Fue hace apenas una semana. El 26 de septiembre el periódico Reforma publicó un trabajo de investigación en el que descubre cómo el Gobierno de Coahuila, de Rubén Moreira, pagó decenas de millones de pesos a empresas fantasma.

El reportaje detalla el funcionamiento de compañías que tienen sus domicilios en bodegas, casas inhabitadas o vecindades, lo mismo que en viviendas de fraccionamientos populares y edificios de oficinas donde nadie las conoce en Monterrey, San Nicolás de los Garza, en la Ciudad de México y Saltillo.

Aunque facturan millones de pesos, no tienen portales en internet, ni teléfonos, ni logotipos de identidad, ni correos electrónicos.

A esas empresas el Gobierno del priista Rubén Moreira les otorga contratos millonarios a través de adjudicaciones directas.

Ante las evidencias plasmadas en dicho trabajo periodístico (muy similar a la investigación que publicó el portal de noticias «Animal Político» sobre empresas fantasmas que operaron en Veracruz) lo menos que se esperaba era que el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, en concordancia con sus más recientes posturas, exigiera una investigación a fondo por parte de las autoridades, y promoviera en la Comisión de Justicia Partidaria las sanciones pertinentes para militantes coahuilenses que hubieran incurrido en actos de corrupción.

Pero no, no fue así, sino todo lo contrario.

No sólo no le llamó la atención al gobernador priista de Coahuila, sino que salió a hacer una férrea defensa de dicho personaje:

«Le quiero decir a Rubén Moreira en Coahuila, y que se oiga claro y que se oiga fuerte: al primer priista de Coahuila, le dice el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional que no está solo, estamos todos los priistas del país con Coahuila».

Bien lo dice el periódico Reforma en su columna Templo Mayor: «Cada vez queda más claro que en el PRI de Enrique Ochoa el combate a los casos de corrupción de militantes tricolores tiene mucho de simulación y poco -o nada- de sustancia. Primero le suspendieron los derechos partidistas al gobernador de Veracruz, Javier Duarte, y a algunos de sus colaboradores… pero no a sus principales operadores. Y ahora, el dirigente de los priistas dio su apoyo público al mandatario de Coahuila, Rubén Moreira, a unos días de que se diera a conocer que su administración ha dado millones ¡a empresas fantasma!».

Así pues, el dirigente nacional priista, el policía anticorrupción del Revolucionario Institucional, el exdirector de la Comisión Federal de Electricidad que dispuso de más de un millón de pesos como «finiquito» por su breve estancia en dicha empresa pública, ha decidido ser selectivo al momento de aplicar la justicia de su partido.

Prejuicioso y discriminatorio, ese es el PRI de Enrique Ochoa.

Y Veracruz, mientras tanto, sigue secuestrado por grupos que se asumen como grupos delictivos, capaces de sitiar a la capital del estado, convencidos de que nadie habrá de levantarles la mano.

Si hay algo que se perdió en Veracruz fue la gobernabilidad. Hoy son suficientes dos o tres sujetos con unas cuantas piedras y algunas cuerdas, para colapsar la ciudad, impedir el acceso a las oficinas públicas, cerrar la circulación vehicular en avenidas de gran demanda y dejar a los niños sin educación, por razones tan absurdas como el que no les hayan pagado su «bono de imagen».

El analista Luis Rubio lo resume así:

«El problema principal que caracteriza al país reside en la ausencia de gobierno: desde 1968, un gobierno tras otro -igual el federal que los estatales y municipales- esencialmente abdicaron su responsabilidad de preservar la paz y, en una palabra, gobernar. Ante el riesgo de ser acusados de represores, prefirieron el título de incompetentes y corruptos. Hoy sólo son competentes para la corrupción».

¿En qué momento se acabaron las ganas de gobernar?

filivargas@nullgmail.com