Se pasean como si nada debieran, como si tuvieran la conciencia tranquila, con la seguridad de quien sabe que en nuestro país la impunidad no es excepción, sino regla.

Por la mañana de este jueves, dos ex secretarios de despacho del gobierno estatal veracruzano, Arturo Bermúdez Zurita, de Seguridad Pública; y Gabriel Deantes Ramos, del Trabajo, reaparecieron en Veracruz; el primero, vinculado a proceso por los presuntos ilícitos de abuso de autoridad y tráfico de influencias; en tanto que el segundo fue imputado por el delito de enriquecimiento ilícito.

En efecto, México es un país en el que la impunidad ha sido por años la principal característica del sistema de impartición de justicia; sin embargo, el caso veracruzano ha escalado hasta convertirse en ejemplo de la corrupción nacional, lo que deja muy expuestos, como blanco fácil, al ex gobernador Javier Duarte, a su familia, operadores y cómplices; en general, a los beneficiarios del saqueo y del desvío de recursos públicos.

En el tema de Bermúdez y Deantes, los dos personajes tienen cosas en común: formaron parte del círculo más cercano del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, quien llegó al extremo, por cierto, de asegurar que primero se iría él y luego su secretario de Seguridad Pública, lo que no se cumplió porque Bermúdez fue orillado a renunciar a su cargo, del que salió por la puerta trasera ante la contundencia de los señalamientos que lanzara en su contra el gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares, quien reveló una compleja red de corrupción que habría permitido al funcionario duartista adquirir un importante número de propiedades dentro y fuera del país.

Deantes Ramos tiene una historia parecida en cuanto al nivel del enriquecimiento que se le atribuye; sobre él circulan comentarios en el sentido de que antes de llegar a Veracruz se dedicaba al negocio de los alimentos y la venta de teléfonos celulares; sin embargo, en Veracruz se ubicó rápido no sólo como cercano al ex gobernador prófugo de la justicia, sino también como pieza clave en la operación política del grupo que se encontraba en el gobierno estatal. Sobre este punto corren versiones que apuntan a que a golpe de billetes, Deantes logró construir la estrategia que permitió al Partido Revolucionario Institucional ganar las elecciones en la mayoría de los distritos en disputa en las elecciones federales de 2015.

A este personaje, quien ocupó la Subsecretaría de Hacienda y la Secretaría del Trabajo del gobierno estatal, le atribuyen muchas propiedades, mismas que no corresponderían a sus ingresos formales; a ello se deben las investigaciones en su contra.

Pues bien, Arturo Bermúdez y Gabriel Deantes, quienes renunciaron a sus cargos el 4 de agosto y el 8 de junio del presente año, respectivamente, hoy se encuentran en posiciones jurídicamente vulnerables porque a las denuncias que se presentan en su contra en el ámbito estatal se suman las investigaciones federales.

Así las cosas, se observa muy complicado el escenario para éstos y otros colaboradores cercanos del ex gobernador Javier Duarte, quien dejó la administración estatal convertida en ejemplo nacional de corrupción, caos y desaseo en el manejo de los recursos públicos.

Por otro lado, todo parece indicar que la persecución de las autoridades federales contra el ex ejecutivo estatal y sus cómplices no terminará hasta que Duarte, por quien la Procuraduría General de la República ofrece 15 millones de pesos como recompensa, sea capturado, al igual que otros ex funcionarios que también enfrentan señalamientos por actos de corrupción.

La administración estatal se cae a pedazos

Veracruz es hoy tierra de nadie; a los problemas de inseguridad y pobreza se suma la quiebra de la administración estatal, que carece de recursos, incluso, para pagar algo tan elemental como la nómina de burócratas.

A esa precaria situación financiera, provocada por el saqueo, la voracidad y la ambición desmedida, se debe la crisis que enfrenta el gobierno estado, cuyos trabajadores han salido a las calles para exigir sus pagos.

No hay dependencia del gobierno estatal que esté libre de problemas; la mayoría prácticamente tienen a su personal en paro de brazos caídos o con las instalaciones tomadas. De las vialidades mejor ni hablar; para la población de la capital, la movilidad es ya insufrible por la cantidad de marchas, manifestaciones o bloqueos contra el gobierno estatal.

Lo peor es que temas tan sensibles como la salud, la educación y la seguridad de los veracruzanos también quedaron en riesgo; y si eso ocurre en la primera quincena del último mes del sexenio, imagine usted lo que pasará el día 30, cuando el gobierno estatal tampoco tenga los recursos necesarios para pagar a sus trabajadores y se desarrolle la transición en el poder ejecutivo.

Así recibirá el gobierno estatal, dentro de menos de dos semanas, Miguel Ángel Yunes Linares, quien llegará al cargo con más compromisos financieros de los que la administración estatal puede cumplir. @luisromero85