Cada día que pasa, Veracruz se desploma en una vorágine de terror, impunidad y violencia que no parece tener antídoto en las políticas públicas de una administración que está que se va pero que no se ha ido.

El de Duarte es un gobierno de denostar y de no estar. Dedicado en cuerpo y alma a tratar de evitar que el 1 de diciembre tome la estafeta Miguel Ángel Yunes Linares, denostándolo con supuestos procesos judiciales en su contra por parte de la PGR, en la práctica Javier Duarte se ha separado de su cargo.

Es cierto que en el último año, poco o nada ha hecho por cumplir con sus obligaciones constitucionales y que Veracruz ha caído en todos los indicadores sociales y económicos, pero a raíz de la derrota de su partido el 5 de junio, parece que ha caído en un estado de desaliento absoluto que está poniendo en grave riesgo no solo la seguridad de los veracruzanos sino incluso la estabilidad social y política.

La violencia crece de manera desmedida y, lo peor, sin posibilidad de ser atenuada. Mientras en 2011 se vivieron meses de pánico, particularmente en la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río, por la actividad de bandas del crimen organizado que peleaban encarnizadamente por apoderarse de la plaza, en 2016 la violencia criminal ha escalado y campea por todos los rumbos de la entidad.

En el sur, la región Coatzacoalcos-Minatitlán vive desde hace meses una insólita actividad criminal, con secuestros, asaltos violentos y homicidios, sin que el gobierno federal atienda la gravedad del asunto. En la misma circunstancia viven los habitantes del centro de la entidad, en el corredor industrial Orizaba-Córdoba, donde la actividad delictiva es incontenible. En ambas zonas, la operación de mandos únicos policiacos, con la intervención de fuerzas estatales y federales, ha sido rebasada.

En Xalapa y la región, por desgracia, se ha vuelto normal y hemos perdido la capacidad de asombro ante la reiterada aparición de cadáveres por diversos rumbos, algunos de ellos decapitados, mientras sigue la actividad delictiva contra comercios y se mantiene la ola de desapariciones y secuestros.

En Poza Rica, donde hace ya casi 10 años sus habitantes sufren no solo la caída de la actividad económica por la cancelación de proyectos petroleros sino una violencia casi institucionalizada, que la ha convertido en una de las ciudades más violentas de la entidad y del país, se ha registrado un reavivamiento de la criminalidad que no respeta siquiera a los miembros de la Iglesia católica.

EL RECREO

Mientras en México miles piden su renuncia y alcanza los más bajos niveles de aceptación, Enrique Peña Nieto recibió la noche del lunes en Nueva York el Premio al Estadista, otorgado por la Asociación de Política Exterior, por su contribución a la integración de América del Norte. En su ausencia del país, el dólar ha cobrado nuevo récord al llegar a 20 pesos por unidad.

Ni a la Iglesia respetan

Aunque los pozarricenses llevan años sufriendo secuestros y homicidios, ha causado estupor el asesinato de los sacerdotes Alejo Nabor Jiménez Juárez y José Alfredo Juárez de la Cruz, secuestrados este mismo lunes del interior de la iglesia Nuestra Señora de Fátima y cuyos cuerpos sin vida fueron hallados –para mayor paradoja– en el paraje La Curva del Diablo, del municipio de Papantla.

Extraña que las autoridades estatales no hayan salido con versiones sobre posibles causas atribuibles a las víctimas que, abandonados entre la maleza, se hallaban maniatados y con heridas de bala en diferentes partes de sus cuerpos. Apenas dos horas mediaron entre su secuestro y el hallazgo de sus cadáveres, suerte que no corrió uno de sus auxiliares, también secuestrado, que al parecer logró huir de sus captores.

El mismo lunes, la Conferencia del Epicospado Mexicano (CEM) demandó el esclarecimiento y la aplicación de la justicia en contra de quienes secuestraron y asesinaron a los dos sacerdotes de la diócesis de Papantla, a través de un comunicado. Los jerarcas católicos pidieron por la conversión de quienes dieron muerte a los curas, pero demandaron dar con su paradero y que se les aplique la justicia.

Todo esto sucedió 24 horas después de que el Ejército Mexicano, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública estatal, pusiera en marcha un operativo especial que contempló la instalación de seis bases de operaciones móviles en una región en que los niveles de violencia se han convertido en una de las principales preocupaciones de la población, casi al mismo nivel que la demanda de empleo.

Poza Rica, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), se ubica en el lugar 13 nacional entre los municipios con mayor número de homicidios a mano armada, luego de Coatzacoalcos, Orizaba y Xalapa.

Mientras esto sucede en el norte de Veracruz, con una situación de violencia de la que no escapan los municipios colindantes con Tamaulipas, en Orizaba uno de los 6 jóvenes balaceados a la salida de un centro de diversión ha sido declarado con muerte cerebral, sin que se den más detalles de la suerte de los otros cinco ni se conozcan los avances de las investigaciones criminales que se acumulan en las fiscalías regionales sin que se pueda tener certidumbre sobre si habrá justicia o quedarán en la impunidad estos actos deleznables.

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