaron en estos actos de rapiña que si bien son reprobables y se deben sancionar, no son de la misma gravedad que los ejecutados por el crimen organizado?

Entre los que saquearon supermercados, almacenes de electrodomésticos, jugueterías y casas de empeño este miércoles y jueves, debieron contabilizarse por lo menos más de mil personas. ¿El gobierno estatal desembolsaría arriba de 500 millones de pesos para recompensar a quienes los denuncien?

¿De quién habrá sido tamaña ocurrencia? Si no surgió del gobernador Miguel Ángel Yunes, entonces éste debió frenarla de inmediato.

Ya son varios analistas políticos que preguntan si el mandatario veracruzano cuenta con asesores y si en caso de tenerlos de veras se deja aconsejar.

Y es que en su gabinete no se observa un solo funcionario con suficiente temple, estatura política y calidad moral para atreverse a enmendarle la plana al jefe del Poder Ejecutivo.

Por ejemplo, el secretario de Gobierno, Rogelio Franco Castán, que debería ser el más indicado, no tiene cara para hacerlo luego de la exhibida que se dio por su titulación fast track como Licenciado en Derecho un mes antes de tomar posesión, quedando la sospecha de si realmente cursó la carrera en la Universidad Veracruzana, pues varios egresados de esta casa de estudios que debieron ser sus contemporáneos o compañeros de aula entre 1993 y 1997, aseguran que jamás lo vieron asistir a clases. Es más, refieren que a mediados del sexenio del gobernador Patricio Chirinos (1992-1998) se suscitó un sospechoso incendio en las oficinas administrativas de esa escuela que consumió casi toda la documentación oficial de los alumnos. El ex secretario académico de esa Facultad, Carlos Arturo Gómez Vignola, actual oficial mayor de la UV, quien casualmente le agilizó en octubre del año pasado el trámite de su título a Franco Castán, debe saber mucho de esto. Una interesante historia que también conoce al dedillo un ex porro universitario y ahora “honorable” consejero estatal del PRI, Vicente Luna, muy allegado al ex secretario duartista de Gobierno y actual diputado federal por Acayucan, Erick Lagos Hernández, cuyo lema entre los fósiles universitarios era precisamente que para graduarse de abogado sólo se requería “inscribir y no morir”.

Otro miembro destacado del equipo de Yunes, que formalmente no es su colaborador directo ya que es titular de un órgano “constitucionalmente autónomo”, es el fiscal general del Estado, Jorge Winckler, quien al menos tiene cierta experiencia como abogado litigante. Sin embargo tampoco se le ha visto oficio ni temple político para frenar los excesos y arrebatos del gobernante, pues al centenar de vándalos detenidos hasta el momento por los saqueos realizados en centros comerciales, se les pretende imputar delitos hasta por “terrorismo”, por lo que alcanzarían más de 10 años de prisión.

Este caso seguramente va a hacer recordar el de la periodista porteña Maruchi Bravo Pagola y el tuitero Gilberto Martínez Vera, quienes en agosto de 2011 fueron detenidos bajo los cargos de sabotaje y terrorismo, por los que el gobernador Javier Duarte pretendió que se les procesara y sentenciara hasta por 30 años de prisión debido a la sicosis que generaron entre los usuarios de las redes sociales al publicar mensajes en los que advertían ataques a escuelas de la ciudad de Veracruz. Pero 25 días después, por las presiones políticas y mediáticas, la Procuraduría General de Justicia del estado tuvo que desistirse de estas acusaciones y ponerlos en libertad.

Sin embargo, este jueves, tanto Franco como el fiscal Winckler anunciaron que derivado de los actos vandálicos que se registraron en la entidad se habían detenido a 103 probables responsables por asociación delictuosa, lesiones, daños, robos, motín y terrorismo.

De hecho, la Fiscalía se ha convertido en el talón de Aquiles de la administración yunista por la forma desaseada en que se vulneró su autonomía para imponer a Winckler.

La semana anterior, por ejemplo, el magistrado federal agrario en receso, José Lima Cobos, quien es además diplomado en amparo y derechos humanos, en un artículo periodístico titulado “Fiscal destituido, impunidad asegurada”, escribió que “la supuesta o imaginaria Fiscalía independiente y autónoma ha muerto al destituirse al fiscal (el duartista Luis Ángel Bravo) designado por la Legislatura anterior para que durara nueve años, sin reclamarse las razones, motivos, circunstancias y demás elementos que deben ser de primordial análisis y valoración para aceptar una renuncia (…)”, y lamentó que “en este nuestro Estado nombrado señero y heroico” no existiera una persona con la capacidad para ese cargo y que se tuviera “que importar a un extraño, constituyendo en sí mismo una vergüenza…”

No obstante, Lima Cobos, quien de 1980 a 1983 fue presidente de la mesa directiva del Congreso local, concedió el beneficio de la duda al nuevo fiscal yunista que, irónicamente apuntó, “será de los llamados de ‘hierro’ al comprometerse que llegará al fondo en las denuncias pendientes, o bien en las omisiones en que se incurrió”, señalando, por ejemplo, “el asalto a Palacio de Gobierno por los presidentes municipales (del PAN y PRD) que se coaligaron para reclamar los recursos federales escamoteados por el anterior gobierno y que incurrieron notoriamente en un delito previsto en el Código Penal”. Un motín que, por cierto, fue alentado inicialmente por el entonces dirigente perredista Rogelio Franco, y luego liderado por el alcalde panista de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez, el hijo del gobernador.

Por cierto, este jueves el fiscal general Jorge Winckler fue criticado por su actitud lacayuna al transmitir en vivo por Periscope el incidente en que el gobernador Yunes Linares encara en la Plaza Las Brisas, del puerto de Veracruz, a jóvenes saqueadores y pedirle a amas de casa y hombres que se retiraran del centro comercial para poner fin a la rapiña, prometiéndoles que la semana entrante les entregarán vales de despensa con valor de 500 pesos.

Obviamente lo que ahora sus adversarios se preguntan es a quiénes y en base a qué criterios les hará llegar estos apoyos; si su gobierno cuenta con suficientes recursos para realizar también este tipo de gasto, y si esta acción no tendrá un tinte electoral ante la cercanía de las elecciones municipales.

¡No sale de una cuando ya está metido en otra!