Por años, los grupos vulnerables en México —personas con discapacidad, comunidades indígenas, población LGBT+, enfermos con padecimientos poco comunes, entre otros— han vivido al margen de las políticas públicas y presupuestos gubernamentales.

Sin embargo, hoy el panorama comienza a cambiar: aunque los retos son enormes, el país muestra avances en el reconocimiento y apoyo hacia quienes históricamente han sido excluidos. La trayectoria de la diputada federal Mónica Herrera Villavicencio, distrito de Martínez de la Torre, es un ejemplo de este cambio.

Herrera Villavicencio no solo representa a su distrito; representa también a un México que exige visibilidad, empatía y justicia social. Su participación en las comisiones legislativas de Atención a Grupos Vulnerables, Derechos Humanos y Educación no es anecdótica, sino reflejo de una vocación pública orientada a dignificar a quienes han sido olvidados.

Como persona que vive con atrofia muscular espinal, y que llegó al Congreso a través de una acción afirmativa pero ganó por mayoría relativa, su presencia en la Cámara es símbolo de avance y, al mismo tiempo, una exigencia constante al sistema para no retroceder.

Los avances en materia de atención a grupos vulnerables son visibles. La pensión universal para personas con discapacidad ha significado un cambio importante. No solo porque reconoce a una población históricamente marginada, sino porque por primera vez la dignidad de estas personas fue considerada dentro del presupuesto nacional. Esa política pública, tan concreta como necesaria, demuestra que cuando hay voluntad política, el cambio es posible.

A la par, la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia de la República y su decisión de declarar 2025 como el “Año de la Mujer Indígena” son señales poderosas de que la inclusión comienza a permear en el discurso y la agenda institucional, apunta la legisladora originaria de Tlapacoyan, Veracruz.

Aun así, como bien advierte la diputada Herrera, la inclusión no puede depender únicamente de gestos simbólicos o del entusiasmo individual de ciertos funcionarios. Se necesita institucionalizar la empatía. Que existan direcciones municipales enfocadas en diversidad o discapacidad es alentador, pero insuficiente si no se vuelve una obligación estructural en todos los niveles de gobierno.

Además, hay que reconocer que muchos de estos avances aún no llegan a todas las regiones del país. Las zonas rurales, las comunidades indígenas más aisladas o los barrios marginados siguen careciendo de servicios básicos, y mucho más aún de una política inclusiva integral.

Lo fundamental, como Herrera Villavicencio señala, es que la empatía se convierta en norma. Porque, en efecto, nadie está exento de una condición de vulnerabilidad. Un accidente, una enfermedad, una crisis económica o una situación de violencia pueden colocar a cualquier persona del lado de los desprotegidos. Por eso, una sociedad que protege a sus sectores más frágiles es también una sociedad que se protege a sí misma.
México ha comenzado a escribir una nueva historia en materia de inclusión. No es perfecta, ni está completa, pero ha iniciado con voces como la de Mónica Herrera, que nos recuerdan que el verdadero cambio empieza cuando dejamos de ver al otro como alguien ajeno, y comenzamos a construir políticas desde la empatía y la justicia.

@luisromero85