Trece serán las gubernaturas que se estarán renovando este año, entre ellas la de Veracruz. Ante esto, se impone la apertura de una renovada voluntad política que impulse una nueva agenda programática a nivel estatal en favor de la seguridad y el patrimonio de las comunidades. Aspirantes y partidos tienen el reto de mostrar, más allá de las rutas de política pública, la determinación de que su labor contribuya, con efectividad, a erradicar las persistentes amenazas en la tranquilidad de las familias.

Con datos del INE, en los próximos meses miles de candidatos provenientes, tanto de filas partidistas como de liderazgos ciudadanos, competirán por 13 gubernaturas, 965 ayuntamientos y 388 curules estatales en los estados de Aguascalientes, Baja California, Colima, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

Encontrarán una autoridad electoral con un nuevo diseño institucional, un tribunal más acucioso y, sobre todo, una sociedad por demás exigente con la valoración de sus actuales gobernantes, en varios ejes fundamentales: políticas públicas, infraestructura, seguridad, salud, educación, economía, y lo más lacerante: una lucha frontal contra la corrupción.

De las elecciones estatales de 2016 deben emanar autoridades comprometidas con la legalidad. Recordemos que de todas las entidades en contienda política se han desplegado operativos conjuntos de las fuerzas federales para contener al crimen organizado, generar tiempo para la depuración de corporaciones locales y fortalecer las estrategias de seguridad.

Hechos tan reprobables, que van desde el asesinato de autoridades, como el lamentable caso de la alcaldesa de Temixco, Gisela Mota, hasta el agravio sufrido por cualquier ciudadano ante la extorsión o el secuestro, sólo gradualmente pueden ser dejados en el pasado, y en la medida en que las comunidades cuenten con políticos decididos a ejercer sus atribuciones de ley.

Por otro lado, la situación económica global mantiene el perfil de incertidumbre. Ante ello, el papel de los gobiernos locales para detonar su competitividad es fundamental. Gobernadores, presidentes municipales y legisladores estatales tienen la obligación de mantener sus finanzas públicas sanas, adecuar sus rubros de gasto corriente a las condiciones particulares de sus localidades, así como adecuar sus condiciones institucionales para atraer la inversión extranjera, estimular su fuente productiva nacional y promover la competencia económica.

En las contiendas venideras, las candidaturas independientes generarán un nuevo mecanismo para la propuesta electoral pero, sin lugar a dudas, los partidos seguirán siendo los agentes principales de acompañamiento político, estabilidad institucional, mejora de política pública en los distintos órdenes de gobierno local, pero, sobre todo, en la responsabilidad de acercarse a la ciudadanía.