La pregunta que nos hacemos es ¿cuánto cuesta el voto de un diputado para aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)? Muy poquito, cacahuates: veinte millones de pesos por cabeza. Multiplicados por quinientos, suman diez mil millones de pesos que representan 0.2% del PEF. Este fue el monto de la bolsa que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aceptó darles a los legisladores a cambio de que aprobaran en tiempo y forma el Presupuesto. No pinta en el total de cuatro billones 763 mil 874 millones de pesos para 2016. Se trata, sin embargo, de una conducta vergonzosa y perniciosa para la democracia.

Se suponía que los nuevos diputados habían entendido que era insostenible aprobar, otra vez, fondos especiales en el PEF para que ellos los repartieran a su gusto. Estas partidas, que en años pasados llegaron a sumar hasta 120 mil millones de pesos anuales, habían causado mucho escándalo por los abusos cometidos en la Legislatura pasada. En muchos casos, los diputados se habían quedado con parte del dinero que distribuían: los famosos moches. Un diputado le prometía recursos a un presidente municipal a cambio de quedarse con un porcentaje o la condición de que contrataran a cierta constructora de su preferencia (la empresa presumiblemente le pasaba una “comisión” al legislador en cuestión). Esto es corrupción.

Ahora resulta que los nuevos diputados no pudieron con la tentación de hacer lo mismo que sus antecesores. Asignaron, con la anuencia de Hacienda, una partida que ellos repartirán. Eso sí, prometieron que, a diferencia del pasado, los recursos se integrarán a una bolsa que, de acuerdo al secretario de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Jorge Estefan Chidiac, se concederán con “reglas muy claras, que se va a direccionar a estados y municipios, que tendrán que ir a gestionarlo en Hacienda, presentar expedientes, cumplir cálculos, sacar registros de folios… habrá reglas de operación”.

Esa es la promesa. Vamos a ver si la cumplen. Pero, por lo pronto, la realidad es que los actuales diputados no pudieron con la tentación de quedarse con una bolsa para repartirla ellos directamente. Argumentan que es para cumplir con promesas que hicieron durante sus campañas. Que si no lo hacen, su electorado se enojará. ¡Pamplinas!

Para empezar, hay 200 diputados plurinominales que no le prometieron nada a nadie porque fueron elegidos en una lista que presentó su partido político. De los 300 restantes, la pregunta es si se vale que hayan llegado a la Cámara prometiendo que construirán un camino o un puente cuando eso no les corresponde a ellos sino al Ayuntamiento o al gobierno estatal o federal. Los diputados están para legislar, no para construir obra pública. Ni hablar de quedarse con moches de dinero del contribuyente: eso es corrupción.