Ante la dimensión de las deudas que enfrenta el gobierno veracruzano con instituciones crediticias, proveedores, jubilados, contratistas, etcétera; y, sobre todo, ante la falta de recursos gubernamentales para cubrir esos compromisos, podríamos decir que la nave estatal no sólo hace agua, sino que prácticamente se encuentra a punto de naufragar.

Día caótico en la capital veracruzana, este lunes: a las 6:00 de la mañana, integrantes de la Coalición del Magisterio Veracruzano (Sdtev, Sitem, Sete, Satev, Sivetse, Setmavy Otisev) se apostaron frente a las instalaciones de la Secretaría de Educación de Veracruz para exigir pagos pendientes. Por su parte, los afiliados al Sindicato Unificador de Trabajadores al Servicio del Estado y Magisterio, Sutsem, detuvieron labores; unos cien mil estudiantes fueron afectados con dicha medida, de acuerdo con las estimaciones del dirigente de dicha agrupación sindical, Ricardo Diz Herlindo, quien sostuvo que los adeudos datan de hace cuatro años.

Por si fuera poco, también las instalaciones de la Secretaría de Finanzas y Planeación fueron bloqueadas, al igual que las calles y avenidas aledañas; de esa forma, el caos en las vialidades que permiten la entrada y salida de vehículos hacia Puebla, Ciudad de México y puerto de Veracruz, fue evidente. El alcalde de la capital, Américo Zúñiga Martínez, habló de fuertes afectaciones en el desarrollo económico de Xalapa.

Los movimientos de protesta y los paros laborales se extendieron a prácticamente todas las regiones de la entidad.

El adeudo de la administración estatal con los sindicatos y con los jubilados es millonario y no se observa la posibilidad de que los pagos sean cubiertos, porque el gobierno de la entidad basa sus finanzas en las participaciones federales (la recaudación local es sumamente baja e ineficiente) y porque el pago de la abultada nómina  y de los intereses de la deuda asfixia la capacidad económica del gobierno que encabeza Javier Duarte.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Veracruz es el tercer estado más endeudado, con una deuda pública reconocida de 45 mil 776 millones de pesos, sólo detrás de la Ciudad de México y Nuevo León.

Entre esas tres entidades, más Chihuahua y Estado de México, la deuda casi llega a la mitad de los pasivos de todos los estados del país.

Para el caso veracruzano, esa enorme deuda, cuyos intereses dejan con muy poco margen de maniobra a las autoridades estatales, impiden el desarrollo de proyectos de obra pública; lo peor es que los pasivos registrados ante la SHCP no incluyen ni los compromisos con proveedores y contratistas, ni las obligaciones con entres como la Universidad Veracruzana, el Poder Judicial o el Organismo Público Local Electoral, por citar algunos ejemplos, ni los pagos pendientes con trabajadores en activo, jubilados y pensionados.

De esa forma, no es exagerado apuntar que el barco de la administración veracruzana hace agua de forma peligrosa y está a punto de naufragar, sobre todo porque al tema de las finanzas públicas se suman otros problemas igual o más preocupantes: el desempleo; la violencia y la inseguridad; y la pobreza en que se encuentran más de cuatro millones 600 mil habitantes. Por otro lado, todo apunta a que los siguientes cinco meses serán todavía peores.

Mientras todo eso ocurre, mientras la nave del gobierno estatal está a punto del hundimiento, el capitán del navío no grita niños y mujeres, primero; al contrario, busca con desesperación un salvavidas y, a la par, intenta romper el timón y colocar dinamita en popa, proa, babor y estribor, para que el siguiente capitán sólo encuentre el pecio, que son los pedazos de una nave que naufraga.

Huasteca, entre la inseguridad y el miedo

La zona limítrofe entre los estados de Tamaulipas y Veracruz es considerada, desde hace dos décadas, como poco insegura. La operación de bandas delincuenciales en esa región mantiene en jaque a empresarios y ganaderos, así como a prácticamente todos los sectores productivos.

En la Huasteca Alta de Veracruz, los asaltos y secuestros son cada vez más frecuentes; igual ocurre en el sureste del estado de Tamaulipas, Tampico, Ciudad Madero y Altamira, donde los empresarios sostienen que las bandas que asuelan la región operan principalmente en la zona que comprende los municipios veracruzanos de Pueblo Viejo, Chiconamel, Tempoal, Platón Sánchez, El Higo, Tantoyuca, Ozuluama y, sobre todo, Pánuco, que se ha convertido en ícono del peligro y la inseguridad de la Huasteca.

Este lunes, la diputada federal Mercedes del Carmen Guillén Vicente, ex secretaria de gobierno y ex procuradora de justicia durante los gobiernos de Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, señaló que el incremento en los índices delictivos en el sur de Tamaulipas es consecuencia de la presencia de bandas que operan en el norte de Veracruz.

Mercedes del Carmen Guillén preside actualmente la Comisión de Gobernación en la Cámara Baja; es hermana de Rafael Sebastián Guillén Vicente, el subcomandante Marcos del EZLN.

La legisladora declaró que los gobiernos de esas dos entidades, Tamaulipas y Veracruz, deben instalar una mesa conjunta para frenar la violencia en sus límites territoriales; de igual forma, se pronunció por la creación de una policía interestatal, que combata a las bandas delincuenciales que han sentado sus reales en esa zona. @luisromero85