Por peculado, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones, uso indebido de atribuciones y facultades, más lo que resulte, ha sido denunciado ante la Procuraduría General de la República el gobernador Duarte.

Su participación accionaria en un banco regional, desviando recursos públicos, parece ser la punta del iceberg de un escandaloso entramado de corrupción, que le ha valido ser considerado el más corrupto de la historia.

En efecto, el abogado Jaime García Chávez ha documentado la participación de César Duarte Jáquez, gobernador de Chihuahua, y de su esposa Bertha Olga Gómez Fong, en el desvío de recursos del erario por un monto inicial de 65 millones de pesos, a través de un fidecomiso formado en 2012 para que Banorte adquiriera para ellos acciones del Banco Progreso de Chihuahua.

 En una nota publicada por el periódico digital Sin Embargo, el activista anticorrupción señala que Duarte incluso nombró a Jaime Herrera, que participó en la creación del entramado financiero, “como su Secretario de Hacienda, y empieza un movimiento económico a favor de este banco que arroja, según una información obtenida a través de la Ley de Transparencia, alrededor de 80 mil millones de pesos de recursos públicos en dos años”.

 Con la información que ha logrado obtener, García Chávez interpuso en septiembre la denuncia ante la PGR, que ya ha sido respaldada por el senador Javier Corral Jurado y el exgobernador Francisco Barrio Terraza, desde la agrupación Unión Ciudadana.

Corral Jurado, además de señalar que tienen muchas pruebas para ir contra el Gobernador, señala algo que ocurrió en Veracruz con Fidel Herrera: un endeudamiento desmesurado e injustificable en términos de inversión pública. Y es que en un año, dijo, Chihuahua se convirtió en el estado con el mayor incremento de deuda. En 2013 la elevó en un 79 por ciento respecto al año precedente, de manera que mientras en 2012 la deuda estatal era de 5.6 por ciento respecto al Producto Interno Bruto (PIB), para 2013 se elevó a 9 por ciento.

 Incluso, en el Senado de la República, se han unido las fracciones parlamentarias del Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido del Trabajo (PT), además de legisladores del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), para exigir a la PGR a que asuma de inmediato esta denuncia.

El presidente Enrique Peña Nieto tiene, a través de la fiscalía, una buena oportunidad para demostrar que no es mera palabrería su discurso de atacar frontalmente a la corrupción y la impunidad.

Más profundidad, secretario Ríos

Muy poco tiempo le llevó a Flavino Ríos Alvarado, prestigioso abogado minatitleco, con una amplia experiencia legislativa y jurídica, determinar que en la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), en que sustituyó a Adolfo Mota Hernández, conocido como el chapulín colorado, no hay ‘aviadores’.

Abrió la posibilidad de que hace un año sí los hubiera, al señalar que los datos difundidos por la prensa nacional eran de hace un año, pero categóricamente negó que la situación fuera un problema latente en la dependencia.

Y no le tomó mucho tiempo cerciorarse de ello, apenas 15 días; tampoco brindó elementos tangibles sobre la procedencia de su certidumbre al respecto, lo que quiere decir que tiene plena confianza en los funcionarios que le fueron heredados.

En efecto, solo dos cambios ha realizado en su equipo; el último, ayer martes, cuando mandó a la banca a un personaje que había generado señalamientos sumamente críticos de parte de empleados y de la prensa veracruzana, Oswaldo Pérez Pérez, ahora exdirector de Telebachillerato, a quien el periodista Raymundo Jiménez le dedicó hace poco su columna Al pie de la letra, criticando su inoperancia y la generación de conflicto con los dirigentes magisteriales, entre otras anomalías.

Quien entró en su lugar ha sido Conrado Arenas Contreras, quien ya fue alcalde de Coatepec en el sexenio de Dante Delgado Rannauro, con una buena gestión a favor de sus paisanos, aprovechando las oportunidades que dio el programa Solidaridad. Pese a su incursión en política, Arenas no es improvisado en el sector educativo, pues ya fue director de Educación Secundaria.

De todas maneras, quedan en el aire los señalamientos hechos por el mismísimo titular de la SEP, Emilio Chayffet Chemor, en el sentido de que, a nivel nacional, se detectan unos 16 mil docentes que, pese a que los estados ya solicitan sus respectivos emolumentos, sus plazas no se encuentran validadas por la dependencia federal.

Como sugirió Flavino, en abril próximo se cumplirá un año de que el mismo funcionario peñista lanzara la voz de alerta por la existencia de 39 mil 222 personas que cobraban un salario sin que nadie supiera dónde prestaban sus servicios, muchos de ellos en Veracruz.

En esa oportunidad, Emilio Chuayffet dijo que, según el censo escolar levantado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en la nómina de la dependencia había además 30 mil 695 maestros comisionados o con licencia.

Ese mismo censo habría de mostrar la inexistencia de muchos planteles que eran reportados como centros de trabajo de miles de profesores y se hizo escándalo nacional por el hecho de que en la Cuenca del Papaloapan, particularmente en Otatitlán, había casi tres cervecerías por cada plantel educativo, muchas de las cuales prácticamente cercaban a los educandos, quienes mostraban un alto índice de alcoholismo desde edades tempranas.

Una actitud que se esperaría de un funcionario de la talla de Flavino es que investigue más a fondo los problemas que subsisten en el sistema educativo estatal, que se dé su tiempo para corroborar qué le afecta a la dependencia y haga los movimientos y programas que permitan recomponer lo fallido. Tratar de ocultar los problemas no ayuda a resolverlos.