Este lunes, el gobernador Javier Duarte de Ochoa inició la semana con la presentación del Programa Estatal de Derechos Humanos, un evento que tuvo lugar en la explanada de Palacio de Gobierno y en el que el asistente especial fue el director de Políticas Públicas de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Sepúlveda, quien reconoció que Veracruz es la quinta entidad de la República Mexicana que implementa este programa y que será un “acicate” para el resto de los estados del país.

De no haberse dado hace una semana la visita de los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), bien se podría elucubrar que toda esta parafernalia habría sido para proyectar políticamente a la secretaria ejecutiva de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP), Namiko Matzumoto Benítez, a quien desde algunas esferas del gobierno duartista están impulsando para que en enero de 2016 sustituya en la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos a Fernando Perera Escamilla, quien pondera si se reelige por cuatro años más.

Y es que en el evento de este lunes, Matzumoto Benítez –pariente del ex secretario de Gobierno, Erick Lagos Hernández, actual coordinador de los diputados federales veracruzanos del PRI; y amiga y protegida de Juan Antonio Nemi Dib, secretario ejecutivo del Sistema y Consejo Estatal de Seguridad Pública, y de la ex coordinadora de Comunicación Social del gobierno del estado, Gina Domínguez Colío, quien la dejó acomodada en la CEAPP– fue precisamente la encargada de presentar ante funcionarios estatales, representantes de organizaciones sociales, la Rectora de la Universidad Veracruzana y legisladores locales y federales este programa que contempla 160 acciones en materia de derechos humanos y cuya coordinación estará a su cargo.

Según Namiko, este plan de acción busca en todo momento las mejores condiciones para los ciudadanos veracruzanos, acorde con el compromiso de las autoridades estatales de brindar la mayor protección a las personas y garantizar el pleno Estado de Derecho. Pero lo más sorprendente es que aseguró que en la elaboración de este proyecto se tomaron en cuenta las propuestas de todos los sectores sociales, así como de instituciones académicas y organizaciones civiles. Sin embargo no dijo quiénes, cuándo ni en dónde.

Eso sí, habló en general de los aspectos fundamentales de este programa: Adecuar el marco estatal con los internacionales en materia de derechos humanos; alinear los trabajos y acciones con todas las dependencias estatales; fortalecer la atención a víctimas; integrar el enfoque de derechos humanos en todas las dependencias; fomentar la transparencia para evaluar en el futuro estas acciones en materia de derechos humanos.

Pero todo parece indicar que este programa se lo habría sacado de la manga para atenuar el impacto de la reciente visita de los representantes de la CIDH que el 28 y 29 de septiembre pasado visitaron el Distrito Federal y los estados de Coahuila, Guerrero, Nuevo León, Tabasco y Veracruz.

En el caso de la entidad veracruzana, la Comisionada Rosa María Ortiz y el Relator para Libertad de Expresión, Edison Lanza, sostuvieron encuentros con el gobernador Javier Duarte de Ochoa y otras autoridades de alto nivel, lo mismo que con la Directora General del DIF estatal, el Director del Centro de Internamiento Especial para Adolescentes y con la propia Namiko como funcionaria de la Comisión de Atención a Periodistas.

Estos encuentros permitieron compartir con la CIDH información sobre la situación general de los periodistas en la entidad, que incluyó datos sobre los medios de comunicación existentes, las medidas de protección diseñadas y otorgadas por el gobierno estatal, así como la investigación de casos por parte de la Fiscalía General del Estado. Asimismo, las autoridades estatales informaron sobre diversas acciones emprendidas en materia de adopción de menores, discapacidad, combate a la pobreza, derechos de los adolescentes, personas indígenas y población LGBTTTI.

Durante el encuentro, el gobernador Duarte de Ochoa manifestó su compromiso para mantener una colaboración estrecha con la CIDH en materia de fortalecimiento del derecho a la libertad de expresión. Para ello, ofreció formular posteriormente una propuesta concreta, lo que fue muy bien recibido por el Relator Lanza.

Al concluir su visita “in loco” a México, en sus observaciones preliminares la CIDH valoró como “positivo la creación de la Comisión de Atención y Protección a Periodistas en Veracruz, encargada de la implementación del mecanismo de protección a periodistas en ese estado crítico para el ejercicio del periodismo”, sin embargo también consignó en su evaluación que “a la fecha este mecanismo ha otorgado medidas a un número importante de periodistas, pero afronta el reto de ganar la confianza de una parte importante del gremio periodístico y garantizar su financiamiento y autonomía del gobierno en el largo plazo”.

El informe final de los visitadores de la CIDH se dará a conocer a más tardar en el primer semestre de 2016, en la víspera de la sucesión gubernamental y después de la elección del nuevo ombudsman del estado. Pero… ¿alguien que en más de dos años no ha sido capaz de generar esta confianza en el gremio periodístico que oficialmente protege, puede aspirar a presidir la Comisión Estatal que debe tutelar los Derechos Humanos de todos los veracruzanos?