Entrevistado este jueves acerca del caso de Pedro Montalvo Gómez, quien desde diciembre de 2014 se desempeña como director del Instituto de Espacios Educativos, el titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Flavino Ríos Alvarado, la hizo de “abogado del diablo” al asegurar que el ex diputado federal priista por Zongolica sí reúne el perfil académico para ser director de área.

Ríos Alvarado invitó a los reporteros a acceder a la página electrónica de la Dirección de Profesiones de la SEP y verificar que su subalterno sí cuenta con cédula profesional.

Es posible que, entonces, Montalvo haya cursado y terminado alguna carrera profesional en los últimos cinco años, ya que al menos en la página oficial de la LX Legislatura, de la que formó parte de 2006 a 2009, aún aparecía en su currículum que tenía escolaridad “trunca” ya que sólo había cursado hasta el cuarto semestre de Ingeniería Industrial Mecánica.

Pero si eso fuera cierto, ¿por qué la Contraloría General del Estado no ha respondido ni sacado de su error al presidente de la Asociación de Constructores del Estado de Veracruz A. C. (ACEVAC), Rafael Núñez Landa, quien recientemente dirigió al contralor Ricardo García Guzmán un oficio solicitándole a nombre de sus agremiados que se destituya al director de Espacios Educativos por incumplir con el requisito de ley que exige acreditar título profesional para ejercer dicho cargo público?

Además, el 24 de marzo pasado, los diez directivos de la Asociación Institucional Veracruzana de Ingenieros Civiles, A.C., que preside el ingeniero Víctor Hugo Leal Domínguez, publicaron también un desplegado en el Diario de Xalapa en el que cuestionaban que Montalvo Gómez “no se ha profesionalizado, lo que provoca tener un trato incorrecto hacia los profesionales de la construcción.” En ese mismo manifiesto, los constructores exigían al gobernador Javier Duarte y al secretario de Educación que tomaran medidas enérgicas ya que “como Asociación nos inconformamos con los condicionamientos para acceder a algún contrato que nos hace un tal Ernesto Ramírez, quien opera desde una oficina contigua al Director de Espacios Educativos de Veracruz, además de una salvedad: que el mencionado no aparece en nómina.”

Pero ayer, Ríos Alvarado aseguró que ya atendió a una comisión de ingenieros encabezada por Leal Domínguez y que no se quejaron por el supuesto “diezmo” que el cuñado de Montalvo les exige para darles obra. “Se quejaron de otras circunstancias”, dijo el titular de la SEV, quien declaró que le llamó a Montalvo para preguntarle sobre este señalamiento contra su pariente político, y que el funcionario le juró que no lo tiene en la nómina de Espacios Educativos.

Para qué, si según los empresarios él es que les cobra los “moches”

‘Don Agus’, el opaco

Por cierto, ahora que en el Senado de la República está por darse el parto de los montes con la aprobación de la cacareada iniciativa del Sistema Nacional Anticorrupción que podría ser aprobada el próximo martes 21 por el pleno de la Cámara alta del Congreso de la Unión, hay en Veracruz algunos viejos políticos priistas que con motivo del reciente aniversario luctuoso del ex gobernador Agustín Acosta Lagunes, realizado el pasado martes 14 de abril en la ex Hacienda de El Lencero, han recordado un lamentable pasaje ocurrido en la administración del extinto economista con raíces familiares en Paso de Ovejas, cuya desacertada decisión en aquél momento impidió que actualmente se le ubicara en la historia del estado como uno de los mandatarios veracruzanos más visionarios en esta materia.

Y es que cuentan que en la LIII Legislatura local (1980-1983), la primera de su sexenio, el diputado José Lima Cobos, del PRI, propuso reformar la Ley Orgánica del Municipio Libre para obligar a los ediles de la entidad a que además de dar a conocer detalladamente todo su patrimonio también explicaran cómo lo habían adquirido.

La llamada “Ley Lima” se aprobó casi por unanimidad, pues sólo dos legisladores priistas votaron en contra: Ignacio González Rebolledo y Adalberto Tejeda Patraca, quienes por ese entonces aspiraban a las presidencias municipales de Xalapa y del puerto de Veracruz, respectivamente, las cuales asumieron finalmente en diciembre de 1982.

Pero ni el porteño Tejeda Patraca ni el xalapeño González Rebolledo tuvieron que declarar el monto de sus bienes ni rendir explicaciones sobre cómo se habían hecho de ellos, pues la reforma a la Ley Orgánica del Municipio Libre jamás entró en vigor porque pese a haber sido aprobada por el pleno de la LIII Legislatura local nunca fue publicada por el titular del Poder Ejecutivo en la Gaceta Oficial del Estado.

Y cuando Lima Cobos, actual magistrado agrario, quiso volver a someter su iniciativa a la consideración de los representantes del Poder Legislativo, fue llamado al despacho de Acosta Lagunes, quien muy a su estilo logró persuadir al diputado nativo de Tamiahua para que en ese momento se desistiera de reactivar su incómoda propuesta, pues en el país aún gobernaba el presidente José López Portillo, su amigo, cuyo agonizante régimen quedaba estigmatizado por los graves escándalos de corrupción.

Agustín Acosta habría prometido retomar después el asunto, pero finalmente se olvidó de él no obstante que Miguel de la Madrid Hurtado, el sucesor de López Portillo, había enarbolado la bandera de la “Renovación Moral” en su campaña presidencial de 1982.

Por eso, quienes en el reciente homenaje al ex gobernador Acosta Lagunes con motivo del cuarto aniversario de su muerte quisieron reconocerle públicamente al ex mandatario sobre todo su compromiso por la “transparencia” en el manejo de los recursos públicos, seguramente hace tres décadas aún cursaban la educación primaria o no vivían en Veracruz.

Y si no que le pregunten también al maestro Juan Nicolás Callejas Arroyo, actual coordinador político de la LXIII Legislatura local, quien hace 35 años debutó como diputado al Congreso del estado gracias a la influencia de su tío Alfonso Arroyo Flores, el poderoso líder magisterial que en marzo de 1984 murió de un presunto paro… cardiaco en un motel de Banderilla.