Abundio Morales Rosas, presidente municipal de Ayahualulco, es el tercer alcalde veracruzano que enfrenta un juicio de procedencia en la Legislatura del Estado; antes tuvieron un problema similar Omar Cruz, de Medellín, y Roberto Pérez Moreno, de Coatepec.

Sin embargo, se trata de casos diametralmente opuestos porque mientras los desaforados ediles de Medellín y Coatepec son señalados por su presunta responsabilidad en homicidios, el presidente municipal de Ayahualulco enfrenta un proceso que tuvo originalmente motivaciones políticas.

Los hechos que provocaron el conflicto jurídico que enfrenta Morales Rosas tuvieron su origen el 19 de marzo del año pasado en una fiesta patronal, la de San José Aguazuelas, comunidad que pertenece a Ayahualulco y donde viven aproximadamente 30 familias; de ahí es originario el edil, quien se encontraba con su familia cuando el conductor de la unidad en que se trasladaba tuvo un enfrentamiento verbal con un grupo de jóvenes. Posteriormente vinieron insultos y agresiones mutuas entre el chofer y los adolescentes y sus familiares.

El alcalde, presente en el lugar en ese momento, intervino para evitar que la disputa creciera; luego, cuando ya estaba ausente, llegó la policía y detuvo a cuatro jóvenes, uno de ellos, familiar del presidente municipal.

De inmediato llegaron los padres del muchacho, quienes buscaron al edil para lanzarle airados reclamos; lo señalaron como responsable de la detención del joven que habría incurrido en insultos contra los elementos policiacos, que lo retuvieron unas horas.

Después, los padres del adolescente presentaron una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos. En primera instancia, esa queja no prosperó, dado que la defensa del alcalde señalado presentó pruebas y testimonios que desmentían la acusación: primero, el presidente municipal no estaba presente ni dio la orden de la detención; segundo, no hubo golpes de la autoridad a quienes confrontaban de manera violenta a los empleados municipales; tercero, el edil no habría ordenado la imposición de multa alguna, como señalaron quienes interpusieron la denuncia.

En Ayahualulco nos dicen el padre de los jóvenes presuntamente retenidos por la policía mantiene estrechos vínculos con el ex edil Joel Villa Hernández, de extracción panista, a quien ubican como la mano que mece la cuna en este conflicto.

Luego de recibir la notificación del fallo en contra de su demanda, Maximino Hernández Hernández, padre del joven Enrique Daniel Hernández Morales, llevó su queja ante una segunda instancia, que le dictaminó responsabilidad al presidente municipal.

La solicitud de desafuero

Ese es el contexto; en el seguimiento de este caso, el viernes 18 del presente mes; es decir, un año y seis meses después de los hechos, el fiscal Luis Ángel Bravo Contreras acudió a la Legislatura del Estado para solicitar la declaración de procedencia, el desafuero del alcalde Abundio Morales Rosas.

El caso fue turnado a las comisiones de Gobernación y Justicia y Puntos Constitucionales; que deberán dictaminar y turnar a la Comisión Instructora, que preside el diputado Juan Manuel Velázquez Yunes. De ahí se llevará el asunto al pleno del Congreso de Veracruz.

Sin embargo, más tardó la Fiscalía en presentar la solicitud de desafuero ante la Legislatura, que los supuestos agraviados en desistirse: en un documento dirigido al Congreso local por Maximino y José Froylán Hernández Hernández, los denunciantes señalan que “no tenemos ni existe ya de nuestra parte interés jurídico y legal para que sean desaforados los ciudadano Abundio Morales Rosas y José Guadalupe Flores Peña (alcalde y síndico), en virtud de que el agravio sufrido fue ocasionado por los elementos de la Policía Municipal…”

El documento citado fue recibido el 21 de septiembre, hace tres días, por las comisiones involucradas y por la diputada presidenta de la Mesa Directiva de la Legislatura Local, Octavia Ortega Arteaga.

La venganza de Joel Villa

Falta ahora que, una vez que se desistieron quienes señalaban al presidente de Ayahualulco, los diputados actúen en consecuencia, porque lo ocurrido en ese municipio nada tiene que ver con lo que pasó en Coatepec o en Medellín, cuyos alcaldes, Omar Cruz y Roberto Pérez, sí son buscados por la Fiscalía General del Estado, mientras que Abundio Morales camina libre en su comunidad, San José Aguazuelas, con la tranquilidad que da el saber que si la investigación es seria, no enfrentará problemas mayores.

Por cierto, el abogado que inició la defensa del presidente municipal fue cesado del departamento jurídico del ayuntamiento porque simplemente no dio pie con bola; ahora, esa responsabilidad recae en el litigante Álvaro Ávalos Falcón.

Por otro lado, en ese lugar se comenta que el ex alcalde Joel Villa Hernández tendrá que buscar otra estrategia para desviar la atención y enfrentar las denuncias que pesan en su contra y que interpuso precisamente el gobierno que encabeza Morales Rosas, por las irregularidades detectadas durante la administración 2010-2013.

Esas denuncias se encuentran radicadas en la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos. @luisromero85