En este mismo espacio aventuramos la hipótesis de que detrás de los hechos de inusitada violencia ocurridos en varios poblados de Actopan y Alto Lucero, el viernes 17, en que murieron ocho labriegos, podría hallarse la mano de las empresas mineras que quieren convertir esa zona serrana y su pendiente hacia el Golfo de México en una de las zonas más ricas en la explotación de oro, plata y cobre, en contra de lo cual estaría una buena parte de la población, una de cuyas primeras afectaciones sería la contaminación de sus mantos acuíferos.
En una entrevista publicada por el diario Crónica de Xalapa este miércoles 24, Guillermo Rodríguez Curiel, integrante de la organización ambientalista Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida), parece confirmar estas sospechas. El activista, que ha luchado contra estas explotaciones mineras, señala que “en las comunidades Ojital, San Juan Villa Rica, El Limón y Mesa de 24, donde fueron levantadas y asesinadas las ocho personas, se concentra la mayor resistencia contra la minera El Cobre, antes conocida como Caballo Blanco”.
Apuntábamos en anterior Hora Libre que este tipo de actos vandálicos están sucediendo con demasiada frecuencia en el país, particularmente en regiones en que empresas multinacionales tienen fuertes intereses en establecer explotaciones mineras o petrolíferas, o para construir presas, repudiadas por los habitantes de los pueblos aledaños, con la intención de sembrar el terror y debilitar los movimientos cívicos de defensa, como ha sucedido en regiones indígenas de Oaxaca, Guerrero, Estado de México y Michoacán.
Rodríguez Curiel señala que las personas asesinadas en la región señalada “participaban en acciones de resistencia contra proyectos mineros” y añade que los asesinatos se relacionan de “manera estrecha” con esta problemática social.
Explica que las pretensiones por reactivar el proyecto minero Caballo Blanco han aumentado; las empresas transnacionales han ingeniado un nuevo plan para llevar a cabo estudios y, posteriormente, explotar el lugar. Y es que hace seis años, los movimientos sociales y los pueblos de Actopan y Alto Lucero lograron detener el proyecto mencionado, propiedad de la minera canadiense Gold Group que, en 2014, vendió acciones a otra empresa e instruyó a la Minera Gavilán efectuar los estudios de prospección en el municipio de Actopan.
En la entrevista precisa que, aunque no eran integrantes de Lavida, las personas asesinadas sí estaban en la resistencia contra la minera El Cobre, participaban en asambleas, pintas, reparto de volantes, conferencias, por lo que los homicidios tienen el objetivo de aterrorizar a los campesinos que se oponen a dichos proyectos, promover el miedo para evitar que la gente proteste e impida la explotación de sus tierras. “Estos crímenes tienen, por supuesto, su relación con la minera El Cobre”.
¿Quién los investiga?
Vale la pena recordar algunos comentarios hechos este lunes 22 de agosto en Hora Libre:
“Pese a la negativa oficial a la autorización para el proyecto de la mina a suelo abierto Caballo Blanco y a la oposición de la población y de grupos ambientales, la empresa Almaden Minerals dio inicio en noviembre pasado al proyecto El Cobre, en el municipio de Actopan, que –según información publicada por La Jornada Veracruz– consta de ocho concesiones mineras sobre una extensión de 7 mil 456.4 hectáreas, en las que pretende explotar oro, plata y cobre, como parte de un plan que forma parte de la mina Caballo Blanco, ubicada en Alto Lucero.
“El ambientalista Emilio Rodríguez Almazán, del grupo Lavida, advirtió en marzo pasado que el proyecto contempla la perforación de ocho plantillas de barrenación en las localidades de Tinajitas, San Juan Villa Rica y El Ojital, y en los ejidos El Provenir y Los Baños, en el municipio de Actopan. Entre las cuatro comunidades atacadas por los criminales, se encuentra El Ojital (las otras fueron El Embarcadero, también en Actopan, además de El Limón y El 24, en Alto Lucero).
“La oposición de la población se justifica por el hecho de que dichas explotaciones mineras prácticamente envenenarían los principales mantos acuíferos de los que se abastecen para consumo humano y la explotación agrícola y ganadera, de la cual subsisten, además de despojarlos de sus tierras”.
El problema es que no hay ninguna línea de investigación por parte de la Fiscalía General del Estado que se enfoque en esta dirección. Acostumbrados a dudar de las acciones policiacas, parece increíble lo que unos días después anunció el propio gobernador Javier Duarte de Ochoa, la detención de ocho presuntos delincuentes, partícipes en la matanza, sin que hasta el momento, siete días después de los hechos, se conozcan los móviles y la detención de más involucrados, si nos atenemos a la versión de los pobladores que calcularon en cerca de 50 los gatilleros que participaron en los hechos violentos del viernes 17.
¿O es que de nueva cuenta se ha detenido a chivos expiatorios que profundizan el temor de los habitantes? No vaya a ser que, a la jornada de terror vivida por decenas de pobladores, que acabó con la vida de ocho personas, entre ellos una mujer, deban sumar el temor de ser detenidos para justificar la inoperancia de las autoridades policiacas y ministeriales.
¿Y con Yunes Linares, cuándo?
Una vez validada la elección para Gobernador por parte del Tribunal Electoral de Veracruz, que ratifica la constancia de mayoría expedida por el OPLE a Miguel Ángel Yunes Linares, de la coalición PAN-PRD, ahora falta ver si el presidente Enrique Peña Nieto lanza señales de cómo será su relación con la próxima administración estatal, pese a que el PRI sigue los pasos para echar abajo los comicios en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Por lo pronto, este jueves, Peña Nieto recibió en Los Pinos al gobernador electo de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, también de la coalición PAN-PRD, a quien le refrendó la voluntad del gobierno de trabajar de manera conjunta para impulsar acciones que permitan elevar los niveles de bienestar en la entidad vecina. García Cabeza de Vaca, por cierto, tuvo tiempo de exponer a Peña sus distintos proyectos que pondrá en marcha durante su administración una vez que tome protesta el próximo 1 de octubre.
Y es que ya hace falta tender puentes, tanto federales como locales, para que la próxima administración veracruzana pueda conocer a fondo la situación que priva en las finanzas públicas y pueda modelar un plan de emergencia para rescatar a Veracruz.
Mientras en Veracruz no hay señales de que Javier Duarte de Ochoa busque iniciar la transición, en Quintana Roo, donde hubo también una derrota del PRI a manos del PAN, han iniciado los acercamientos para el proceso de entrega-recepción entre Román Quián Alcocer, secretario de Gobierno, y Julián Ricalde Magaña, enlace del gobernador electo Carlos Joaquín González. Y aquí, ¿cuándo?
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