Concluido el más intenso periodo de distracción nacional, tras la derrota de la selección de futbol ante Holanda, los mexicanos regresaremos la vista a los problemas cotidianos, a los debates que ni los propios protagonistas entienden, a prestar atención a temas tan cercanos pero que considerábamos irrelevantes mientras los futbolistas nacionales cumplían con su programa de juegos.

Lo urgente ha debido desplazar a lo importante. Pese a que había una gran oportunidad para discutir y aprobar una profunda reforma electoral local que no solo armonizara con la federal sino que fuera más allá de las intrincadas maromas políticas que hemos visto en los últimas días (con participación de diputados del PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano), en lugar de ello hoy se prevé una aprobación estrepitosa y apresurada de la propuesta original contenida en la iniciativa enviada por el gobernador Javier Duarte de Ochoa.

¿Quedarán atrás los descabellados preceptos propuestos por el panista Julen Rementería de consentir un periodo de dos años con gobernador de transición nombrado por el propio Congreso? ¿Se debatirá ese guarismo con el de cinco, propuesto por Héctor Yunes, para que la elección gubernamental se empalme con la de diputados federales en 2021, en lugar de con la elección presidencial de 2018?

La verdad es que la tinta se ha vertido en cientos de hojas con opiniones de toda laya sobre este misterioso enjuague electoral; se ha preservado la verticalidad del gobernador Javier Duarte de Ochoa con una iniciativa que no trastoca los tiempos políticos, al tiempo que desde la oposición, el exgobernador Fidel Herrera Beltrán ha tratado de hacer una genial maniobra que, sin embargo, parece haber sido contenida por el gobierno federal.

Eso es lo que hoy discutirá el Congreso local, en medio de la amenaza perredista de llevar el tema a una controversia constitucional porque, señalan, se trataría de reformar la legislación secundaria sin haber modificado los preceptos constitucionales que deben ser su soporte.

Los álgidos juegos de fuerza

Mientras el debate se centra en lo electoral, porque hoy concluye el plazo establecido en la reforma político-electoral federal para que los congresos locales armonicen su legislación con aquella, sobre todo en los 15 estados en que pronto habrá procesos electorales locales, otro tema subyace en el ADN de la política local, y ese es el de los estira y afloja entre dos gobiernos del mismo partido pero de diferente nivel: federal y estatal.

Para nadie debiera ser un misterio que el gobierno de Enrique Peña Nieto trata de recuperar para su mandato pleno un estado en que, si no contestatario, sí rige un gobierno que busca su propio camino. Ya la reforma educativa a modo le generó al gobierno estatal lo que estaba a punto de convertirse en un litigio constitucional. Pero los temas en que deben vivir un proceso de aprendizaje mutuo, por decirlo de alguna manera, son muchos y variados.

El siguiente paso en que se moverán los juegos de fuerza tiene que ver con el dominio de las delegaciones federales en Veracruz. Ya vimos un peculiar distanciamiento entre el que podría considerarse como el llamado a ser el líder de los delegados (a pesar de estos últimos), el de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alberto Amador Leal, quien ha sido muy puntilloso a la hora de señalar la situación de violencia y desatención social que vive la entidad, lo que le ha ganado la animadversión en el seno del gobierno estatal.

Pero, en sentido estricto, el de Segob es el único que responde a los planteamientos federales, porque los demás han sido nombrados con la opinión del gobernador Javier Duarte de Ochoa.

Ayer mismo, en Formato Siete, se daba por hecho que esta misma semana se daría el relevo de uno de los delegados federales vinculados con el poder local, el martinense Gonzalo Morgado Huesca, del ISSSTE, quien dejaría el puesto a otro veracruzano que tendría un distanciamiento con los componentes del actual gabinete veracruzano, Renato Alarcón Guevara.

De no ser una mera decisión del director general del ISSSTE, Sebastián Lerdo de Tejada, lo que podríamos ver en las próximas semanas es un descabezamiento de las delegaciones federales para colocar en ellas a personajes que estén comprometidas indubitablemente al gobierno federal. Ya veremos.

Las mentiras de Héctor Lagunes Reyes

Postulado por el Partido de la Revolución Democrática, pero con todo el apoyo financiero y político del exgobernador Fidel Herrera Beltrán, el actual alcalde de San Rafael, Héctor Lagunes Reyes, ha golpeado con la puerta del Palacio Municipal la nariz de sus seguidores.

No duró mucho tiempo el idilio que logró crear con ecologistas y opositores al PRI, cansados de ayuntamientos inoperantes y corruptos, a quienes les convenció con un discurso meloso, de esos que se prodigan al oído de la persona que se quiere enamorar, retomando demandas tales como que el gasoducto que se tiende en la región se alejara de las zonas urbanas y se instalara allá donde solo podría causar daño (en caso de un hipotético accidente) a las tierras de labranza.

De un accionar virulento, que lo hizo mandar la policía para detener los trabajos del gasoducto, el vecino de Potrero Nuevo pasó a apoyar estas instalaciones que buscan ofrecer condiciones de abastecimiento a industrias establecidas (como las jugueras) y crear condiciones para que se instalen otras más. Incluso, contra lo que él defendió en su campaña electoral, hoy el ayuntamiento sanrafaelense se ha convertido en un valladar en que difícilmente son atendidos sus antiguos y decididos aliados.

Priista embozado, Lagunes Reyes siempre apoyó las iniciativas electorales del partido al que aparentemente se enfrentó en las municipales del año pasado, desde respaldar la campaña de la actual y gris diputada federal Verónica Carreón, hasta impulsar el voto diferenciado para beneficiar al candidato a la diputación local de la coalición encabezada por el PRI, Eduardo Sánchez Macías.

En San Rafael, la mayoría de sus habitantes opina que todo ha cambiado para seguir igual. Del ambicioso proyecto de reducir al 50 por ciento el salario de los ediles para orientarlo a becas escolares, nadie ha tenido una corroboración de que en los primeros seis meses de gobierno lo haya cumplido. Y es que prometer no empobrece.

En medio de ese camaleonismo político, propio del actual alcalde de San Rafael, lo más grave lo representa el creciente empobrecimiento de su población, carente de empleos remunerativos y de calidad, con una autoridad municipal desinteresada en atraer inversiones para emplear a sus paisanos, sin alternativas para atender los graves riesgos que representa cualquier fenómeno hidrometeorológico, empecinado en colocar a sus amigos hasta en la delegación de la Cruz Roja.

Para colmo, su nivel de interlocución con el gobierno estatal y el federal es realmente pobre, lo que hace prever que en los próximos tres años y medio no podrá lograr mejoras para el joven municipio.

Ojalá esté yo equivocado.

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