Ni cuando se analizaron las cuentas públicas estatales de 2011 y 2012, que presentaron serias irregularidades en el manejo de los recursos federales por parte del gobierno veracruzano y se identificaron movimientos que parecían ser indicios de desvío de recursos, se armó tanto barullo como en las conclusiones de la Auditoria Superior de la Federación respecto de la cuenta pública de 2013.

A pesar de las continuas observaciones del gobierno federal y su órgano de control para que el gobierno de Javier Duarte de Ochoa evitara la inveterada costumbre de canalizar cualquier tipo de recursos a una sola cuenta concentradora, la denominada licuadora, el indisciplinado y opaco mecanismo se siguió usando y hoy parece (solo eso) que puede ser un sólido argumento para llamar a cuentas a una serie de conocidos operadores financieros que han obrado en la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).

No solo lo ha dicho el auditor superior Manuel Portal, quien fue muy enfático, incluso ante los medios de comunicación, sobre el cochinero financiero fraguado en el gobierno veracruzano, que presupone posibles desvíos por un monto superior a los 7 mil millones de pesos.

También se han unido a la crítica demoledora por las circunstancias por las que atraviesan las finanzas públicas estatales los senadores priistas Héctor y José Francisco, ambos Yunes, los dos del PRI, y el senador panista Fernando Yunes.

Solo el diputado local de Alternativa Veracruzana (AVE), Francisco Garrido Sánchez, ha defendido al gobierno estatal, ha actuado incluso con mayor virulencia contra la Auditoria Superior de la Federación que el propio titular de la Sefiplan, y ha acusado al funcionario federal de una vendetta política contra Duarte.

Todos los demás actores políticos han mostrado preocupación y, algunos, incluso vergüenza, porque en los últimos años Veracruz ha logrado abominables liderazgos, como el de mayor número de periodistas asesinados, mayor corrupción, uno de los primeros lugares en secuestros, uno de los más endeudados y el de menor desarrollo y competitividad.

¿Qué es lo que sigue?, ¿se iniciarán procesos judiciales para llevar a la cárcel a los funcionarios que han participado en el desvío de recursos, como quienes han sido titulares de la Sefiplan, han sido tesoreros o subsecretarios?, ¿o la magia de la comprobación y el retorno de miles de millones de pesos a las arcas federales que ilegalmente eran retenidos por el gobierno estatal, salvará el expediente y todo seguirá en santa paz?

¿Desbalance fiscal o manejo inescrupuloso?

Aunque pareciera que lo justifica, el delegado en Veracruz de la Secretaría de Gobernación, Alberto Amador Leal, ayer hundió más a los funcionarios de la Fidelidad, porque abonó en la hipótesis de la ASF intentando infructuosamente de explicar las razones de la licuadora: aumento de deuda y falta de recursos.

Según el acucioso jefe de los delegados federales, estas dos circunstancias habrían explicado que los administradores estatales de fondos federales transfirieran recursos de una cuenta a otra, incurriendo en irregularidades, por lo que es necesario, según su dicho, administrar mejor las cuentas de los recursos federales y evitar usar el dinero para rubros que no corresponden y no están etiquetados.

Pero si el funcionario federal quiso invocar mesura en los juicios contra el gobierno estatal, aduciendo que es uno de los estados que mayor nómina pagan por educación (mucho, gracias a negociaciones políticas con los sindicatos), quien no tuvo misericordia fue el senador Fernando Yunes Márquez, quien hasta anunció que denunciaría penalmente tanto al gobernador Javier Duarte como a otros de sus funcionarios.

“Como representante del estado de Veracruz es mi obligación hacerlo, no podemos acostumbrarnos a que se roben el dinero de manera impune y que nadie haga absolutamente nada; es dinero que ellos ocupan para beneficio personal, para las propias campañas políticas, hay que recordar que este es un recurso que viene con 2 años de antigüedad, es decir, se lo robaron prácticamente para la campaña del año 2013”.

Pero el senador priista Héctor Yunes Landa no se anduvo por las ramas. Ante las recomendaciones y observaciones de la ASF a la cuenta pública de 2013, pidió que tanto el gobierno federal como el estatal castiguen a los funcionarios que incurrieron en responsabilidad administrativa, de quienes dijo que son susceptibles de ser denunciados penalmente por el manejo inadecuado de los recursos públicos.

Y expresó que la Sefiplan está obligada a explicar e informar porqué ha retardado la entrega de los recursos de participaciones federales a los ayuntamientos que, por cierto, vienen etiquetados. «Hay un retraso que me parece no es de lo más responsable, porque los ayuntamientos tienen compromisos prioritarios por cumplir, sin importar el partido que gobierna, pero es muy clara la Ley de que los recursos deben ser entregados a más tardar cinco días hábiles»,

Ayer mismo, el gobierno estatal anunciaba que había transferido 143 millones 371 mil 870 pesos con 71 centavos a 199 ayuntamientos que participan de la bursatilización, y seguramente se buscará tapar los enormes hoyos abiertos para disminuir las presiones del ente fiscalizador. Lo cierto es que no le alcanzarán los recursos si consideramos que debió reintegrar a la Federación cerca de 2 mil millones de pesos.

En los siguientes 30 días, según lo han declarado desde el gobernador Javier Duarte hasta el contralor Ricardo García Guzmán, así como varios diputados locales que están muy involucrados con el tema, el gobierno local tendrá que solventar las observaciones hechas por la ASF. Y confían en limpiar el expediente.

El estigma de la corrupción y el desaseo financiero, sin embargo, nadie lo podrá borrar.

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