¿Por qué nadie le informa a la Presidenta de lo que pasa en el país? ¿Acaso sí lo sabe y miente?

Resulta que la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP conocía desde agosto de 2024 las operaciones de Vector con prestanombres de García Luna. ¡Y nadie dijo nada hasta que los gringos lo dieron a conocer el miércoles pasado!

La oficina de la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN) sancionó a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por facilitar operaciones de lavado de dinero para los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Golfo y Beltrán Leyva, es decir, a lo principales cárteles del país.

Ya exhibidos, la presidenta Sheinbaum pidió al gobierno de Estados Unidos las pruebas de las acusaciones de lavado de dinero y operaciones ilícitas en contra de Vector Casa de Bolsa, propiedad de Alfonso Romo, ex Jefe de la Oficina de la Presidencia con López Obrador.

Como seguramente los gringos no se las van a dar –como no le han dado la información de cómo capturaron al Mayo Zambada, ni los acuerdos con los principales capos y sus familias para ser llevados a juicio en Estados Unidos–, pues entonces que les pregunte a sus empleados que ya sabían.

FinCEN señala que, entre 2013 y 2019, una empresa propiedad de Genaro García Luna realizó transacciones con Vector por más de 40 millones de dólares, fondos que de acuerdo con las autoridades estadounidenses provenían del pago de sobornos del Cártel de Sinaloa al exsecretario de Seguridad Pública.

Además, FinCEN acusó a Vector de permitir que empresas mexicanas realizaran pagos por 1 millón de dólares a compañías chinas que enviaron precursores químicos a México con fines ilícitos. Esto ya fue en el gobierno de López Obrador, cuando Alfonso Romo ocupaba la oficina de al lado del Presidente.

Es decir, los gringos no sólo tienen los pelos de la burra en la mano. ¡Tienen al semoviente completo!

En respuesta, la Secretaría de Hacienda y la presidenta Claudia Sheinbaum negaron tener información sobre irregularidades en esa y en otras dos instituciones financieras sancionadas. Pero resulta que todos lo sabían, tanto que las tuvieron que intervenir antes de que el escándalo y las sanciones del gobierno gringo impactara a todo el sistema financiero del país.

Documentos obtenidos por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) demuestran que la Unidad de Inteligencia Financiera conocía al menos desde agosto de 2024 de transacciones por más de 40 millones de dólares a través de Vector que involucraban a García Luna, tal como lo informaron las autoridades estadounidenses.

¿Por qué ahora se dicen sorprendidos?

“No hay ninguna prueba, son dichos”, dijo la presidenta Sheinbaum en relación con el lavado de dinero que el gobierno de Estados Unidos acusó en contra de tres instituciones mexicanas, entre ellas, Vector Casa de Bolsa, propiedad de Alfonso Romo, entre otros.

El problema es que las pruebas sobran. Por ejemplo, NunvavInc, empresa de Samuel y Alexis Weinberg, a quienes el gobierno mexicano considera como los prestanombres de Genaro García Luna, transfirió 47 millones de dólares a Vector Casa de Bolsa, propiedad de Alfonso Romo Garza, exjefe de la Oficina de la Presidencia de la República durante el gobierno de López Obrador.

En su conferencia del jueves, la mandataria dijo que no niega ni confirma el lavado de dinero, debido a que el Departamento del Tesoro no le compartió evidencias. Si no cuentan con ellas, no reconocerá que hay delito, dijo.

Lo curioso es que en el caso de García Luna tampoco hubo pruebas, sino los dichos precisamente de delincuentes mexicanos procesados en Estados Unidos, tal vez los mismos que ahora han revelado la manera que lavaban millones de dólares a través de las instituciones financieras tan cercanas al Presidente.

Y esos dichos, el gobierno mexicano los dio por absolutamente ciertos, celebrando a rabiar la sentencia contra García Luna. Ahora, en los mismos casos, con los mismos personajes, con las mismas fuentes de información, resulta que si no hay pruebas no han deliro, sólo dichos.

El problema para Sheinbaum es que las pruebas si existen y el gobierno de Estados Unidos estará por meter las narices hasta el corazón del sistema financiero mexicano, lo que arrojará mucha luz de las cuantiosas fortunas de muchos morenistas de élite.

Alfonso Romo y Vector Casa de Bolsa podría ser la punta del iceberg de que no sólo la clase política morenistamantiene vínculos estrechos con los principales cárteles del narco, sino también los empresarios favoritos del régimen.

¡Que Romo lavara el dinero de sobornos que llegaba a García Luna es poesía pura!

La ridícula auditoría a Dos Bocas: caso cerrado

En nota de primera plana de la revista Proceso, este fin de semana se documentó un supuesto acuerdo del titular de la Auditoría Superior, David Colmenares, con la gobernadora Rocío Nahle en 2020 para eximir la fiscalización de la refinería de Dos Bocas mediante una “fiscalización preventiva”, revisando sólo 0.014% de su costo triplicado y opaco.

Es decir, en caso de que absolutamente todo lo fiscalizado saliera con irregularidades, los responsables podrán alegar con absoluta razón y tranquilidad que eso significa menos del 1 por ciento de lo que costó la refinería, por tanto, el daño patrimonial es insignificante.

La construcción de la refinería de Dos Bocas ha sido señalada de todo tipo de tropelías. La obra emblemática de López Obrador costó 21 mil millones de dólares, tres veces más que lo anunciado por el Presidente, y empezó a refinar en 2024, es decir, dos años después del plazo prometido.

