En este espacio, hablaba recientemente del discurso y las propuestas, en materia de seguridad y combate a la delincuencia, del candidato de la coalición “Para Rescatar Veracruz” (PAN-PRD), Miguel Ángel Yunes Linares.
Sin embargo, el ex director del Issste no es el único aspirante a suceder a Javier Duarte que ha tomado el tema de la inseguridad como uno de los ejes fundamentales de sus propuestas a los veracruzanos.
Hace dos días, el priista Héctor Yunes Landa se refirió al tema y planteó la necesidad de que el gobierno federal y la gendarmería nacional asuman el control en el combate a la delincuencia en la entidad, como ocurrió a principios de 2014 en el estado de Michoacán, donde la federación instrumentó un operativo especial que incluyó el nombramiento de Alfredo Castillo como comisionado para la seguridad, para crear, un año después, un mando especial en que fue designado el general Felipe Gurrola Martínez, un reconocido experto en combate al crimen organizado que fue comandante en la XII región militar, que abarca los estados de Guanajuato, Querétaro y Michoacán.
Pues bien, el abanderado de la alianza “Para Mejorar Veracruz” (PRI-Verde-Panal-Ave-Cardenista) habló de su compromiso para que a partir del primero de diciembre llegue a la entidad la Gendarmería y tenga presencia en las diferentes regiones de la entidad, sobre todo las más conflictivas, como la Huasteca (Pánuco-Pueblo Viejo), la zona centro (Córdoba-Orizaba) y el sur (Coatzacoalcos-Minatitlán).
El punto es que en Veracruz, la percepción social en materia de seguridad ha obligado a prácticamente todos los candidatos al gobierno estatal a tomar el tema de la lucha contra el hampa.
Este jueves, por ejemplo, el abanderado del Movimiento Ciudadano, Armando Méndez de la Luz, apuntó que para atraer inversiones es necesario generar un ambiente de seguridad y confianza. Discursos parecidos han lanzado, sin excepción, todos los candidatos al gobierno veracruzano, porque existe la idea generalizada de que el tema de la inseguridad resulta ya impostergable.
El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Inegi, dio a conocer este miércoles los resultados de la Encuesta de Seguridad Pública Urbana, correspondiente a marzo del presente año.
En el ámbito nacional destaca que 69.9 por ciento de la población de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro. El dato no es nuevo; sin embargo, en ese ejercicio de Inegi llaman la atención los resultados de 35 ciudades del país, cuya percepción en materia de inseguridad también fue medida.
En Villahermosa, 89.7 por ciento de la población considera que vivir en ese lugar no es seguro; en la zona norte de la Ciudad de México, el porcentaje llegó a 87.4; en Acapulco, Guerrero, a 85.8; en el oriente de la ciudad de México, a 85.5; en Reynosa, Tamaulipas, a 85.3; y en Zacatecas, a 84.8.
En sexto lugar, entre las 35 ciudades medidas, se ubicó Veracruz, donde el 81.7 por ciento de los habitantes considera que vivir en este lugar es inseguro.
A ello se debe que los discursos de prácticamente todos los candidatos al gobierno del estado se enfoquen al problema de la inseguridad, una de las principales preocupaciones –junto al empleo y a la corrupción– de la población de la entidad.
Un gobierno ineficiente
La estadística oficial revelada por Inegi también establece que en la entidad veracruzana, 69 por ciento de la población encuestada afirma haber enfrentado, durante el primer trimestre del presente año, algún conflicto o enfrentamiento con vecinos, familiares, compañeros de trabajo, etcétera.
En los resultados de la encuesta del Inegi también destaca el tema de la percepción social sobre la efectividad que el gobierno local, en este caso el municipal de Veracruz, tiene para resolver los problemas más importantes; la media nacional fue de 25.6 por ciento.
Veracruz, en esa casilla, aparece como uno de los gobiernos que se percibe con menor efectividad, pues únicamente alcanza el 15.8 por ciento, muy debajo de la media nacional; de hecho, la única ciudad que tiene peores números es Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con 15.3 por ciento.
Los recursos de Juan Bueno
¿Era necesario que Juan Bueno Torio, candidato independiente al gobierno del estado, rechazara recibir dinero ilícito para su campaña? No lo creo; sobre todo porque ello implica reconocer que hacia allá se enfoca la sospecha pública sobre el financiamiento de sus actividades políticas.
Este jueves, el cordobés optó por deslindarse, desde ya, de cualquier duda sobre el origen de los recursos que maneja, y así evitar la suspicacia en torno a su papel en el proceso electoral.
De esa forma, el ex panista busca echar abajo los señalamientos que se han difundido desde las redes sociales en el sentido de que su participación en este proceso es más bien para restar votos a Miguel Ángel Yunes, abanderado de la alianza PAN-PRD; en pocas palabras, el trabajo sucio del PRI.
Bueno Torio dijo que no recibirá aportaciones económicas de dudosa procedencia y que su campaña se basará, fundamentalmente, en las prerrogativas, que equivalen a 425 mil pesos; por otro lado, agregó que los posibles donativos se reciben en la cuenta bancaria de su asociación civil, que es fiscalizada por el Instituto Nacional Electoral. @luisromero85