En anteriores trabajos había planteado que el escenario del gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, no podía ser peor: el ejecutivo de la entidad enfrenta una avalancha de críticas, señalamientos y denuncias por presuntos actos de corrupción.
Lo peor para el mandatario veracruzano es que no cuenta con un grupo político que le respalde.
De los tres gobernadores que han sido señalados por temas similares, César Duarte, de Chihuahua; Roberto Borge, de Quintana Roo; y Javier Duarte, de Veracruz; el único que enfrenta problemas legales, denuncias de la Auditoría Superior de la Federación ante la Procuraduría General de la República es, precisamente, el veracruzano.
Este miércoles, Duarte de Ochoa articuló un intento de defensa; busca aparecer como una figura que se desempeña con transparencia y que nada tiene que ocultar. A través de su cuenta de Twitter, el gobernador de Veracruz difundió “Hoy haré pública mi Declaración Patrimonial que demuestra que los ataques en mi contra son producto de una guerra de lodo”. Asimismo, en esa red social dijo: “Celebro que PGR participe en la investigación derivada de la ridícula denuncia que presentó en mi contra M. Yunes. La verdad nos hará libres”.
La reacción del gobernador del estado se registra luego de que un medio de circulación nacional difundiera que la PGR realiza una minuciosa investigación sobre las propiedades de Duarte y su equipo más cercano; de hecho, la fiscalía federal solicitó a la Dirección General de Catastro y Valuación de Veracruz, información al respecto.
Es claro que el gobernador veracruzano se encuentra en lo que se podría considerar una tormenta perfecta, devastadora, lo que los meteorólogos llaman ciclogénesis explosiva: su administración es señalada por un millonario desvío de recursos; la ASF ha documentado cada irregularidad que fue detectada a las cuentas y ello fue turnado a la PGR, que acelera las investigaciones; el gobierno federal le ha dado la espalda a Duarte, dejándolo prácticamente solo; y, por si fuera poco, el sucesor en el cargo, Miguel Ángel Yunes, afila el cuchillo.
Por si eso fuera poco, también su partido, el Revolucionario Institucional, ha dejado claro que no solapará a los tres gobernadores, Duarte entre ellos, acusados por presuntos actos de corrupción.
Enrique Ochoa Reza, presidente del CEN del PRI, fue entrevistado para un noticiario radiofónico nacional; enfatizó que el tricolor está en contra de la corrupción y que realizará un ejercicio de limpieza interna a fin de tener la calidad moral para señalar a los gobiernos emanados de los partidos políticos opositores.
Si bien el líder del PRI no se refirió directamente a Javier Duarte, sí subrayó que el partido pugnará para que la impunidad y la corrupción dejen de ser parte de la vida cotidiana de los mexicanos.
Dicha declaración se registra un día después de que el propio dirigente priista diera a conocer que el proceso de expulsión del partido contra los gobernadores de Chihuahua, Quintana Roo y Veracruz tendría que ser público; en pocas palabras, no sólo podría ser expulsado, sino que será exhibido, como para que sirva de ejemplo.
Con todo el panorama en contra; con lo que podría considerarse un deslinde del PRI; con las acusaciones de su principal adversario político, el gobernador electo; y con los señalamientos difundidos por los medios nacionales en torno a las investigaciones de sus propiedades y las de sus allegados, Duarte de Ochoa intentó articular una defensa al anunciar que haría pública su declaración patrimonial. Su problema, sin embargo, radica en que independientemente de la veracidad de los documentos que presente y al margen de sus argumentos, carece de credibilidad y, además, enfrenta un enorme desprestigio.
Así las cosas, sin importar lo que Duarte diga con relación a sus bienes y a su desempeño en el gobierno estatal, el “no le creemos al gobierno de Veracruz”, posición editorial lanzada por el semanario Proceso tras el asesinato de la reportera Regina Martínez, seguirá sonando y persiguiendo a la presente administración.
Empresarios se quejan por inseguridad
A través de su página de internet, la Cámara Americana de Comercio de México difundió este miércoles el Informe de Seguridad Empresarial en México, correspondiente al periodo 2015-2016.
Se trata de un ejercicio de consulta en que fueron entrevistadas empresas nacionales y extranjeras con inversiones en nuestro país.
Del documento dado a conocer se desprende la creciente preocupación del sector empresarial por el tema de la inseguridad.
Destaca, de igual manera, que las diez entidades en que los empresarios perciben mayores problemas son, en este orden, Tamaulipas, Estado de México, Michoacán, Ciudad de México, Nuevo León, Guerrero, Jalisco, Veracruz, Sinaloa y Coahuila.
En el caso veracruzano, llama la atención que en la anterior evaluación, correspondiente a 2013-2014, la entidad se encontraba en el lugar décimo; hoy está en octavo, lo que indica que dicho sector estima que este lugar se ha convertido es un punto más peligroso.
Por cierto, entre los municipios menos seguros para los empresarios, el puerto de Veracruz se ubicó también en octavo lugar. @luisromero85