De la lista negra de funcionarios del gobierno estatal sometidos a procedimientos disciplinarios administrativos por la Contraloría General del Estado por no haber informado oportunamente a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre el correcto uso de los fondos federales que le fueron transferidos al gobierno de Veracruz en el ejercicio fiscal 2013, hay algunos a los que ciertamente les saldrá bastante barato su cese e inhabilitación.

Aunque tal vez suene exagerado, pero en determinados círculos políticos y empresariales se comenta en voz baja que la suerte de estos “mafiosos” del servicio público es casi equiparable a la que corrió el famoso gánster de Chicago, Al Capone, quien fue sentenciado sólo a 11 años de prisión por el delito de evasión de impuestos ya que nunca le pudieron comprobar la serie de homicidios que se le atribuyó al sindicato del crimen que encabezó.

Y es que quienes conocen el historial de los más destacados funcionarios que han sido cesados quizá aguardaban que se les investigara también por su presunta implicación en otras irregularidades que se les imputan, sobre todo por enriquecimiento ilícito, pues algunos de ellos han amasado inmensas fortunas de manera inexplicable desde el sexenio anterior.

El caso más emblemático es el de Carlos Aguirre Morales, quien últimamente venía desempeñándose como subsecretario de Egresos y el cual llegó a ser un funcionario muy poderoso durante la administración del gobernador Fidel Herrera Beltrán (2004-2010) cuando estuvo a cargo de la Tesorería de la Secretaría de Finanzas y Planeación, ya que el jefe del Ejecutivo acordaba directamente con él por encima del titular de la Sefiplan.

Precisamente el sexenio pasado, y todavía en el presente, Aguirre fue objeto de críticas y escándalos mediáticos por los despilfarros y excesos que trascendieron de su entorno privado. Aún se recuerda, por ejemplo, el ofensivo derroche que hizo en sus segundas nupcias. O la faraónica fiesta que le organizó a una de sus hijas. En ambos festejos dilapidó en viandas y vinos carísimos que sirvió a sus invitados, así como en grupos musicales y cantantes de primerísimo nivel que contrató.

Otro de los funcionarios sometido a procedimiento disciplinario administrativo es Jesús Villegas Ríos, pero en su calidad de ex director de Control y Evaluación de la Contraloría General del Estado. Sin embargo, Villegas no será investigado ni sancionado como miembro de la presunta mafia que habría saqueado la Secretaría de Salud, tal como lo expuso públicamente hace tres meses el ex titular de esa dependencia estatal, Juan Antonio Nemi Dib, quien en una carta aclaratoria dirigida el 22 de marzo de este año a la periodista Claudia Guerrero Martínez, le precisó a la autora de la columna “Entre lo utópico y lo verdadero” que “las cifras que mencionas respecto de un quebranto patrimonial en 2012 y 2013 tendrían que ponerse en su justa dimensión: yo no fui Secretario de Salud ni Director de SESVER en 2012 y buena parte de 2013; los responsables administrativos del manejo de los recursos de ambas dependencias en esos periodos fueron Ricardo Sandoval Aguilar y Jesús Villegas Ríos, igual que lo fueron el último trimestre de 2014 y lo son ahora mismo.”

Nemi Dib sugirió que “habría que empezar por delimitar los tiempos en que ellos ejercieron el gasto”, pues adujo que “juntar dos ejercicios fiscales distintos, a cargo de funcionarios distintos, obliga a poner en duda la intencionalidad de quien o quienes te proporcionaron ‘la información’ que hiciste pública.” Además le recriminó que “las cifras que te dio tu ‘fuente’ se acumulan de manera tramposa, pues no sólo engañan con los tiempos, además juntan gimnasia con magnesia (recursos no recibidos, recursos no ejercidos, y observaciones administrativas, por ejemplo; estos son conceptos que, de acuerdo con la ley NO NECESARIAMENTE se consideran daño patrimonial, en caso de que se demostrara que las observaciones fueran procedentes).”

Desde entonces, el ex secretario de Salud y actual secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública anticipó que “en todo caso, falta aún que la ASF notifique a detalle las observaciones, para conocer los conceptos y montos precisos que ameritan aclaración.”

Nemi puntualizó: “Lo de que habrá órdenes de aprehensión sólo es un garlito: apenas se recibirán los pliegos de observaciones y se harán las aclaraciones pertinentes; insisto, ¿cómo pueden afirmar tales sandeces si ni siquiera se notifica todavía? Seguro sabes que las auditorías analizan información aleatoria y se basan en muestreos, no son acusaciones, muchos menos definitivas, tampoco significa que lo observado sean hechos punibles, sino temas que requieren precisiones.” Y resumió que “si hubiera responsabilidades de alguien, eso se sabrá cuando concluyan los procesos de la ASF y se analice la información comprobatoria que es la que ahora debe aportarse. Desde luego quien tenga responsabilidades deberá asumirlo y pagar las consecuencias, pero será hasta entonces.”

Sobre la supuesta responsabilidad que le imputaba la periodista, Nemi le recordó que “la cuenta pública 2013 ya fue aprobada por el Congreso y muy auditada en el caso de SESVER” y que “no se registró daño patrimonial alguno en lo que toca a mi gestión.” En cambio, el que ahora está en problemas es Villegas, aunque no como ex funcionario del sector Salud.