Mutatis mutandis

Por Rafael Arias Hernández.

Historia interminable de entretenimiento y distracción. Circo de muchas pistas.

Destacan, fiero contralor que hace temblar de risa al respetable; fiscalizador domesticado, hazme reír de una y mil auditorias contratadas y presupuestadas; y audaz trapecista de la comisión de vigilancia, conocido en la repartición de despensas y promoción política personal. Esto y más con cargo al erario público.

A nadie espanta el reciclado contralor. Como dice una cosa dice lo contrario; o le refutan y exhiben, como arbitrario, ignorante y mentiroso.

Lo cierto y seguro es que ya está adentro. Cometió en principio, al igual que otros, un error fundamental: regresar al lugar del crimen.

Por lo pronto, ya está inmerso y hasta el cuello; hasta desmintió y puso en su lugar al mismo gobernador, en la pista de patadas y lucha libre de los desenmascarados secretarios de salud.

Procesos y reacciones legales que apenas empiezan y que se prolongaran como tema de campañas, como promesas y compromisos electorales de los candidatos; continuando, como puntos centrales de plan y programa del próximo gobierno; y siempre, como acciones y reacciones ciudadanas y sociales de inconformidad que, con toda seguridad, seguirán y se convertirán en denuncias formales con el tiempo.

Eso sin minimizar ni ignorar las respuestas de los hasta hoy señalados y afectados que, en pleno usos de sus derechos, tienen mucho que decir y que pelear. ¿Habrá testigos protegidos en estos asuntos? Ya se verá.

Espectacular, si se tiene en cuenta, que el “rudo” contralor, tendrá que declarar y aclarar como parte activa.

El show debe y va a continuar

Para empezar, ya está en terrenos, administrativo, judicial y de opinión pública, en donde la actuación del contralor ya tiene respuestas.

“… los señalados afirmaron que: La contraloría resolvió fuera de tiempo, las acusaciones son falsas por no tomar en cuenta las valoraciones de la defensa…Acusaron que … violó el artículo 46 de la Ley de responsabilidades de servidores públicos para el estado y mintió abiertamente al Congreso Local al afirmar que las sanciones ya se habían aplicado, cuando, hay de por medio un juicio contencioso administrativo…Es de mencionarse que los ex funcionarios fueron acusados por el contralor de no entregar correctamente la documentación requerida por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) del uso y destino de fondos federales del 2009 al 2011; esto, causó observaciones al estado y denuncias ante la Procuraduría General de la República…Tras los señalamientos, ahora, los acusados tienen el derecho de defenderse ante las instancias correspondientes y hasta entonces, se determinará si las sanciones e inhabilitaciones proceden…” (Notiver,Alcalorpolítico,Blog.Expediente,e-consulta, eldiariodeveracruz,Sociedad3.0,políticaldía, y otras fuentes. 241115)

En pocas palabras, afectados acusan al acusador de violar la ley, de arbitrario y de incurrir en responsabilidad administrativa, por resolver, actuar fuera de tiempo y ocultar dolosamente sus errores y omisiones.

Como poder soslayar o minimizar que para muchos, se sospecha que es parte importante de la banda que manda, en muchas formas obligado a distraer, encubrir y lavar, para que todo “cheque y cuadre”; o simplemente que reconocer el mal hecho y admitir que se deben regresar cuantiosos recursos, para que desaparezca la causa de la acción e intervención federal. Sólo con eso, para empezar, ya está adentro.

En fin, por lo pronto, después de haber declarado bajo protesta decir verdad ante el Congreso y proporcionar oficialmente información, su desempeño será evaluado y lo informado será verificado; pero sobre todo, para comprobar todo lo que ha hecho mal o no lo ha hecho, lo que ha simulado y encubierto, tolerado o permitido. Sin duda pasara a formar parte de esa lista de presuntos responsables y prófugos potenciales.

Oportuna preocupación hecha interrogación. ¿Dónde están responsables y culpables de devoluciones? ¿Impunes, intocables y reciclables?

Si para los ejercicios fiscales estatales de otros años, han faltado más de 12 mil millones de pesos, cuánto faltará en 2014, 2015 y 2016, este último conocido como el año de Hidalgo y de costosas elecciones. Dios los agarre confesados y confesos, si la fiscalización se hace realidad.

Daños y pérdidas con cargo al presupuesto

Confirmado. Tienen razón los jubilados y la sabiduría popular. No falta dinero, sobran ladrones y caros fiscalizadores simuladores.

Por lo pronto, simple, claro y directo: ¿Quiénes pagarán los 3 mil 600 millones de pesos y los miles más reclamados, por haber sido mal usados y peor justificados?

Historia repetida pero no aprendida. Una vez más, se comprueba que lo señalado por la Auditoria Superior de la Federación puede constituir no sólo faltas administrativas, sino también delitos de acción u omisión, de ocultación o encubrimiento y que, el sistema estatal de complicidad e impunidad, prefiere regresar recursos antes de perseguir y castigar a responsables y culpables. Sigue la impunidad.

Además, exhibe y comprueba inutilidad y alto costo de Contraloría, ORFIS, y Comisión de Vigilancia del Congreso. Simuladoras y onerosas dependencias, que deben servir y cumplir con sus obligaciones y objetivos institucionales, no para para encubrir y proteger a ineptos y corruptos.

El increíble espectáculo circense da y dará mucho. En 2016, pleno año de Hidalgo saldrán más historias de ineficiencia y delincuencia; pero de ellas, destacan y destacarán más, aquellas en donde están involucrados los supuestos fiscalizadores oficiales, sus aciertos y errores, debilidades y complicidades tienen y tendrán más resonancia y trascendencia, por la confianza pública defraudada.

¿Chivo expiatorio, o acción consistente?

Interesante y fundamentado, el planteamiento del reconocido periodista Carlos de Jesús Rodríguez.

“… la sanción administrativa impuesta a Audirac y compañía es para que no puedan desempeñarse en el servicio público, pero obligado está el Contralor a presentar denuncia penal ante la Fiscalía, como seguramente lo hará, salvo que la advertencia de Mauricio los haya puesto a temblar. Y es que de no hacerlo, el contralor estaría incurriendo en desacato e incumplimiento de un deber legal, tomando como referencia lo actuado en el procedimiento disciplinario administrativo que dio lugar a la inhabilitación recurrible.

(Gobernantes.241115)

¿EL Código Penal y otras leyes serán por fin aplicados?

Veremos, dijo un ciego.

*AcademicoIIESES-UV@RafaelAriasH Facebook:VeracruzHoydeRafaelAriasHdez.