Hay veces que uno quisiera que la lengua se nos hiciera chicharrón, que las previsiones sobre la economía y las finanzas públicas hechas con toda buena fe, aunque con muy mala espina, fueran meros producto de nuestra febril imaginación, que tuviéramos funcionarios capaces y un gobernador con liderazgo para no tener que llegar a los extremos a que hemos llegado, que fueran verdad las versiones de los sucesivos secretarios de Finanzas y Planeación sobre que la deuda es cosa de niños.
Pero, no.
Cuántas veces ha salido el propio gobernador a rebatir a analistas y políticos que observamos la debacle financiera del gobierno; cuántas veces se les pidió mesura en el gasto, orden en su manejo, renunciar a obras y eventos suntuarios como los Juegos Centroamericanos y del Caribe que, en lugar de darnos prestigio internacional y atraer turismo, nos dejaron en vergüenza… pero no hicieron caso, andaban en la nube de la inminente prosperidad que nos legaría la reforma energética.
Y ahí están las consecuencias: la enésima ‘reingeniería’ gubernamental.
Ayer por la tarde, en esos eventos que se anuncian últimamente y uno espera lo peor, Javier Duarte de Ochoa mostró que enfrentará el ocaso de su administración de la misma manera como la comenzó, con anuncio de ajustes en el gasto, despido de cientos de empleados (aunque haya dicho que lo que se haga es para evitarlo), adelgazamiento de la estructura burocrática, disminución de la inversión pública, fuertes restricciones a los programas de mayor dinamismo desarrollados por los organismos descentralizados.
Así comenzó en 2011 ante la enorme deuda pública heredada por el exgobernador, su jefe y amigo: obligó a cientos de burócratas a ‘solicitar’ su retiro voluntario (luego tardó meses para pagar sus liquidaciones), redujo los salarios de los mandos medios y bajos; obligó a los empleados a financiar con sus salarios los gastos de traslado en comisiones de trabajo por nuestra enorme geografía, hizo como que castigaba los quebrantos financieros de funcionarios y alcaldes y, al final, no logró reparar la nave.
El decálogo para enfrentar el fracaso
Emulando al presidente Enrique Peña Nieto, que siempre busca superar crisis mediante decálogos y fórmulas, el gobernador Javier Duarte de Ochoa invitó a la prensa a acudir a una reunión de trabajo por la tarde en Palacio de Gobierno, para anunciar sus diez mandamientos:
- Reducir estructuras y costos, y mejorar ingresos estatales de los organismos descentralizados, mediante su conversión en organismos desconcertados;
- Evitar duplicidades y eficientar la operación de las dependencias administrativas, mediante la revisión de su funcionamiento;
- Controlar el pago de los servidores públicos de acuerdo a los tabuladores aprobados;
- Evitar que el personal del servicio público cobre en dos o más lugares;
- Reducir costos en arrendamientos de edificios para oficinas;
- Reducir el número de asesores y el personal de apoyo adscritos a mandos medios y superiores, y prohibir los servicios de seguridad personal;
- Permitir solo la contratación de asesoría y estudios públicos que estén plenamente justificados;
- Reducir al mínimo los apoyos otorgados mediante subsidios;
- Celebrar convenios especiales de cooperación para que se depositen las cuotas y aportaciones de los trabajadores al Instituto de Pensiones del Estado, para garantizar el pago oportuno a los pensionados, y
- Crear una comisión de gasto-financiamiento, encargada de evaluar y dar seguimiento a este plan de ajuste.
Varias preguntas saltan a la vista:
¿Se apretarán el cinturón el gobernador Duarte y los miembros de su gabinete?, ¿dejaremos de ver las enormes caravanas con vehículos blindados y elementos de seguridad que acompañan al gobernador y al secretario de Seguridad Pública?, ¿se evitará el dispendioso uso de recursos públicos en viajes y comilonas?, ¿se ajustará la enorme sangría que significa que cientos de dirigentes magisteriales y sus familias detenten dos o más plazas de tiempo completo?, ¿terminará la costumbre de comprar adversarios mediante alcabalas y ‘subsidios’?
Veracruz se enfrentará en los últimos meses del gobierno duartista a una grave tendencia hacia la parálisis.
El colmo es que se culpe de esta situación a la caída en los precios del petróleo, a la incertidumbre ante el posible incremento de las tasas de interés de Estados Unidos y a la desaceleración de la economía global y, en cambio, nada se diga de la pésima gestión administrativa y financiera durante su gobierno, del desvío de recursos observado por la Auditoria Superior de la Federación, del manejo irresponsable de los ya de por sí escasos recursos públicos.
“Veracruz no es ajeno a esta crisis económica por lo que, de forma oportuna y responsable, el gobierno del estado se suma a este esfuerzo para enfrentar el entorno de volatilidad de la economía nacional”, dijo.
¿Por qué querer ocultar en ese amplísimo referente lo que en muy buena parte es responsabilidad de su gobierno y del que le precedió?
Y en ese penumbroso entorno, aparece en escena el sexto titular de la Sefiplan, Antonio Gómez Pelegrín, en sustitución de Mauricio Audirac Murillo, en medio de los escándalos por el mal manejo de los recursos federales.
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