La mañana de este martes 18, en el noticiero “Despierta” que conduce el periodista Carlos Loret de Mola –el mismo espacio informativo de Televisa que seis días antes había elegido Javier Duarte para darles la primicia de que minutos más tarde solicitaría licencia al Congreso local de Veracruz para separarse de la gubernatura con el propósito de dedicarse de tiempo completo a su defensa jurídica ante las denuncias penales que la Auditoría Superior de la Federación, el SAT y su virtual sucesor Miguel Ángel Yunes Linares habían interpuesto en su contra ante la Procuraduría General de la República–, fue entrevistado vía telefónica el dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, para que respondiera a lo dicho en una breve nota informativa por su homólogo del PRI, Enrique Ochoa Reza, quien el día anterior, en Xalapa, había declarado que las autoridades jurisdiccionales debían proceder de la misma manera contra el priista Duarte de Ochoa que contra los panistas Guillermo Padrés, el prófugo ex gobernador de Sonora, y el veracruzano Yunes Linares que está por asumir el poder dentro de 42 días, aproximadamente.
A diferencia de la corta entrevista grabada de Ochoa Reza durante su gira por la capital veracruzana, el periodista del canal de Las Estrellas le concedió varios minutos más al dirigente del PAN, quien aprovechó para hacer una amplia y apasionada defensa de Yunes, de quien dijo que debe tomar posesión el 1 de diciembre próximo y que no tiene dudas de que será un “buen gobernador”.
Pero Anaya es dirigente partidista, no fiscal. Y quien debe determinar si el indiciado gobernador electo de Veracruz es o no responsable de los presuntos delitos que se le imputan es el Ministerio Público federal o la Fiscalía General del estado, donde también están radicadas varias denuncias en contra del ex candidato de la alianza PAN-PRD a la gubernatura.
Y es que este martes, por ejemplo, al ser abordado por los reporteros que inicialmente le preguntaron si Javier Duarte aún goza de fuero constitucional o si el gobernador con licencia puede ser detenido por la PGR en cualquier momento antes del 1 de diciembre próximo, el diputado local Juan Nicolás Callejas Arroyo, presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXIII Legislatura del estado, recordó precisamente que Yunes Linares tiene también varias denuncias en su contra, por lo que si resultan procedentes, podría no tomar protesta.
El coordinador del grupo legislativo del PRI recordó que la Sección 32 del SNTE lo acusó ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) por los presuntos delitos de ejercicio abusivo de funciones y operación con recursos de procedencia ilícita en perjuicio de sus agremiados cuando se desempeñó como director general del ISSSTE entre 2006 y 2010.
Sin embargo, Callejas Arroyo mencionó que desconoce si hay avances en las investigaciones, pues dijo que la dirigencia del sindicato magisterial no le ha comunicado nada al respecto. Pero además recordó que Javier Duarte también presentó denuncias en contra de Yunes por presunto enriquecimiento ilícito, por lo que reiteró la posibilidad de que el panista no pudiera asumir el cargo de gobernador en diciembre próximo.
Así que, en todo caso, quien debe exonerar a Yunes Linares no es su jefe de partido sino el Ministerio Público federal, por lo que habrá que esperar para saber finalmente qué determina, pues el gobernador electo del PAN suele interrumpir tajantemente a sus entrevistadores aduciendo que sólo son “tonterías” y que se trata de las mismas denuncias que reciclan en su contra como parte de la guerra sucia en cada proceso electoral.
El miércoles 11 de mayo de este año, el periodista Ciro Gómez Leyva entrevistó al dirigente nacional del PAN, quien ese día había realizado una gira por Veracruz. El conductor del noticiero de Radio Fórmula, que además publicaba una columna en El Universal, escribió sorprendido la defensa a ultranza que desde entonces hizo Anaya de su candidato a la gubernatura, de quien sostuvo que “es gente decente y de bien”, a pesar de las evidencias que se habían estado exhibiendo sobre su injustificable riqueza, por la que lo cuestionaba también el abanderado priista Héctor Yunes Landa, su primo hermano.
En su columna política del día siguiente, Gómez Leyva advirtió: “Hace unos días (abril 26), escribí aquí que Yunes podría argumentar que hay una guerra sucia en su contra financiada por el gobernador Javier Duarte y orquestada por el líder priista Manlio Fabio Beltrones, pero que difícilmente revertiría tanta información sobre su riqueza. Apunté que quizá el desprestigio de Duarte y la atomización del voto le alcancen para sobrevivir la elección del 5 de junio, incluso para ganarla. Pero de que ha quedado cubierto por un manto de oprobio, tengo pocas dudas. Yunes dirá que son mentiras, guerra sucia. El problema es que hay demasiadas pruebas en la mesa para taparlas con el lenguaje de la victimización.
“Por eso creo que ayer Ricardo Anaya dio un salto al vacío. Si Miguel Ángel Yunes pierde, las investigaciones legales y periodísticas sobre su patrimonio no cesarán. Si gana, proliferarán, se multiplicarán a un grado que tal vez no hayamos visto con gobernador alguno. Y Anaya tendrá que cargar con él por haberlo encubierto al expresar un 11 de mayo de 2016 que Yunes era una gente decente, de bien. O por negligente, por no revisar la fortuna del veracruzano. O por ingenuo, inocente, pues su candidato al gobierno de Veracruz lo habría engañado con facilidad”, apuntó Gómez Leyva.
Por la protección de Anaya, Yunes tiene a salvo sus derechos como militante del PAN, igual que como hasta hace poco los tenía también el ahora prófugo ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés. Pero habrá que ver si libra las indagatorias de la PGR, sobre todo a la que se acaba de referir el profesor Callejas Arroyo: la denuncia que el lunes 8 de agosto presentaron los abogados de la Sección 32 del SNTE, en la que le imputan que como Director General del ISSSTE –de diciembre de 2006 a febrero de 2010– “acordó con la empresa CONSUPAGO para que les prestara dinero a los maestros que cotizaban ante el ISSSTE, a quienes les descontaban directamente de su nómina salarial ese préstamo, aplicándoles intereses muy altos” y que “a cambio, CONSUPAGO con el dinero que cobraba por estos préstamos, le pagaba una gran ‘comisión’ (mordida) a 3 empresas propiedad de MAYL y de su familia directa.”