En Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Estado de México, Veracruz, así como en la mayoría de las entidades del país, la estrategia del gobierno federal y de las instancias estatales contra la violencia no va a tener éxito si las acciones gubernamentales siguen siendo meramente reactivas, como las del bombero que actúa sólo hasta que el incendio estalla.

El combate a la delincuencia no puede limitarse sólo a la lucha a sangre y fuego contra los criminales, también debería ampliarse a la investigación y requisa de sus recursos financieros que les permiten adquirir armas, reclutar sicarios y comprar complicidades políticas, policiacas, empresariales, eclesiásticas y hasta periodísticas.

El saldo de una lucha eficaz contra los cárteles no debe medirse sólo por el número de capos detenidos y las toneladas de droga decomisada. En México –y por ende en Veracruz– muchos se siguen preguntando hasta cuándo habrá noticia de redes de “lavado” desarticuladas, de inmuebles incautados, de empresas intervenidas, de activos “congelados”. ¿Cuándo se actuará contra gobernadores, alcaldes, legisladores, funcionarios de los tres niveles de gobierno, jefes policiacos y militares que estén involucrados en actividades delictivas? ¿Cuándo habrá instancias de inteligencia y, sobre todo, voluntad y decisión gubernamental para detectar a tiempo todo lo anterior y actuar en consecuencia?

Son interrogantes obligadas luego de la reacción tardía del gobierno federal ante el caso de los 43 normalistas rurales de Ayotzinapa desaparecidos y presuntamente asesinados por la Policía Municipal de Iguala, en el estado de Guerrero.

Y es que este lunes 6, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, anunció que se desplazaría a esa región guerrerense para encabezar la investigación de lo que consideró como “un hecho doloroso”. En breve rueda de prensa, Murillo afirmó que el gobierno federal aplicará toda la fuerza del Estado para llegar a la verdad y castigar a los culpables. “No habrá impunidad y es un hecho que no volverá a repetirse”, afirmó.

Cuestionado sobre el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, el titular de la PGR indicó que a nivel federal no había ninguna averiguación previa iniciada en contra del edil perredista, como lo dijo el nuevo dirigente nacional del PRD, Carlos Navarrete, y precisó que sí existen indagatorias en la Procuraduría de Justicia de Guerrero y que la dependencia a su cargo en este momento recopila las averiguaciones previas que han sido iniciadas en contra del alcalde con licencia, actualmente prófugo.

Sin embargo, Murillo Karam y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, han sido puestos en evidencia porque desde hace un año, en octubre de 2013, fueron informados oportunamente de la persecución de líderes sociales y de los nexos del alcalde Abarca Velázquez y de los hermanos de su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, con un cártel del narcotráfico.

Por intermediación de la diputada federal Aleida Alavez, el líder de la corriente perredista Izquierda Democrática Nacional, René Bejarano, logró primero una cita con el titular de la PGR, al cual entregó una declaración notariada de uno de los sobrevivientes de un secuestro ordenado por Abarca, en la cual se detallaban los actos de tortura y el asesinato de Arturo Hernández Cardona, miembro de la dirigencia del PRD en Guerrero.

El testimonio ante notario público de Nicolás Mendoza, testigo de la ejecución de Hernández Cardona, le fue entregado a Murillo Karam por Bejarano, quien al no tener respuesta del Procurador buscó a Osorio Chong, que sólo se comprometió a escucharlo.

¿Por qué los titulares de la PGR y de la SEGOB no actuaron desde hace un año? La respuesta más lógica es que no quisieron iniciar por este asunto un conflicto con la dirigencia nacional del PRD porque estaban en plena negociación política para sacar en el Congreso de la Unión el paquete de reformas del presidente Peña. Presuntamente el entonces dirigente Jesús Zambrano, del grupo de “Los Chuchos” –que ahora a través de Carlos Navarrete sigue presidiendo el Comité Ejecutivo Nacional del sol azteca– habría abogado en su momento por el alcalde Abarca.

Hasta ahora, también, luego de la crisis por la masacre de Iguala, el gobernador perredista Ángel Aguirre Rivero pide a la Federación investigar a los 81 alcaldes de su estado. ¿Y él por qué no lo ha hecho, si una ley no escrita es que cada gobernador pone en su respectiva entidad a los candidatos de su partido a presidentes municipales y diputados locales?

El caso Guerrero debería servir de ejemplo para los gobernadores de otros estados que bien saben cuáles alcaldes, funcionarios estatales y jefes policiacos andan en malos pasos ya que ni siquiera podrían justificar los bienes inmuebles y las inmensas fortunas que han acumulado en los últimos diez años.

¿Seguiremos siendo solamente testigos de los juicios que se inician en Estados Unidos contra empresarios y ex funcionarios, prestanombres de cárteles del crimen organizado y de nuestros gobernantes y políticos, como ha sucedido hasta el momento con el contratista de Pemex, el tuxpeño Francisco Colorado Cessa, presunto “lavador” de Los Zetas, o con algunos ex colaboradores y familiares de los ex gobernadores priistas de Tamaulipas, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, y del de Coahuila, Humberto Moreira, detenidos y perseguidos también sólo en Norteamérica por delincuencia organizada?