Al interior del Congreso del estado crece la molestia entre la mayoría de los 50 diputados locales de todas las fracciones parlamentarias porque la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) no ha logrado pagar un millonario adeudo que –dicen– andaría rondando casi los 200 millones de pesos.
Según ha trascendido, la docilidad de los parlamentarios estaría rozando la frontera de la rebelión colectiva, sobre todo porque ese adeudo está poniendo en riesgo lo que todos llaman “pago de marcha”, que es algo así como tres millones y medio de pesos para cada diputado local y otra cantidad superior para los presidentes de las diversas comisiones legislativas, sobre todo las más importantes como son las de Vigilancia, la de Presupuesto, y la de Seguridad Pública, entre otras.
De mientras, dos diputados locales ya se lanzaron al ruedo para condicionar directamente al titular de la Sefiplan, Antonio Gómez Pelegrín, que sólo aprobarán el presupuesto para el ejercicio fiscal 2017 y la Cuenta Pública de 2015 si les pagan este millonario adeudo.
El primer amago público corrió a cargo del ex panista José Ramón Gutiérrez de Velasco, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, y quien lo secundó fue Francisco Garrido Sánchez, que preside la Comisión de Vigilancia, el cual hasta amenazó con auditar la Sefiplan para revisar en qué se gastaron los recursos previamente presupuestados.
La protesta que amenaza con llegar a otros niveles no ha encontrado hasta ahora ninguna respuesta de parte del secretario de Servicios Administrativos y Financieros del Congreso del estado, Luis Arturo Ugalde Álvarez, quien muy conchudamente ha guardado sepulcral silencio cuando sólo falta menos de un mes para que se instale la nueva Legislatura.
Por eso en el Palacio Legislativo de la avenida Encanto corre la versión de que no se descarta que los diputados rebeldes, a los que se sumarían, entre otros, Edgar Díaz Fuentes y Juan Cruz Elvira, lleguen al extremo de “tomar” la Secretaría de Finanzas y Planeación pero llevando amarrado y de los cabellos a este gris funcionario que se la pasa muy campechanamente platicando y riéndose en los pasillos del Congreso local, autojustificándose que él no tiene ningún culpa de este adeudo acumulado, cuando todo parece indicar que el débito fue creciendo mes con mes, hasta llegar a octubre del presente año, en plena etapa final de la LXIII Legislatura, gracias a la indolencia de Ugalde Álvarez, quien por ese mismo defecto recuerdan que solía ser maltratado de manera indigna por el ex gobernador Fidel Herrera Beltrán, a cuyo lado se desempeñó como secretario particular en el último tramo de la administración estatal anterior.
Otro caso inédito en la historia política veracruzana.
‘Relegados’ federales
Desde el arribo en 2013 del ex diputado federal poblano Alberto Amador Leal como delegado de la Secretaría de Gobernación en Veracruz, la relación del principal inquilino de Palacio de Gobierno con el representante de la SEGOB no se distinguió precisamente por su tersura política.
En más de una ocasión se dieron situaciones incómodas, como por ejemplo que de última hora no llegara el gobernador Javier Duarte a una comida de amigos a la que había sido invitado también Amador Leal por otro de los comensales.
Sin embargo, pese a todo, al político poblano jamás le hicieron una grosería pública como la que acaba de apechugar el actual representante de la SEGOB, Ángel Isaac Ochoa Pérez, quien fue “plantado” junto con todos los delegados federales que coordina en Veracruz y exhibido mediáticamente por la mayoría de los diputados federales priistas, encabezados por Jorge Carvallo Delfín, uno de los vicepresidentes del grupo legislativo del PRI.
Este jueves, Ochoa Pérez declaró al respecto que él vino a esta entidad “a trabajar, no a hacer grillas”, porque los años que tiene de vida “me han dado suficiente madurez como para estar peleando o estar tomando en consideración la opinión de un diputado”, pues remarcó que “hay cosas más importantes que hacer por Veracruz y lo debemos de demostrar con acciones; (…) una Delegación, eso, no es el interés general de la sociedad, debemos de pensar en los veracruzanos, no en un interés particular”.
