¿Y qué esperaban? ¿Que panistas y perredistas dijeran: «Sí, la verdad hay muchas irregularidades y si se abren todos los paquetes es muy probable que no ganemos la elección de Gobernador»?
Es obvio que el supuesto derrotado quiere certeza, mientras que el presunto vencedor quiere darle vuelta a la página. Sucede en todas las contiendas electorales, aunque se agudiza cuando el árbitro no ha sabido ganarse el respeto de partidos y candidatos.
Tampoco es cierto que Héctor Yunes se haya desdicho. El lunes seis de junio salió a informar que las cifras de del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) no le favorecían «hasta ese momento» y advirtió que él y su partido estarían atentos al cómputo que habría de iniciar el miércoles 8 de junio «dejando a salvo los derechos que nos concede la ley en el marco de este proceso».
Esto es, que siempre tuvo claro que se trataba de «resultados preliminares», no definitivos.
Los propios panegiristas de Miguel Ángel Yunes han insistido en que los veracruzanos se expresaron el domingo en contra de la corrupción y la opacidad de quienes gobiernan esta entidad. Suena absurdo que ahora ellos, los supuestos vencedores, se opongan a que se transparente el proceso.
En honor a la congruencia que presumieron durante la campaña, hoy deberían acceder a que se abran los paquetes electorales y se resuelva el misterio de los votos anulados y del exceso de sufragios.
El mensaje emitido el jueves a través de un video por parte del Gobernador Javier Duarte, es la respuesta a la actitud asumida por Miguel Ángel Yunes Linares, luego de que el propio Duarte llamara a la reconciliación. El candidato de la alianza PAN-PRD insistió en que no podía haber reconciliación y que metería a la cárcel al actual mandatario estatal y a sus colaboradores.
La respuesta fue clara: Contra Yunes Linares hay denuncias penales en proceso, y ya no podrá cobijarse con el fuero que la Constitución concedía al Gobernador en turno.
Además, para cuando Yunes Linares asuma el cargo de Gobernador (en caso de que no procedan los reclamos jurídicos que han iniciado tanto el PRI como Morena) ya estará en funciones el Fiscal Estatal Anticorrupción, un servidor público autónomo, que durará en su encargo ocho años y que no dependerá del mandatario estatal. En esa misma circunstancia está el Fiscal General del Estado, lo mismo que el ombudsman, el titular del Orfis y los comisionados del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) y de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas.
En diciembre de 1996, cuando el Gobernador formal era Patricio Chirinos, pero en los hechos el que mandaba era Miguel Ángel Yunes Linares, éste dispuso la captura y el procesamiento del gobernante que los antecedió, Dante Delgado Rannauro, acusándolo de peculado, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad e incumplimiento del deber legal. Con él encerraron también a dos de sus más cercanos colaboradores: Gerardo Poo Ulibarre y Porfirio Serrano Amador.
Sin embargo, en abril de 1998, los magistrados del Tribunal Colegiado del séptimo circuito de Veracruz ordenaron que todos ellos fueran puestos en libertad, pues no era procedente su enjuiciamiento.
Estuvieron, sin embargo, 16 meses encerrados.
Algo similar pretende hacer el propio Yunes Linares con Javier Duarte. Pierde de vista, sin embargo, que las leyes ya no son las mismas y que con el nuevo sistema penal se ha avanzado para evitar que se cometan injusticias como aquellas en las que incurrió hace 20 años.
Ya se verá.