Ahora que la Auditoría Superior de la Federación exhibió al gobierno de Veracruz con el mayor número de recomendaciones y observaciones respecto a la Cuenta Pública 2013, en algunos círculos políticos y empresariales de Xalapa comienzan a preguntarse sobre la responsabilidad compartida del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) y de la Contraloría General del Estado (CGE), el primero por ser un ente auditor supuestamente “autónomo” que por ley debió reportar previamente al Congreso local los daños patrimoniales detectados por la ASF, y la segunda por tratarse de una dependencia centralizada del Poder Ejecutivo cuya función fiscalizadora es esencialmente “preventiva”.

¿Por qué los veracruzanos hemos tenido que enterarnos de las millonarias irregularidades administrativas por conducto del máximo órgano auditor del país y no por las instancias locales? ¿El ORFIS y la CGE son instituciones disfuncionales o los que están fallando son sus titulares por ineptitud o complicidad? Y es que, año con año, esta situación se ha tornado recurrente.

En 2005, recién iniciado su sexenio, cuando comenzaron a filtrarse en los medios de comunicación los desvíos e irregularidades de la administración de su antecesor Miguel Alemán Velasco, el entonces gobernador Fidel Herrera empezó a ponderar la desaparición del ORFIS, pues aducía que resultaba sumamente costoso en comparación con lo poco que lograba recuperar y reponer de los daños causados al patrimonio del estado y municipios.

Inclusive, en plática privada con algunos comunicadores, Herrera llegó a comentar que en su opinión resultaba más conveniente retornar al esquema anterior, cuando la fiscalización a los entes públicos se ejercía desde la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso local.

Sin embargo, quién sabe por qué nunca procedió a desaparecer el ORFIS, cuya credibilidad también minó paradójicamente él cuando al término de su gestión brotaron las corruptelas, fraudes y saqueos que dejaron en bancarrota las finanzas del estado, con una deuda superior a los 80 mil millones de pesos, oficialmente no reconocida.

El 27 de noviembre de 2013, por ejemplo, al comparecer ante laLegislatura local para la glosa del tercer informe del gobernador Javier Duarte, el entonces titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, Gerardo Buganza Salmerón, volvió a destapar la cloaca del régimen fidelista al informar de las acciones legales que había emprendido la dependencia a su cargo, pues mencionó un listado de obras que aún no se habían concluido desde los desastres naturales ocurridos en septiembre de 2010 y cuyo daño patrimonial ascendía a 170 millones de pesos, razón por la cual, dijo, tuvieron que presentar 18 denuncias ante la Procuraduría General de la República. También aludió a la rescisión de contratos por más de mil 160 millones de pesos y a la presentación de denuncias penales ante la PGR contra 58 constructoras por el fraude en que incurrieron al recibir anticipos de 50 y hasta 84 por ciento para obras que finalmente no realizaron, como verbigracia un puente en el municipio de Martínez de la Torre que se reportó con un avance físico del 90 por ciento pero que jamás se inició, así como para otras construcciones que dejaron abandonadas o que simplemente no existen.

Pero lo expuesto por Buganza ante los diputados ya había sido informado públicamente también, desde tres años antes, por el propio gobernador Duarte, quien en marzo de 2011 declaró que su administración investigaba a 156 empresas constructoras que incumplieron con los proyectos de obra pública y que habrían incurrido en daño patrimonial al erario por más de 900 millones de pesos. Desde entonces, el mandatario veracruzano dijo que su gobierno actuaría “con toda la firmeza y determinación, porque aquí no hay circunstancias especiales y quien esté al margen de la legalidad tendrá que asumir las consecuencias”.

Pero el 11 de marzo de 2014, el presidente de la Fundación “Mexicanos Primero”, Claudio X. González Guajardo, increpó públicamente a la subsecretaria de Educación Básica del estado, Xóchitl Adela Osorio Martínez, sobre las presuntas irregularidades reportadas también por la ASF en la aplicación de recursos federales a la educación en Veracruz durante los ejercicios fiscales 2010 y 2011. “Seis mil millones de pesos en dos años. Maestra Xóchitl: ¿qué haría usted con 6 mil millones de pesos? ¡Maravillas! ¿Verdad? Ni nos imaginamos esa cifra. Esa cifra que se perdió aquí es un chorro”, cuestionó.

Este domingo 1 de marzo, en la cuarta reunión regional de Alianza Generacional celebrada en Minatitlán, el senador priista Héctor Yunes Landa amagó con ser el primero en exigir cuentas claras una vez que la ASF concluya el procedimiento sobre las observaciones efectuadas a la Cuenta Pública 2013. “Si en este reporte conclusivo hay indicios fundados de que  funcionarios del gobierno del estado se comieron algo de un plato ajeno, exigiremos, en principio, que lo vomite, para inmediatamente después demandar sea inhabilitado como servidor público y puesto tras las rejas, como castigo y como ejemplo para quienes tengan la misma tentación de disponer del dinero público como si fuera el propio”, advirtió Yunes Landa, quien manifestó que los veracruzanos están hartos del abuso y que éste sólo se desvanecerá con la justa, firme, rigurosa y ejemplar aplicación de la ley.

Y propuso “un manicure permanente” a los funcionarios con manejo presupuestal. “No permitamos que les vuelvan a crecer las uñas que tanto ha lastimado las arcas públicas de nuestro estado”, dijo ante la algarabía de cientos de aliancistas del sur de la entidad.

¿Ahora sí los manicuristas locales –el auditor general del ORFIS y el contralor del estado– se atreverán a usar sus lijas y cortauñas? ¿Se los permitirá su verdadero jefe?