El notorio miedo de todos los sectores sociales de Veracruz cuando se da a conocer la entrega de millonarios recursos federales a la entidad (por una consideración que no admite contraargumento: la certeza de que ningún peso llegará a los programas que con ello se financian), debiera causarle una enorme vergüenza al gobernador Javier Duarte de Ochoa y a su equipo de defraudadores, pero es claro que no la tienen.
Cada vez es más escandalosa la forma en que se han desviado fondos públicos que no llegan para financiar absolutamente nada. Y no solo se refiere a los recursos que envía el gobierno federal, etiquetados a programas específicos, que se pierden en la enorme tómbola de la Secretaría de Finanzas y Planeación, a pesar de la enorme sequía financiera que amenaza con colapsar a la entidad. También a los recursos provenientes de las fuentes que usted quiera imaginar y que se pierden en el camino.
Piense usted en los fondos deducidos de sus quincenas a los contribuyentes universitarios y que no han llegado al Servicio de Administración Tributaria (SAT), por un monto superior a los mil millones de pesos; o los que fueron recolectados de entre los ciudadanos en infinidad de alcancías para la operación de la Cruz Roja Mexicana en la entidad, también desaparecidos, o los pagos a empresas financieras que fueron descontados de los cheques de miles de burócratas de las secretarías de Educación y de Salud que nunca fueron destinadas a amortizar las deudas contraídas y cuyo destino está oculto en el más terrible misterio.
La Universidad Veracruzana sigue penando por los más de 2 mil millones de pesos que Javier Duarte se niega a reconocer como deuda, que podría ser mayor de no ser porque la casa de estudios logró un acuerdo con la SEP para que el subsidio federal se le deposite directamente y no se le envíe a través de esa cueva de Alí Babá en que se ha convertido hace años la Sefiplan.
Se deben las becas de decenas de miles de estudiantes aunque Duarte se llene la boca de que Veracruz ha apoyado como nunca a los jóvenes (habrá que preguntar en unos meses si los ganadores del Premio Estatal de la Juventud recibieron su dinero o solo el diploma les dio), no se hace nada a favor de los migrantes porque el dinero ha desaparecido entre cortes presupuestales secretos y los lujos de su directora Claudia Ramón Perea, difícilmente se apoya al turismo porque los recursos son desviados desvergonzadamente.
Por eso, cuando desde el Gobierno del Estado se anuncia el arribo de millonarios recursos federales a cualquier programa, la gente desea que las dependencias del gobierno de la república sean las que directamente los ejerzan, porque saben que lo que llega a Sefiplan se destina a todo menos a cumplir con su propósito.
Dilapidados, los recursos para el campo
Ha llegado a tal grado la fama de ladrones de los miembros del equipo duartista que, en la propia cara del gobernador Javier Duarte de Ochoa, los líderes campesinos han mostrado su desacuerdo con que el gobierno del estado continúe la operación de los recursos enviados por la Federación, como ocurrió este lunes 12, durante la sesión ordinaria del Consejo Veracruzano de Desarrollo Rural Sustentable, celebrada en la sede de la Sedarpa, en que buena parte de los ‘beneficiarios’ abandonaron el evento presidido por el góber tuitero.
Y no solo le dieron la espalda a Duarte. A su salida ofrecieron una conferencia de prensa para dar a conocer su rechazo a que la Sedarpa siga desapareciendo los recursos que se supone son para respaldar la producción agropecuaria. El secretario general de la Central Campesina Cardenista (CCC), Moisés Reyes Fausto, no pudo ser más claro: señaló que las organizaciones solicitaron a la Sagarpa que el dinero ya no lo maneje el estado, porque lo ocupan para pagar “deudas políticas” y el campo se queda sin inversión.
“Estamos peleando la erradicación de los recursos de concurrencia por parte de la federación, no por parte del Estado. No estamos de acuerdo y por eso nos salimos para mostrar nuestra inconformidad y buscar el diálogo directo con la Sagarpa”, dijo el dirigente de labriegos, quien mostró su desacuerdo con el Congreso Agrario Permanente (CAP), cuyos líderes prefieren que el recurso lo maneje la Sedarpa, a pesar de que no ha pagado los proyectos productivos de 2015 y 2016.
Incluso anunció que acudirán a las oficinas centrales de la Sagarpa para exponer que los recursos para el campo se apliquen en Veracruz, pero que no los opere el Estado. “Los recursos no deben regresarse. No estamos de acuerdo en que los opere el Gobierno del Estado, queremos que se abra una cuenta especial operada por la federación y autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”.
Días antes de la reunión presidida por Javier Duarte, el subdelegado de la Sagarpa en Veracruz, Luis Alejandro Chavarría Galindo, dio a conocer que Veracruz no había recibido 450 millones para el campo porque no se había solventado la cuenta pública de 2015. Aunque dijo que sí aterrizaron a tiempo los recursos enviados por el gobierno federal para el cultivo de cerca de 5 mil hectáreas de maíz y más de 500 millones de pesos para la entrega de más de 100 millones de litros de combustible, los 450 millones de pesos pendientes muy difícilmente aterrizarán.
¿Cuántos millones de pesos más, sean de la procedencia que sean, se seguirán perdiendo en el camino en lo que resta del actual gobierno?
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