No era necesario que el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) realizara una encuesta para saber la percepción ciudadana sobre la corrupción que campea en los gobiernos locales. Las constantes denuncias –tanto en los medios de comunicación que no cuentan con candados para decir la verdad como en las redes sociales– apuntan justamente a establecer una línea de conducta que afecta gravemente el desarrollo de la entidad, tanto en el gobierno estatal como en los gobiernos municipales.

Y no es que Enrique Benítez Ponce, director de Promoción, Difusión y Contraloría Social del Orfis, descubriera el hilo negro en una charla que, sobre participación ciudadana, sostuvo con estudiantes de la UV en la USBI de Ixtaczoquitlán, donde reconoció que en la actualidad la sociedad tiene un mal concepto de los servidores públicos.

En cada rincón del estado, incluso en los más remotos y marginados, y en cada oficina pública, los veracruzanos nos topamos cotidianamente con actos de corrupción que no son perseguidos y, en ocasiones, son abiertamente solapados por los órganos de control de los poderes ejecutivo y legislativo, los que se han convertido en verdaderas maquinarias de complicidad y latrocinio compartido, entre ellos, el mismo Orfis.

El problema que no atacó el funcionario, cuya buena intención se quedó en un mero acto de constricción, fue que de nada servirá la participación ciudadana si los actos denunciados por grupos o individuos solo son tomados como alerta para echarle tierra al excremento.

Según Benítez Ponce, derivado de un ejercicio realizado recientemente mediante encuesta, el 66 por ciento de la población opina que los gobiernos locales (municipales) en el estado no han tenido resultados en materia de empleo, 59 por ciento reconoció que no se siente satisfecho en materia de educación, mientras que 58 por ciento se siente insatisfecho con la aplicación del recurso público y su transparencia.

Y este último punto, que debiera tener su correlato en la investigación puntual por parte de ese órgano de control, es el que está poniendo en verdadero jaque al gobierno de Javier Duarte de Ochoa.

La corrupción la están premiando

Mientras hubo dinero para tapar los hoyos que eran descubiertos, se contaba con la complicidad de los medios predilectos del régimen para evitar que fueran divulgados y había condescendencia de los dirigentes y diputados de oposición que han sido comprados vergonzosamente, los escándalos se mantuvieron en un segundo plano, eran manejables y fácilmente remitidos a la desmemoria.

Hoy, sin embargo, las cosas se han complicado. La Contraloría General del Estado y la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) están debiendo usar todos los plazos otorgados por la ley para, por ejemplo, justificar los presuntos quebrantos financieros denunciados por la Auditoria Superior de la Federación (ASF) en el ejercicio presupuestal de 2013.

En ejercicios similares, con parecidos señalamientos, como ha ocurrido para las cuentas públicas de 2011 y 2012, las observaciones fueron solventadas mediante la rápida obtención de documentos probatorios del gasto en recursos federales o, en el peor de los casos, el regreso a la Federación de aquellos recursos que ni por dónde podrían ser justificados.

En el momento actual, sin embargo, dos factores operan en contra: 1. No hay dinero en las cuentas bancarias del gobierno estatal, y 2. Cruzamos por un periodo electoral en que, aunque los actores políticos reciban apoyos, buscan capitalizar los errores del gobierno priista para ganar los comicios federales, llevar al mayor número de diputados al Congreso de la Unión o simplemente ganar el mayor número de sufragios. Muchos dirigentes comprados, incluso, deben asegurar el número suficiente de estos últimos para no perder el registro de sus partidos.

Lo que escucharon los estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración de la UV que asistieron a la charla, encabezados por la vicerrectora Beatriz Rodríguez Villafuerte, fue una manera de echar un poco de humo sobre las acusaciones que han menudeado en contra de funcionarios estatales, mediante la descalificación de las administraciones municipales que por supuesto tienen riesgo de encontrar su talón de Aquiles en las revisiones que la ASF realice sobre la cuenta pública de 2014 (y en adelante).

En efecto, que la mayoría de los alcaldes esté echando en saco roto sus planes de desarrollo y sean demasiado permisivos en el uso discrecional de los recursos propios, estatales y federales que les han sido autorizados, debe ser un punto de preocupación, siempre que la observación de cómo se aplican los recursos públicos también se fiscalice, incluso con mayor rigor, en las dependencias del Ejecutivo estatal.

