Primero fue el gobernador Javier Duarte, quien una y otra vez reiteraba que no se iba a ir antes del 30 de noviembre, hasta que concluyera su sexenio. Sin embargo, el 12 de octubre pasado fue obligado a solicitar licencia para separarse de su cargo, aunque en su momento declaró que lo hacía por voluntad propia porque quería dedicarse de tiempo completo a preparar su defensa jurídica ante las denuncias penales que el gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares, el SAT y la Auditoría Superior de la Federación presentaron en su contra en la Procuraduría General de la República. Desde hace más de un mes, el ex mandatario veracruzano anda a salto de mata, huyendo de la justicia federal.
Ahora le tocó el turno al ex procurador Luis Ángel Bravo Contreras, a quien su ex jefe y amigo promovió como primer titular de la Fiscalía General del Estado, un ente al que Duarte dotó constitucionalmente de autonomía administrativa y financiera, y en el que colocó a este supuesto incondicional que fue electo por la LXIII Legislatura para un periodo de 7 años en el que legalmente sería inamovible.
Pero el fiscal duartista, quien también afirmaba aún después de la elección de junio pasado que no dejaría el cargo, salió este lunes sorpresivamente a confirmar en conferencia de prensa que había presentado su renuncia con carácter de irrevocable, pretextando que la diputación anterior lo había designado durante la administración encabezada por un gobernador que hoy es severamente cuestionado, y que “por ello debo facilitar a esta nueva Legislatura y a la administración entrante, tomar las decisiones que consideren más responsables en bien de la siempre inacabada y perfectible procuración de justicia”.
Bravo Contreras, olvidándose de la autonomía constitucional de la Fiscalía, expresó “con toda claridad” que “no seré factor de división, ni encono, por el contrario, lo que Veracruz necesita, hoy más que nunca, es unidad”. Inclusive afirmó que la decisión que tomó fue “en plena congruencia de mi actuar con mi sentir” y que la tomó de manera “voluntaria y consensuada únicamente con mi familia”.
El fiscal se olvidó que a quien debía rendir cuentas era al Congreso del estado, ante cuyos representantes populares, al asumir el cargo, se comprometió a servir a todos los veracruzanos, no sólo al gobernador en turno ni sujeto a la opinión de su esposa e hijos.
Este martes, en entrevista telefónica con el periodista capitalino Ciro Gómez Leyva, Bravo quiso aclarar que no recibió presiones del gobernador electo ni de su equipo de transición, y pidió “no politizar ese tema porque a Veracruz no le hace falta eso”. Ya en la conferencia de prensa del día anterior, el fiscal duartista había reconocido el liderazgo de Yunes Linares, de quien dijo que a partir del jueves en que asuma la primera magistratura, “iniciará una nueva etapa que requiere de la suma de todas las voluntades para que Veracruz recupere la grandeza que nunca debió perder, y que yo en lo personal busco contribuir con este acto”.
Por su parte, Yunes Linares, en entrevista con la periodista Adela Micha, le corrió la misma atención a Bravo, al declarar que apreciaba mucho la decisión tomada por el fiscal de presentar su renuncia, negando que él le hubiese sugerido dimitir al cargo.
Yunes apuntó que será el Congreso local quien determine lo procedente al quedar vacante la Fiscalía General del Estado, y al preguntársele respecto al abogado Jorge Winckler Ortiz, quien de entrada ha sido nombrado como visitador general de la FGE, el gobernador electo del PAN reconoció que sí lo conoce, pero ¡que no ha hablado con él!.
Sin embargo, el diario Reforma, muy afín al panista, destacó la renuncia de Bravo y el nombramiento de Winckler, señalándolo como “cercano” a Yunes. Además publicó una fotografía en la que ambos aparecen sonrientes y sentados juntos en el interior de un avión.
Por si fuera poco, el diario Notiver, en el que Yunes oficializó este martes la lista de los miembros de su próximo gabinete, consignó hace tres días en la columna “Sale y Vale” que firma “Coni O. Contreras”, que la semana anterior, en un restaurante de un hotel de Reforma de la Ciudad de México, habían sido visto en torno a una mesa, en una charla aparentemente muy cordial, Yunes, “El Jefe” Diego Fernández de Cevallos y el fiscal. “Se especula que Diego podría haber invitado a ‘Culín’ a trabajar en su despacho y que éste habría aceptado. En la próximas horas podría saberse si esto es cierto aunque pareciera lógico”, concluía el comentario del diario porteño, cuyo editor es muy allegado a Yunes.
En efecto, la relación de Winckler con Yunes es innegable, pues el flamante visitador general de la FGE estuvo muy cerca en su campaña y ha formado parte de su equipo de transición. Por eso es que su perfilamiento para encabezar la Fiscalía ha provocado rechazo no sólo entre abogados litigantes y diputados locales de Morena sino inclusive hasta entre algunos legisladores del PAN, como es el caso de Gregorio Murillo Uscanga, quien declaró que el próximo sucesor de Bravo debe ser autónomo. “Debemos de actuar de tal manera que dejemos en claro que nosotros haremos las cosas distintas y que la Fiscalía no deberá ser brazo operador de un partido político”, expresó el panista.
Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados de Veracruz, Francisco Ramírez Llaca, reconoció que Winckler es un abogado que reúne todas las características que establece la Ley Orgánica y la Constitución para ser Fiscal General, pero que este nombramiento pondría en duda su posible autonomía respecto al Ejecutivo estatal. “La vinculación directa que ha tenido Jorge con el licenciado Yunes Linares sí pone un dejo de duda sobre la conveniencia de que pueda ser él, pero repito no es decisión de Miguel Ángel Yunes”, dijo Ramírez Llaca, quien además expuso que antes de haber asumido el cargo de visitador general de la FGE, Winckler tenía que haber renunciado a los casos legales en los que actualmente trabaja, como el de Los Porkys, pues apuntó que “sería un conflicto de intereses terrible si por un lado fuera funcionario de la Fiscalía y, por otro lado, parte de un proceso penal.”
Este situación posiblemente incomode también al hijo de Yunes Linares, el senador Fernando Yunes Márquez, pues como presidente de la Comisión de Justicia del Senado habría vetado al procurador Raúl Cervantes Andrade, a quien el presidente Enrique Peña Nieto buscaba perfilar como titular de la nueva Fiscalía General de la Federación.