Hace seis meses, el pasado 22 de junio, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, declaró que las observaciones derivadas de las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación, ASF, fueron resueltas, “al comprobarse correctamente la aplicación de los fondos”.

De igual forma, reconoció el daño a la imagen de la entidad y de sus autoridades, debido a “la falta de atención, omisiones, negligencia e irresponsabilidad en la que incurrieron servidores públicos”; se refería a ex funcionarios como el ex contralor Mauricio Audirac Murillo; el ex procurador fiscal, Manuel Corral; y el ex subsecretario de egresos de Sefiplan, Carlos Aguirre Morales.

Un año antes, debido a las irregularidades detectadas en la revisión de las cuentas públicas, la ASF interpuso, entre el 11 y el 20 de noviembre del año pasado, 15 denuncias penales derivadas de la simulación de reintegros en que habría incurrido el gobierno del estado.

Veracruz volvió a ubicarse en el centro del escándalo nacional, por ser la entidad con más denuncias acumuladas debido a esa simulación.

Se habló, en total, de 8 mil millones de pesos de los fondos de Aportaciones para los Servicios de Salud, Aportaciones para la Educación Básica y Normal, y de Aportaciones para la Seguridad Pública.

Según expertos en materia de rendición de cuentas y fiscalización, los estados cuyos gobiernos fueron denunciados primero habrían sido notificados de las observaciones; después, depositaban los recursos que les eran requeridos; enviaban los comprobantes a la ASF y retiraban posteriormente el dinero, que no era utilizado para los fines para los que estaban destinados.

Hace diez meses, en febrero del presente año, trascendió que de todos los gobiernos estatales, el de Veracruz era el que registraba más problemas en cuando al correcto ejercicio del dinero público.

La revisión a las cuentas públicas del gobierno del estado encontró que faltaba documentación comprobatoria por más de 18 mil millones de pesos; que recursos por más de 10 mil millones fueron transferidos a cuentas bancarias distintas a las autorizadas; que 8 mil millones fueron aplicados en conceptos que no corresponden con los fines de los fondos establecidos; y que la Secretaría de Finanzas no había entregado los recursos a los entes ejecutores, entre otras irregularidades.

Por ello llamó tanto la atención el discurso oficial de junio pasado, en el sentido de que el correcto uso de los recursos estaba ya documentado y acreditado; y que sólo había observaciones administrativas, sin consecuencias mayores.

Observaciones por montos escandalosos

Este miércoles, un nuevo episodio del escándalo derivado de la auditoría, las observaciones y la solventación de las mismas, tuvo como protagonistas a dos funcionarios veracruzanos, el contralor Ricardo García Guzmán y el auditor general del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, Lorenzo Antonio Portilla.

El titular de la Contraloría declaró que el gobierno estatal debería reintegrar a la Federación recursos por 3 mil 600 millones de pesos, que habrían sido depositados en 2013 pero no comprobados, en virtud de que venció el plazo para la solventación.

Por su parte, el auditor del Orfis aclaró que esos recursos no serían devueltos, sino solventados, porque el gobierno veracruzano todavía está dentro de los tiempos.

Sin embargo, en el marco de la inauguración del curso sobre la integración de la cuenta pública 2015,  Portilla Bonilla sí se refirió a graves anomalías en el ejercicio de los recursos federales; y manifestó que el monto de las observaciones de las auditorías 2013 y 2014 asciende a 5 mil 900 millones de pesos.

Auditorías, una historia sin fin

El tema no es nuevo; al contrario, pareciera una historia sin fin en Veracruz. Prácticamente no hay año en que no existan observaciones a las cuentas públicas del gobierno estatal.

Hace un par de semanas, por ejemplo, el asunto fue retomado por el senador Héctor Yunes Landa, uno de los probables sucesores del gobernador Javier Duarte, quien advirtió que estaría pendiente de los resultados de las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación y del proceso de solventación del gobierno estatal.

Por cierto, el monto de las observaciones de la ASF, dado a conocer Yunes Landa, es muy superior al que se refirieron tanto García Guzmán como Portilla Bonilla, más de diez mil millones de pesos, únicamente en la cuenta pública 2013.

El tema de las irregularidades en el manejo de los recursos públicos en Veracruz se ha mantenido como una constante durante la última década y, evidentemente, la solución a esos problemas sólo se ha registrado en el discurso oficial, pero no en los hechos.

La realidad es que existe un abismo entre las declaraciones oficiales en el sentido de que todo quedó solventado, y los datos de la ASF, que ubican a Veracruz con un 49.8 en el Índice de Desempeño de la Gestión del Gasto Federalizado, el tercer peor número del país, sólo arriba de Jalisco y Michoacán, nada para presumir. @luisromero85