Mala noticia acaban de recibir funcionarios y ex funcionarios estatales implicados en desvíos de fondos federales, algunos de los cuales están a punto de obtener fuero legislativo como diputados al Congreso de la Unión, mientras que otros han comenzado a promoverse para intentar llegar en noviembre de 2016 al Congreso local en busca de impunidad.

Y es que acaba de darse a conocer que el pleno de Circuito en Materia Penal del Distrito Federal resolvió que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sí está facultada para litigar contra la Procuraduría General de la República (PGR), para forzarla a que castigue a servidores públicos acusados de corrupción.

Por seis votos contra tres, los magistrados del pleno establecieron que la ASF tiene la atribución legal de promover demandas de amparos contra la PGR, cuando ésta decida archivar las denuncias del órgano fiscalizador. El criterio constituye una jurisprudencia que ahora resulta obligatoria para todos los jueces que instruyen procesos penales o juicios de amparo, y magistrados de los tribunales federales en la capital del país.

La única forma en que dejaría de estar vigente sería un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aunque para ello antes un pleno de Circuito en otro estado debe resolver una contradicción de tesis en sentido inverso.

El fallo en favor de la ASF fue emitido el pasado 18 de agosto. El proyecto de sentencia planteó que la Auditoría no tenía ningún interés jurídico para presentar un amparo contra el no ejercicio de la acción penal dictado por la PGR, porque aun siendo denunciante de un hecho de corrupción, la decisión ministerial no afectaba su patrimonio. Pero esta propuesta fue rechazada por seis de los magistrados del pleno de Circuito, quienes estimaron que el ente fiscalizador es un órgano autónomo constitucional que tiene la obligación de defender el patrimonio de la Federación, sin que necesariamente sea afectado el propio.

La Ley de Fiscalización Superior de la Federación refiere que la ASF debe salvaguardar la Hacienda Pública Federal, le pertenezcan o no materialmente los recursos y sin importar si es o no víctima u ofendido.

En mayo pasado, el pleno de Circuito en Materia Penal del DF pidió a la SCJN ejercer su facultad de atracción para resolver esta contradicción de tesis, pero el máximo tribunal del país devolvió la petición.

Con este nuevo criterio, ningún órgano jurisdiccional podrá negar o desechar los amparos que promueva la ASF, contra la decisión de la PGR de archivar en definitiva una averiguación previa contra un acusado por corrupción, aduciendo falta de elementos.

En 2014, un tribunal colegiado ratificó el cierre de la investigación contra Raúl Muñoz Leos, ex director de Pemex, en un caso donde fue denunciado del desvío de mil 724 millones de pesos al sindicato petrolero a finales del sexenio foxista. Dicho fallo se fundó precisamente en que la ASF, a criterio del tribunal, no estaba facultada para recurrir al amparo. Ahora los tribunales no podrán usar ese argumento.

Este caso toma relevancia porque hace mes y medio trascendió que ocho gobiernos estatales simularon reintegrar recursos de fondos federales que habían desviado a otros rubros. Por esta razón, la ASF los denunció penalmente ante la PGR. El monto global de los recursos desviados sumaba 8 mil millones de pesos. Veracruz encabezaba la lista con 15 denuncias; le seguían Michoacán (11); Guerrero (8); Colima (7); Oaxaca (5); Chiapas (4); Tabasco (3), y Tlaxcala (2). Los recursos sobre los cuales se simularon los reintegros son de los fondos de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) y de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), entre otros.

El mecanismo de simulación utilizado consistió en que, una vez que el órgano fiscalizador había realizado observaciones sobre recursos utilizados sin la justificación correspondiente, los gobiernos de los estados reintegraban a una cuenta la cantidad señalada por la ASF. Después mostraban un comprobante de dicho reintegro, y una vez que la Auditoría daba por solventada la observación, los gobiernos estatales sacaban los recursos de esa cuenta para darles un uso distinto de aquel para el que estaban etiquetados. La Auditoría detectó esta práctica en las revisiones de las cuentas públicas de 2008 al 2011 y requirió a los estados para que informaran sobre la utilización de los recursos que habían reintegrado.

Las entidades denunciadas no pudieron comprobar el uso de esos recursos –que ya no estaban en sus arcas– en los programas para los que estaban destinados. Las primeras denuncias fueron presentadas en agosto de 2013 en contra del gobierno de Tabasco, y las últimas, en noviembre de 2014 contra la administración estatal de Veracruz, que es la entidad que acumula el mayor número de irregularidades. Las denuncias de hechos fueron presentadas con un dictamen técnico en el que se expone la irregularidad detectada. Todas fueron ratificadas ante la PGR, que con base en su propia investigación debía determinar qué tipo de delito se configuraba y quiénes son los responsables de haberlo cometido.

La diputada Elizabeth Yáñez, del PAN, apuntó que a lo largo de la LXII Legislatura que está por concluir, una de las principales críticas fue hacia la PGR por ignorar las denuncias del órgano de fiscalización que cumplió con su trabajo de revisar los recursos, detectar las irregularidades y hacer las denuncias penales en los casos que ameritaba. Acusó que de 317 denuncias que presentó la ASF, la PGR sólo resolvió 17.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF, José Luis Muñoz, también reprochó que la PGR ni siquiera les ha informado sobre el curso de sus investigaciones, lo que facilita que los gobiernos estatales repitan la fórmula de desviar recursos, pues saben que no hay sanción. Sin embargo, el diputado del PRD apuntó que con las recientes reformas legislativas, el dinero ya no se tendrá que reingresar a cuentas estatales sino a la Federación, lo que ayudará a prevenir tales desvíos. ¿Será?