Los veracruzanos hemos estado muy entretenidos por la batalla del gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares contra el que está en funciones, pero nunca pensamos que el gobierno duartista podría reaccionar con extrema violencia física, a través de las huestes de los 400 Pueblos, liderados por César del Ángel Fuentes, que ayer estuvo a punto de provocar una tragedia de grandes proporciones.

¿Reaccionará de inmediato el Fiscal General del Estado para detener ipso facto a los facinerosos que ayer agredieron a Miguel Ángel Yunes Linares, al dirigente nacional panista Ricardo Anaya y a Santiago Creel, exsecretario de Gobernación y hoy presidente de la comisión de procesos electorales del blanquiazul?

El espectáculo brindado por los seguidores de César del Ángel –encarcelado durante el gobierno de Patricio Chirinos por defraudar al gobierno federal y quien dirigió la agresión que dañó vehículos y puso en riesgo la integridad física de reporteros, fotógrafos y empleados del Congreso– y fustigados desde dentro por su hijo el diputado Marco Antonio del Ángel Arroyo, puede ser el elemento definitivo para que el gobierno federal tome medidas drásticas ante el debilitamiento del Estado de derecho en Veracruz.

Este miércoles negro, el gobierno veracruzano no solo mostró el lado brutal que había reservado para aplicar a periodistas críticos, activistas políticos y defensores de los derechos humanos. Hoy ha rebasado cualquier límite de civilidad política para agredir a Yunes Linares, Anaya y Creel, quienes acudieron al Congreso local a pedir a los diputados locales que no nombraran a funcionarios que tienen la misión de proteger a Javier Duarte.

Una petición, por cierto, que ya había hecho la dirigente nacional interina del PRI, Carolina Monroy del Mazo, prima del presidente Enrique Peña Nieto, quien en conferencia de prensa en la sede nacional de su partido fue más clara de lo que ha sido el PRI veracruzano y el excandidato priista a la gubernatura, respecto a las medidas de blindaje que ha tomado Duarte con la complicidad de la bancada priista en el congreso local.

La conferencia de prensa convocada para brindar un posicionamiento en torno al blindaje, que este jueves se concretaría en la Legislatura con la aprobación de dos personas cercanas al gobernador saliente como fiscal anticorrupción (Francisco Portilla Bonilla) y consejero del IVAI (Gabriel Deantes Ramos), puso en el centro de una caldera caliente tanto a Duarte como a varios de sus actuales y pasados funcionarios, muchos de los cuales ya están compareciendo ante la delegación de la PGR.

El PRI nacional se deslinda de Duarte

En efecto, Carolina Monroy dijo que los nombramientos que pretende hacer el gobernador Javier Duarte constituyen un acto que no es ético ni correcto, por lo que el PRI no habrá de respaldar un solo acto u omisión contrario a la legalidad, y [el gobernador de] Veracruz  solo tendrá todo el respaldo institucional dentro de los márgenes y límites que establece la ley.

Aunque dijo que los nombramientos son viables jurídicamente, reconoció que no son éticos pues no son momentos para tomar decisiones de tanta trascendencia en medio de la transición entre los gobiernos. ¡Sopas!

Añadió que el PRI no consentirá ni respaldará a quien se le pruebe algún incumplimiento de la Ley, y solo estará del lado de los veracruzanos y sus familias. “Nosotros no tenemos por qué responder, y menos avalar, aquello que no pudiera estar alineado a los principios institucionales o la legalidad”.

Contra la débil crítica hecha en su momento por el exdirigente nacional Manlio Fabio Beltrones, Carolina Monroy fue sumamente dura al mostrar que el PRI no apoyará a Duarte en caso de que haya alguna acción penal en su contra. Nadie que haya recibido el respaldo del PRI, dijo, puede denigrar, afectar y poner en riesgo al partido: “Es una vergüenza que esto ocurra, y me parece que de cara al futuro las cosas se hagan diferente”.

Ante este pronunciamiento, Miguel Ángel Yunes Linares opinó de inmediato que era una “buena señal” que la dirigencia nacional del PRI se hubiera deslindado de Javier Duarte. Es muestra, dijo, de que al igual que los panistas, los priistas quieren una sanción contra quienes saquearon al estado, y celebró que la PGR esté citando a declarar a funcionarios y exfuncionarios públicos relacionados con las denuncias por el desvío de más de 45 mil millones de pesos.

Por lo pronto, Veracruz ha entrado en un periodo de creciente turbulencia política y aunque el gobernador Javier Duarte de Ochoa se haya deslindado de las acciones trogloditas del Movimiento de los 400 Pueblos, lo cierto es que su gobierno no mandó un solo elemento de la Secretaría de Seguridad Pública a resguardar no solo a la persona que le sucederá en el cargo y a dirigentes nacionales y estatales del PAN, sino tampoco a la prensa y a seguidores ante la predecible actitud agresora de Del Ángel y sus huestes. ¡Ver para creer!

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