En un comunicado, uno de los bandos que se disputan el control del Partido del Trabajo (PT) en Veracruz acaba de dar a conocer que estaría dispuesto a coaligarse con el PRI, pero bajo la condición de que el candidato común a la gubernatura no sea un personaje identificado con la corriente política del ex gobernador Fidel Herrera Beltrán.
Este guiño del Partido del Trabajo a los senadores Héctor y Pepe Yunes, fuertes aspirantes priistas confrontados con el grupo del tricolor que desde hace 11 años detenta el poder en la entidad, no debe sorprender a nadie. De hecho, desde el proceso electoral de 2013 en Baja California –donde, por cierto, el delegado del CEN del PRI fue Yunes Landa, el PT rompió con su tradición de aliarse a la izquierda y se sumó al Revolucionario Institucional.
Sin embargo, de nada le sirvió al PRI el apoyo del PT pues terminó perdiendo la gubernatura bajacaliforniana. Igual le ocurrió el pasado 7 de junio en Querétaro, donde además de sus aliados tradicionales, los partidos Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, el instituto tricolor también sumó al Partido del Trabajo, cuyos dirigentes estatales se comprometieron a entregar 45 mil votos al candidato priista Roberto Loyola, quien terminó perdiendo la elección.
Hace casi un mes, formalizó en Colima su alianza con el PRI, PVEM y Nueva Alianza para postular a un solo candidato a la gubernatura para la elección extraordinaria del próximo 17 de enero. Los institutos políticos solicitaron en noviembre al Instituto Nacional Electoral (INE) el registro oficial de la coalición y establecieron que es su voluntad participar coaligados de manera total y presentar una candidatura de convergencia, que recaerá otra vez en el priista Ignacio Peralta, quien en junio de este año ganó los comicios a José Luis Preciado, del PAN, por un apretado margen de 500 votos, pero cuyo triunfo fue anulado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por la probada injerencia de funcionarios del gobierno del estado para favorecer al PRI.
Esta alianza contra natura entre PRI y el Partido del Trabajo, que también podría darse en Veracruz en 2016, es considerada como pago a los favores recibidos por los personeros que el priismo ha incrustado en el INE y en el Tribunal Federal Electoral, los cuales acaban de resucitar al PT de manera legaloide.
En un reciente artículo periodístico titulado “SUP-RAP-756/2015”, el analista político, experto en temas electorales, Jorge Alcocer Villanueva, afirma que la sentencia de marras, aprobada el pasado miércoles 2 por la Sala Superior del TEPJF, “fue la cereza de un pastel horneado con un definido propósito: salvar al Partido del Trabajo (PT) que perdió registro por la voluntad ciudadana, al no haber alcanzado el 3 por ciento de la votación en la elección ordinaria para diputados”. Pero apunta que “antes, de manera sorprendente, los magistrados de la misma Sala decidieron que la Junta General Ejecutiva (JGE) del INE no tiene la facultad que la ley le otorga de manera clara e indubitable para declarar la pérdida de registro de un partido cuando éste no cumple el requisito de mínimo de votos”. Y que “según la interpretación de la Sala Superior, la JGE debe presentar al Consejo General un proyecto al respecto, para que sea este último quien diga la última palabra. Y la dijo, al confirmar lo que decidieron los electores, que el PT perdía registro”.
Sin embargo, cuestiona que “los consejeros del INE aportaron su grano de arena a la sobrevivencia del difunto –también en beneficio de otro muerto, el Partido Humanista– decidiendo mantenerles el financiamiento público hasta diciembre de este año, a pesar de que la Constitución y las leyes dicen lo contrario”.
Pero además expone que “una vez que el INE confirmó la pérdida de registro del PT parecía que –por fin– sería posible darle cristiana sepultura, rendición de cuentas de por medio (…).” Sin embargo se queja de que no fue así. “Decir que la Sala Superior ha hecho circo, maroma y teatro para salvar al PT se queda corto; ha hecho algo más grave: sacrificar lo que de credibilidad le quedaba después de sus inolvidables sentencias para proteger al partido canalla”, resumió.
“A los magistrados electorales, que en cada intervención presumen su calidad de ‘jueces constitucionales’, nada les importó la vulneración de los principios de la Constitución, empezando por el de legalidad, siguiendo con el de imparcialidad y terminando por el que establece la definitividad de cada etapa del proceso electoral. El galimatías que aprobaron no tiene precedente. Como el PT obtuvo el pasado domingo (6 de diciembre) los votos que le faltaban tendrá registro, pero no diputados plurinominales; pero podrá formar grupo en San Lázaro, cobrará prerrogativas y pagará los favores recibidos”, concluye el ex diputado federal y subsecretario de Desarrollo Político de la SEGOB en el sexenio zedillista, quien recuerda que el ex presidente Adolfo Ruiz Cortines regaló a su compadre, el general Juan G. Barragán, el registro del PARM, y que Carlos y Raúl Salinas de Gortari regalaron a su amigo Alberto Anaya el del PT. “Ese fue el valor tutelado por los magistrados de la Sala Superior del TEPJF, depositarios del poder de revivir a los muertos”, concluyó.
¿Y quién fue subsecretario de Gobernación en el salinato? Atinó: Manlio Fabio Beltrones, actual presidente del CEN del PRI, quien posteriormente, como líder del Senado de la República y de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión fue promoviendo a incondicionales en el Tribunal y en el Instituto Federal Electoral.