Resulta entendible ahora por qué Antonio Tarek Abdalá Saad, sin mayores méritos políticos y partidistas, ha sido perfilado como precandidato del PRI a la diputación federal por Cosamaloapan, el mismo distrito electoral por el que también buscaba participar Javier Herrera Borunda, el hijo del ex gobernador Fidel Herrera Beltrán que actualmente trabaja como asesor en el gobierno de Manuel Velasco Coello en el estado de Chiapas.

Y es que al ex tesorero de la Sefiplan, como a otros ex funcionarios duartistas que también buscan llegar al Congreso de la Unión, le urge conseguir fuero legislativo. Tarek es uno de los principales implicados en el desbarajuste financiero que acaba de dar a conocer la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre la Cuenta Pública 2013, cuyos resultados han dejado malparado al gobierno de Veracruz ya que de todas las entidades federativas del país fue el que mayor número de recomendaciones y observaciones recibió.

Abdalá Saad, como bien se recuerda, llegó a la Tesorería de la Sefiplan a principios de febrero de 2012, luego de que Vicente Benítez González, actual Oficial Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), renunció atemorizado por el escándalo de la detención de dos de sus auxiliares que portaban 25 millones de pesos en efectivo, los cuales fueron confiscados por la Policía Federal en el aeropuerto de Toluca.

Pero, según se ve, el precandidato priista cuenqueño no tendría por qué perder el sueño, ya que de acuerdo con el procedimiento estipulado por la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, las autoridades del estado cuentan con un plazo de hasta 30 días hábiles, una vez que se notificaron los Pliegos de Observaciones, y de 10 días para responder a las Recomendaciones formuladas por la ASF. A partir de entonces, el órgano fiscalizador dispone de 120 días como máximo para emitir su pronunciamiento final, que bien podría darse hasta después de las elecciones del 7 de junio próximo.

Y es que, además, la Auditoría Superior de la Federación omitió informar a la Cámara de Diputados sobre las denuncias de hechos presentadas por irregularidades penales detectadas durante la fiscalización que llevó a cabo.

El auditor Juan Manuel Portal, al entregar el Informe de Resultados de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2013, indicó que las denuncias de hechos, que constituyen los temas más graves de corrupción que son detectados, serán presentadas próximamente conforme vayan concluyendo los expedientes respectivos. “Las denuncias de hechos correspondientes a la Cuenta Pública 2013 se presentarán conforme a lo dispuesto en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, cuando se tengan los elementos para tal efecto, como lo ha venido haciendo en años anteriores la ASF”, indicó Portal en su mensaje, no obstante que en años anteriores, al presentar el Informe de Resultados, en el documento se incluía el número de denuncias formuladas correspondientes al año fiscalizado. Por ejemplo, en el Informe de la Cuenta Pública 2012 se reportó que fueron presentadas 147 denuncias de hecho y en el Informe de la Cuenta Pública 2013 sí vienen contenidas las denuncias presentadas de 2012 hacia atrás.

En conferencia posterior al informe, Portal indicó que a la ASF no le corresponde la integración de las averiguaciones previas sino al Ministerio Público, y que por lo tanto desconoce cuántas personas han sido encarceladas derivado de las denuncias presentadas.

¿Alguien cree que Tarek y otros ex funcionarios bajo sospecha del manejo irregular de los recursos federales transferidos al estado en 2013 deveras serán castigados? Todo parece indicar que no. El diario capitalino Reforma consignaba ayer que en 14 años de revisión de cuentas públicas, la Auditoría Superior de la Federación ha realizado 444 denuncias de hechos y que sólo han derivado en siete consignados, por lo que si se toma en cuenta que la ASF recibió en ese periodo 12 mil 670 millones de pesos, resulta que consignar a cada uno costó mil 810 millones de pesos del dinero de todos los mexicanos. ¡Aplausos, por favor!

Raja política

Por cierto, uno de los que han aprovechado para sacar raja política del informe de la ASF es el senador priista Héctor Yunes Landa, quien este lunes 23 difundió un boletín de prensa en el que manifestaba que “como representante de Veracruz ante el Senado me inquietan las observaciones que ha hecho la Auditoría Superior de la Federación a la cuenta pública 2013 de Veracruz”.

Sin embargo, Yunes Landa no ha dicho por qué el Senado de la República se negó a entregar a la ASF los comprobantes de gastos de más de mil 200 millones de pesos que fueron ejercidos discrecionalmente por los grupos parlamentarios en 2013, entre ellos el del PRI, del que forma parte. La Auditoría cuestionó esa omisión en materia de rendición de cuentas, tras recordar que los senadores incluso pidieron una ampliación de 120 millones de pesos, respecto al presupuesto aprobado originalmente para “asignación a los grupos parlamentarios”. Según la ASF, la Cámara alta no sólo duplicó el “apoyo económico” que se entregaba cada mes a los secretarios de la Mesa Directiva, al pasar de 100 mil a 200 mil pesos, sino que además se autorizó la entrega de 50 mil pesos mensuales a todos sus integrantes para “gastos de representación”.