Quiero tratar de entender a quienes se han venido desgarrando las vestiduras por la inminente aprobación de la Legislatura de un periodo gubernamental de dos años, con el fin de ajustar la elección de Gobernador en nuestro estado con la de Presidente de la República.
Bueno, los comprendo y trato de entenderlos.
Los comprendo, porque sienten que esa medida afecta los intereses del personaje que en cada caso apoyan y quisieran fuera su candidato a ocupar la máxima silla veracruzana. Eso quiere decir que esa medida afecta también sus propios intereses personales, porque es de humanos que uno se haga ilusiones con un futuro más promisorio, de la mano de un supuesto mandatario más afín a nuestro corazón y a nuestro bolsillo. El que más y el que menos, ya se sienten dueños de una secretaría o de un puesto importante o con el manejo de un buen presupuesto, o de perdis con el beneficio impoluto de un significativo emolumento quincenal, conocido como aviaduría… o de jugosos contratos o convenios provechosos o apoyos contantes y sonantes en efectivo.
Los comprendo, pues, pero trato de entender los razonamientos que esgrimen en contra de esa medida; razonamientos que intentan ser razonables.
Veo que lo más socorrido es que digan que el ajuste sangrará a la economía estatal, porque cada elección cuesta miles de millones de pesos y entonces se perderían esos dineros, que mejor podrían ser aprovechados en obras y acciones en beneficio de los más necesitados.
Ummm, es cierto y no.
Es cierto, porque efectivamente cada proceso electoral implica el uso de dineros públicos, el gasto en propaganda, en mítines, en comelitones, en giras y recorridos. Pero queda a un lado esa certeza cuando pensamos que esos dineros que se gastan van a parar a los bolsillos de miles de pequeños y hasta ínfimos empresarios, porque una campaña se hace con pintas de paredes y mantas, y ahí se contratan pintores; se hace con tamales que elaboran cocineras populares a todo lo largo de la geografía estatal, y que con eso obtienen un ingreso adicional que les permite salir de un apuro, pagar alguna deuda pendiente o hacer ciertas mejoras en su hogar.
Un enorme porcentaje del dinero de las grandes obras se va a las faltriqueras de los más grandes empresarios y/o contratistas, que se embuchacan la plusvalía y solamente dejan migajas a sus trabajadores.
Si una campaña para Gobernador cuesta 1,500 millones de pesos o el doble, puede usted estar seguro que ésa será una derrama que salpicará a los más necesitados de trabajo y de recursos.
Parece mentira, pero las elecciones son una oportunidad para menguar en parte la distribución tan injusta de la riqueza, porque dan empleo y oportunidad de negocios a innumerables pobladores de las regiones más apartadas e inhóspitas, a donde difícilmente llegan los funcionarios pero seguramente acuden los candidatos… y ni modo que lleguen con las manos vacías a solicitar el voto.
¿Elecciones caras? ¡Ojalá!
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