Sobre el señalamiento de Carvallo de que estaba en Veracruz en plan de turista, el delegado de la SEGOB respondió que “me da mucho gusto eso que él le llama ‘turismo laboral’, porque gracias a esto he constatado lo que se necesita en este hermoso estado…”
Y al preguntársele si acaso el diputado por Los Tuxtlas busca un cargo federal, Ochoa Pérez dijo que “hay temas más importantes para los veracruzanos que una Delegación” y que “si el tema es el dinero, están equivocados, esto no es un área de financiamiento, no es un área de este tipo, los sueldos de los delegados son mucho menores que los de los diputados federales”.
El coordinador de los delegados federales en Veracruz negó que este tipo de “grilla” afecte su trabajo porque “a mí quien me evalúa es la ciudadanía”, y afirmó que seguirá recorriendo el estado hasta que por instrucciones del secretario Miguel Ángel Osorio Chong decidan que su trabajo en Veracruz concluyó, “no antes”.
Sin embargo, a diferencia de hace un mes, cuando en una reunión con la prensa local con motivo del cuarto informe del presidente Enrique Peña Nieto declaró que los cambios de los delegados federales no estaba sujeta a la presión de ningún grupo político, ni de diputados o senadores, ahora aceptó que “es algo natural”, aunque puntualizó que “es facultad del Presidente única y exclusivamente”.
¿Será que luego de este roce con los diputados veracruzanos del PRI, Ochoa Pérez ha puesto sus “barbas a remojar”? Pero el de la SEGOB no sería el único que estaría por salir, otro candidato a entregar su Delegación sería William David Knight Bonifacio, de la SCT.
Ramón Poo no se intimida
La que le anda jalando los bigotes al tigre es doña Angélica Navarrete, la lideresa de los ex trabajadores del desaparecido Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano (SAS), quien seguida de un grupo de choque de aproximadamente 80 personas –las cuales, en su mayoría, son sus familiares y otras provienen presuntamente del estado de Oaxaca, según información de las autoridades del Ayuntamiento del puerto de Veracruz– se ha dedicado en estos últimos días a perseguir, acosar e inclusive insultar en público al alcalde porteño Ramón Poo Gil, quien este jueves, entrevistado previo a la ceremonia de inauguración de las obras de rehabilitación de la Unidad Deportiva “Ing. Ismael Lagunes Lastra”, también conocida como “El Hoyo”, del complejo habitacional Infonavit Buenavista, declaró que estas manifestaciones hacia su persona, que consideró como un “show”, no lo va a frenar para seguir trabajando a favor de la sociedad veracruzana.
Poo Gil reiteró que el SAS está legalmente extinto, por lo que “formalmente ya no hay de dónde engañar y seguir engañando a la gente por parte de la líder Angélica Navarrete”.
Ayer, el munícipe porteño, acompañado del subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del gobierno federal, Juan Carlos Lastiri Quirós; del director general de Rescate de Espacios Públicos de la SEDATU, Edgar Rodolfo Olaiz Ortiz; del secretario de Gobierno del estado, Flavino Ríos Alvarado, y del titular de la SEDESOL, Alfredo Ferrari Saavedra, entre otros funcionarios federales, estatales y municipales, reinauguró la Unidad Deportiva “Ing. Ismael Lagunes Lastra”, en cuyas obras de rehabilitación la Federación invirtió 10 millones de pesos y 1.6 millones el Ayuntamiento. El edil refirió que esta obra, que hace más de 30 años era un basurero y que su padre Gerardo Poo Ulibarri, como alcalde de Veracruz lo transformó, beneficiará a más de 25 mil personas de diversas colonias populares de esa zona de la ciudad.
Este mismo jueves, Poo Gil anunció también el rescate del tradicional barrio de La Huaca, el más emblemático de la ciudad de Veracruz, y dio a conocer las obras integrales para su revitalización, las cuales comprenden la Unidad Deportiva “Fernando Pazos Sosa”, el callejón “Toña la Negra” y la Red de Corredores Seguros, en las cuales se invertirá un total de 41.2 millones de pesos, entre fondos municipales y de la SEDATU, para beneficio directo de 17 mil ciudadanos porteños.