Quién sabe quién asesorará al senador priista Pepe Yunes Zorrilla, pero si el slogan de su informe legislativo del año pasado fue muy desatinado –“Hoy México tiene rumbo”, justo cuando el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto enfrentaba en octubre de 2014 la peor crisis de popularidad por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y el escándalo mediático de la llamada “Casa Blanca”–, ahora el lema “Pienso libre, decido libre” que ha escogido para su evento de este año tampoco lo deja muy bien parado porque como miembro de la bancada del PRI en la Cámara alta del Congreso de la Unión todo mundo sabe que ha tenido que votar por consigna.
Una de sus últimas intervenciones en tribuna, por ejemplo, fue para apoyar la polémica propuesta presidencial de otorgarle la medalla “Belisario Domínguez” al empresario minero Alberto Bailleres, dueño también de la cadena de tiendas departamentales El Palacio de Hierro, lo cual generó una cascada de críticas y sospechas de que se habría inflado la votación en el Senado para entregarle la presea al multimillonario.
Pero otro asunto que hace poco comentábamos aquí que ni él ni su homólogo Héctor Yunes Landa le habían dado el mismo seguimiento y tratamiento como a la deuda pública del gobierno de Veracruz era precisamente el del disparado endeudamiento de la administración del presidente Peña Nieto, que, por cierto, este jueves varios diarios capitalinos destacaron en sus respectivas ediciones. Yunes Zorrilla, como presidente de la Comisión de Hacienda del Senado de la República, debe saber cómo creció la deuda pública nacional en los últimos años hasta alcanzar un nivel sin precedente y sin freno.
Según anticipó el Fondo Monetario Internacional (FMI), al final de la administración de Peña Nieto su monto superará 50 por ciento del valor de los bienes y servicios producidos por la economía nacional. Cuando concluya 2015, la deuda pública llegará a 9 billones 380 mil millones de pesos, equivalente a 51.9 por ciento del producto interno bruto (PIB).
En los años recientes la deuda pública mexicana ha ido en aumento, medida en proporción al tamaño de la economía. Al comenzar la actual administración gubernamental, en diciembre de 2012, fue equivalente a 49.8 por ciento del PIB, que significaban 7 billones 770 mil 294 millones de pesos, de acuerdo con el valor de la economía mexicana calculado por la Secretaría de Hacienda para ese año.
El renglón de deuda pública incluye los pasivos a cargo del gobierno federal, los adquiridos por empresas como Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, los de la banca de desarrollo y aquellos relacionados con las obligaciones pensionarias exigibles para cada ejercicio.
La deuda pública y la capacidad del gobierno federal para hacer frente a las obligaciones relacionadas con esos pasivos forma parte de un apartado de la revisión anual que el FMI hace de la economía mexicana, cuyos resultados fueron divulgados el martes pasado, como parte del artículo cuarto del convenio constitutivo del organismo.
En el periodo comprendido entre 2004 y 2012 la deuda pública fue equivalente a 41.2 por ciento del PIB, en promedio. Para 2013, primer año de la actual administración federal, subió a 46.4 y se incrementó a 9.8 por ciento del PIB en diciembre de 2014, de acuerdo con el FMI. A partir de 2015 el endeudamiento del sector público se elevó a 51.9 por ciento del PIB, según datos del organismo.
La previsión del FMI es que la deuda, medida en proporción con el tamaño de la economía, crezca a 51.9 por ciento en 2015; a 52 por ciento en 2016; 52.2 por ciento en 2017, y 52.2 por ciento en 2018, último año de la actual administración federal.
El valor de la deuda es relevante sobre todo por la cantidad de recursos que requiere para financiar el pago de su servicio, esto es, del capital y los intereses. De acuerdo con la proyección del FMI, en 2014 las necesidades de financiamiento relacionadas con el pago de la deuda pública fueron equivalentes a 13.6 puntos del PIB, cantidad que disminuirá a 10.8 por ciento en 2015. Aun con la reducción es un monto, respecto del tamaño de la economía, comparable a los recursos que invierte el Estado en desarrollo social (educación, salud, protección al medio ambiente, recreación, protección social, entre otros), que en 2015 fueron de 2 billones 150 mil 995 millones de pesos, 11 por ciento del PIB de ese año, según datos de la Secretaría de Hacienda.
Aun así, el FMI considera que la deuda del sector público federal es sostenible, es decir, que el pago de intereses y capital es viable en el sentido de que el Estado está en condición de generar los recursos para cubrir el servicio. ¿Pero qué acaso no es lo mismo que algunas calificadoras financieras han dicho de la deuda pública del gobierno de Veracruz, que en su comparecencia ante el Congreso local fue fijada por el secretario de Finanzas y Planeación, Antonio Gómez Pelegrín, en 53 mil 379 millones de pesos?
Habrá que ver qué dice en su informe del próximo domingo 29 el “libre pensador”.
Socavan alianza PAN-PRD
Hace unos días las dirigencias estatales del PAN y PRD anunciaron la conformación de una alianza para las elecciones de 2016.
Al paso salió el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, quien aclaró que la alianza no era un hecho y que su partido aún analiza la viabilidad de la misma.
La noticia prendió las alarmas en la dirigencia nacional del PRI. Por lo que nos refieren, el líder del tricolor, Manlio Fabio Beltrones, tiene como objetivo primario socavar la posible unión entre ambas fuerzas de oposición.
Por cierto que de acuerdo a la versión del periodista Joaquín López Dóriga, en las altas esferas de la política mexicana se habría decidido que el senador Héctor Yunes Landa sería el candidato del PRI a la gubernatura de Veracruz.