PUNTO DE VISTA | Falta gobernabilidad

El pasado lunes, el presidente de la Asociación Ganadera de Agua Dulce, Mario Espinoza Ríos, confirmó dos casos positivos de gusano barrenador, uno en un becerro de la ranchería “El Burro” y otro en una vaca del ejido Tonalá. *** Aunque apenas se hizo público, en realidad los dos casos fueron detectados hace más de 20 días por un médico veterinario que realizó una inspección de campo y envió las muestras al laboratorio de Ganadería Regional. Las pruebas confirmaron la presencia de larvas del gusano barrenador. *** En las últimas semanas, se han documentado casos similares en otros municipios del sur de Veracruz. Datos oficiales revelan que en esa región se han detectado al menos 40 casos en ganado bovino, equino e incluso en caninos. *** Lo que comentan los ganaderos de aquella zona, es que la principal ruta del gusano barrenador es el contrabando de ganado de Centroamérica. *** Los mismos productores han detectado que esos animales, sin control sanitario, entran por Benemérito de la Américas, en el estado de Chiapas y llegan a descansar a un corral en Acayucan. De ahí lo envían para su engorda a Lerdo de Tejada, desde donde parte, por el paso libre de Maltrata, hasta Querétaro y la Ciudad de México. *** Si los ganaderos lo saben, con seguridad también las autoridades, que voltean para otro lado.

Decía Norberto Bobbio -jurista, filósofo y politólogo italiano, considerado uno de los principales teóricos del derecho y la democracia del siglo XX- que la gobernabilidad “es la condición de equilibrio entre la eficacia del poder político y la legitimidad que lo sustenta”.

Giovanni Sartori, también de origen italiano y reconocido por su análisis sobre democracia y partidos políticos, explicaba el concepto de gobernabilidad como “la capacidad de un sistema político para gobernar, es decir, para tomar decisiones y hacerlas cumplir sin romper el orden democrático”.

La gobernabilidad es un elemento indispensable en un buen gobierno. Es por ello que la responsabilidad de sostenerla y consolidarla se le asigna al más alto funcionario después del titular del Poder Ejecutivo. En el caso de Veracruz, como en todo el sistema político mexicano, esa tarea es inherente al Secretario de Gobierno.

A siete meses de distancia esa es -quizá- la principal dolencia del gobierno de Rocío Nahle. No hay quién se haga responsable de mantener la gobernabilidad en la entidad.

Fue justo “la gobernabilidad”, el pretexto que encontró en su momento Javier Duarte para explicar el uso de mecanismos fraudulentos como “la licuadora”, que no eran otra cosa que una ruta para desviar recursos que, por disposición legal, tenían otro destino.

Apenas en marzo del presente año, a través de sus redes sociales, Javier Duarte admitió que el dinero que enviaba la Federación no llegaba al destino planteado, pero él lo consideraba algo normal:

“La inmensa mayoría de los millones de pesos de recursos federales que acusan a mis funcionarios de haber desviado no es porque los hayan sustraído del erario público, simplemente es porque fueron utilizados para otros fines públicos, que entiendo eran prioridad para el buen funcionamiento de la administración pública estatal, y que eran distinto de lo que estaban etiquetados, como lo fueron el pago de la nómina magisterial, el pago en materia de seguridad pública o el pago del subsidio a las pensiones de los trabajadores jubilados, entre otros muchos conceptos públicos, por lo que personalmente considero que esto en ningún caso debería tomarse como un daño al erario público”.

Esto, hasta el momento, no sucede en la administración estatal, pues apenas está empezando.

Donde sí tiene problemas Rocío Nahle es en el desempeño de su gabinete de seguridad. Las expresiones de violencia criminal se han vuelto algo cotidiano en Veracruz.

Un día aparecen restos humanos arrojados en zonas urbanas del norte de la entidad, y al otro se sabe de la ejecución de empresarios que tuvieron la osadía de negarse a ceder a la extorsión de los grupos criminales que cobran “derecho de piso”.

En la charla con los que se dedican al transporte de mercancías, advierten que los asaltos se han multiplicado. Antes tenían ubicadas determinadas zonas en la que sus unidades estaban expuestas, pero hoy casi todas las rutas son dominadas por asaltantes, que se mueven a sus anchas, ante la pasividad de las llamadas “fuerzas del orden”.

Si a esa percepción de impunidad se agrega la indolencia y el abuso de las autoridades (las que -en teoría- tendrían que ponerse del lado del ciudadano y hacer algo por protegerlo) se genera un estallido social como el registrado este martes en el municipio de Tezonapa.

La violencia popular no es un fenómeno que surja de la nada. Es una burbuja que se va inflando día con día, que va acumulando sentimientos de coraje y de impotencia del ciudadano común, hasta que termina estallando.

Alguien le tiene que explicar a la ingeniera que no todo lo puede (y tampoco lo debe) resolver ella; que el secreto de un buen gobernante es ejercer con tino su facultar para delegar responsabilidades a su equipo de trabajo.

Ya quedó claro que no le tiembla la mano para remover a quien ella considere que no le está funcionando. Es momento de que, los que quedan, se pongan a trabajar de manera específica en las tareas que les competen. Que dejen las grillas para sus ratos libres.

Una vez más fueron localizados restos humanos en Coatzacoalcos. En esta ocasión la osadía de los criminales fue tal, que los arrojaron justo detrás de la base de la Guardia Nacional. *** En menos de un mes se han reportado al menos siete casos similares. Las autoridades se limitan a jurar que “los índices delictivos van a la baja”.