A no ser que una vez en el poder el gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares aplique, como todos queremos, todo el peso de la ley contra quienes defraudaron a Veracruz, cada vez se ve más difícil que las autoridades ministeriales federal y estatal logren llevar a la cárcel a la banda de criminales que acompañaron a Fidel Herrera Beltrán y a Javier Duarte de Ochoa. Parece que nadie pasará una noche tras las rejas.

La acción judicial de la Fiscalía General del Estado (FGE) contra el exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, y el exsecretario del Trabajo, Gabriel Deantes Ramos, solo fue una maniobra de protección. Hagamos ver como que los enjuiciamos pero elaboremos tan mal el expediente que sus abogados pronto lo echen para abajo y como la ley señala que nadie puede ser enjuiciado por el mismo delito, pueden llevarse sus riquezas tan campantes.

Bermúdez Zurita ha acudido a la Fiscalía, donde le han tomado declaración, pero no parece que haya ninguna acción penal en su contra. De hecho fue el primero en pintar su raya y le enseñó el camino a su jefe, el hoy prófugo Javier Duarte. En agosto pasado renunció a su cargo al hacerse público, con pruebas fehacientes que él mismo se encargó de corroborar, de que él y su esposa son propietarios de cinco residencias en Estados Unidos valuadas en 2.4 millones de pesos. Pese a ello, solo se le acusa de los delitos de abuso de autoridad y de tráfico de influencias, de los que puede fácilmente desembarazarse por no ser considerados como delitos graves.

El propio Miguel Ángel Yunes Linares se encargó de desvelar una red de empresas de su propiedad que hicieron negocios millonarios con la dependencia que estaba a su cargo, lo que posiblemente sea suficiente para llamarlo realmente a cuentas a partir del 1 de diciembre, si es que le pueden ver el polvo.

De otras acusaciones, relacionadas con la actividad de los cuerpos policiacos a sus órdenes que son señaladas de desaparecer a decenas de personas, entre ellas a los cinco jóvenes de Tierra Blanca que fueron hallados asesinados, nadie ha dicho más. Bastaría con leer la ominosa relación de hechos, declaraciones y acusaciones hecha por el periódico Milenio para temer cualquier comentario en su contra.

El otro exsecretario supuestamente apremiado por la ‘justicia’ veracruzana, Gabriel Deantes Ramos, tamaulipeco, acusado de enriquecimiento ilícito (supuestamente elevó sus caudales personales a 50 millones de pesos en los últimos seis años), ha estado cerca del penal de Pacho Viejo, pero solo para rendir declaración. Protegido por un amparo otorgado por el juez Primero de Distrito, tuvo que desprenderse de 2 mil 200 pesos para pagar la fianza que le fue impuesta, con lo que se ha de mear de la risa en su famosa Villa Meona, una ostentosa residencia en el fraccionamiento Las Ánimas de Xalapa que tiene más inodoros que el Estadio Pirata Fuente en el Puerto de Veracruz.

Deantes Ramos, primo por cierto del también investigado diputado federal Alberto Silva Ramos por fraguar contratos multimillonarios con empresas fantasma a su paso por la Sedesol estatal y la Coordinación General de Comunicación Social, no solo fue secretario del Trabajo; también usó sus habilidades para desaparecer recursos tanto en la Secretaría de Finanzas y Planeación, donde operó como subsecretario, como en la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación.

Tan amañado es el proceso que le sigue la FGE que, a pesar de que la Contraloría General del Estado detectó diferencias entre sus ingresos y sus posesiones por un monto superior a 40 millones de pesos, la FGE solo quiso ver que la diferencia era de apenas 10 millones, un monto que el engreído exfuncionario seguramente querrá (y podrá) justificar por inexistentes herencias o por haber ganado varias veces la lotería.

Estos dos pájaros de cuenta fueron de inmediato ‘perseguidos’ por la oficina que comanda Luis Ángel Bravo Contreras, amigo personal de ambos y fiel escudero del desaparecido exgobernador Javier Duarte de Ochoa. Si la PGR no considera pertinente iniciar investigaciones serias en contra de ambos, y mire que tendría suficientes elementos, estos dos funcionarios nacidos al amparo de la Fidelidad podrán retirarse a donde les plazca a disfrutar cientos de millones de pesos que, según todo indica, lograron de la hacienda pública a su paso por Veracruz.

Y sí, esta historia continuará.

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