Benítez Ponce reconoció ante los estudiantes que la impunidad es uno de los principales problemas a los cuales nos enfrentamos en México, un problema que además da origen también a la corrupción.

El problema es que el funcionario del Orfis, si bien señala la benevolencia de la denuncia formal contra actos de corrupción, no puso en tela de juicio las dificultades que los ciudadanos enfrentamos, primero, para reconocer los mecanismos de denuncia y los órganos que deben recibirla y atenderla, y segunda, la inexistencia de normas que obliguen a dichos órganos a investigar las denuncias so pena de hacerse acreedores de severas reconvenciones.

“Debemos generar una conciencia social en torno a la denuncia formal, no sólo poner en redes sociales nuestras quejas o inconformidades, pues podemos caer en difamación; es importante conocer los mecanismos de denuncia y presentar las pruebas correspondientes para que se aplique la ley”, dijo Benítez.

Tal vez por eso se atrevió a pedir a los veracruzanos participar activamente en las decisiones municipales, coadyuvar a la creación de gobiernos abiertos que ponderen la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas, a través de algunos ejes rectores como gobiernos centrados en la ciudadanía, presupuestos abiertos y participativos, información accesible para el desarrollo y empoderamiento de la participación ciudadana, y gobernanza de los recursos naturales.

Las denuncias desoídas

Es posible que la política de comunicación social impuesta desde el primer día de este gobierno, primero a través de la deleznable Gina Domínguez Colío, hoy cara dirigente de la Fundación Colosio; luego, con el desparpajo del hoy candidato a la diputación federal por Tuxpan, Alberto Silva Ramos, y en la actualidad, por un experto en mercadotecnia, el joven maravilla Juan Octavio Pavón González, de fracasado paso por RTV, no signifique otra cosa que la soberbia con que ha gobernado Javier Duarte de Ochoa.

No de otra manera puede explicarse que, durante su mandato, la prensa no haya operado, según los clásicos, como el espejo del poder, el medio de interlocución entre sociedad y gobierno, el elemento crítico que permite domeñar los abusos o atemperar los excesos, y no solo para comunicar con embeleso las escasas acciones de gobierno. Su relación ha sido de obligada convivencia, en un trato de desdén y de ignorancia.

Lo digo a propósito de la inacción de su gobierno para atender graves denuncias contra uno de sus funcionarios menores, Fernando Arteaga Aponte, director de Cecytev, quien abona al profundo descrédito estatal y nacional del sector educativo veracruzano, por documentadas denuncias hechas tanto por la Auditoria Superior de la Federación como por organizaciones no gubernamentales como Mexicanos Primero, que encabeza el empresario Claudio X. González.

La entrada a la titularidad de la SEV del abogado Flavino Ríos Alvarado, de amplio reconocimiento como político y profesional del derecho, que le ha llevado a realizar un papel destacado en el Congreso local, hacía abrigar esperanzas de una reingeniería y un mayor control en el manejo de los abundantes recursos estatales y federales que recibe la dependencia, con mucho la que más presupuesto maneja, por arriba del sector Salud y cualquiera que se le ocurra.

Sin embargo, salvo despedir a decenas de empleados y funcionarios menores (sin tocar, en apariencia, a los comisionados sindicales), el doctor en Derecho ha hecho mutis sobre los innumerables desfalcos que se realizan en nombre (y a costa) de la educación.

Preocupado por consolidar un equipo político, ha dejado por desgracia a quienes hacen daño a Veracruz, con corruptelas que son fácilmente identificables desde su puesto (como el ya mencionado) y, en cambio, podría poner en riesgo proyectos como el del Instituto Consorcio Clavijero, donde ha llevado como director a quien estuviera al frente del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos (Itesco), Ricardo Orozco Alor, cuyos primeras acciones cuando fungió como asesor del minatitleco en la SEV fue poner en conflicto a todo el sistema tecnológico, con el aparente propósito de tirar al experimentado Francisco Rangel Cáceres, apenas nombrado como director general de Educación Tecnológica en junio de 2014.

¡Vaya decepción!

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