En ese tiempo, Pemex adjudicó directamente 216 contratos, emitió 162 órdenes de servicios y realizó 36 cesiones de órdenes de compra, todo fuera del alcance de una revisión a profundidad de la ASF.

Según el reportaje publicado por Proceso, para efectos concretos ese convenio exento al megaproyecto de una observación a detalle del ente fiscalizador: si bien la ASF realizó 34 revisiones a la refinería Olmeca de Dos Bocas entre 2020 y 2024, encontró montos por aclarar de apenas 607 millones S52 mil pesos, equivalentes a 0.014% de los 412 mil 309 millones de pesos que Pemex reportó como activos a finales de 2024.

Sin embargo, en el mismo lapso el costo de la refineríaOlmeca se triplicó, los plazos de entrega se pospusieron en varias ocasiones, e investigaciones periodísticas sacaron a la luz presuntas irregularidades en la entrega de contratos multimillonarios, especialmente los adjudicados a empresas de allegados de Rocío Nahle, como Juan Carlos FongCortés, el primo de su esposo, y Arturo Quintanilla Chavira, el hijo de su compadre.

Pero para efectos prácticos, todo es cosa del pasado y asunto concluido.

Pero, ¿quién es David Colmenares? Un fiscalizador al servicio del poder. Las denuncias penales por posibles desvíos de recursos públicos presentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ante el Ministerio Público federal han disminuido más del 80% durante la gestión del actual auditor Superior, David Colmenares Páramo.

El descenso en los casos denunciados ante la Fiscalía General de la República (FGR) es producto de una decisión deliberada del auditor Colmenares bajo el argumento de que era necesario presentar menos denuncias, pero mejor sustentadas.

Y han sido tan bien sustentadas que, de acuerdo con datos de la Fiscalía, más del 80% de las denuncias presentadas en la actual gestión continúan sin ser judicializados y ninguna ha terminado en una sentencia condenatoria.

La cifra de recursos públicos desaparecidos del erario durante su gestión asciende a más de 670 mil millones de pesos, de los cuales 472 mil fueron desviados en estados. Veracruz y Michoacán lideran en denuncias, pero dinero no aparece.

David Colmenares es el mismo sujeto señalado en su momento de haber pactado con Javier Duarte para limpiar las cuentas públicas que, según diversos reportes, documentaban un daño patrimonial por 60 mil millones de pesos, algo que hasta ahora no ha sido demostrado.

Pero en las leyendas urbanas que giran en torno al ex gobernador, se habla de que el emisario de Javier Duartenunca entregó el dinero a Colmenares y esto provocó la desgracia del cordobés.

Protección de datos personales y transparencia: Morena pone los huevos en el hocico del coyote

La publicación del presunto acuerdo de la gobernadora con la ASF coincide con la aprobación de dos leyes fundamentales para la fiscalización y transparencia: las que regularán en el estado la protección de datos personales y la de transparencia, que viene a formalizar el entierro definitivo del IVAI.

El jueves pasado, en fast track, cerraron con tres candados la puerta negra del derecho de acceso a la información pública, además de que vaya usted a saber qué harán con nuestros datos personales.

A los morenistas les ordenaron aprobar una ley que no conocen, que no han leído y que no tienen la más peregrina idea de sus consecuencias. En su docilidad, no alcanzan a entender que serán víctimas de su desvarío, porque será una filosa herramienta para la descalificación y la persecución de sus adversarios.

Cuando dejen de tener la protección de un cargo de elección popular, los beneficios de un cargo público y los privilegios que les concede sumisión ideológica, se darán cuenta de la gravedad de lo que hoy habrán votado de manera irreflexiva, dócil, sin el mínimo conocimiento de sus consecuencias.

Con la entrega de los datos personales al Gobierno a través de la Contraloría del Estado, no podremos evitar que sean utilizados para una finalidad distinta para la cual los proporcionamos y con ello se afecten otros derechos o libertades; tampoco podrán evitar, en su incapacidad, la comisión de delitos, tales como el robo de identidad o el uso con fines político-electorales.

En el caso de la Ley de Transparencia, es tributo al tlatoani macuspano mediante la aprobación de una ley de transparencia a imagen y semejanza de lo que se ha impuesto a nivel federal y que ha originado una serie de protestas que han llegado incluso al amparo.

Esta ley tiene hedor a censura porque vulnera el derecho a saber, al ampliar las causales para negar información y debilitan los mecanismos de control sobre el ejercicio del poder. ¿O en verdad piensan que la Contraloría del Estado va a pedir cuentas a su jefa la gobernadora o a sus pares de Gabinete?

Con la información en poder del gobierno, solicitar información pública será una aduana infranqueable para periodistas y activistas, impidiendo conocer de abusos, violaciones a las leyes y graves actos de corrupción.

Hasta ahora, la Contraloría del Estado no ha sido capaz –por incompetencia o complicidad- de documentar un solo acto de corrupción de los que han dado cuenta los órganos de fiscalización, como sucede con tantos casos documentados durante la administración de Cuitláhuac García.

Acaso ha servido como un enorme archivo de declaraciones patrimoniales que nadie revisa. ¿Podrá con la enorme tarea de garantizar la transparencia y el acceso a la información de los veracruzanos? La ley de transparencia convierte a la Contraloría en un caro salón de belleza que se dedicará a maquillar las cifras del gobierno y construir los “otros datos”.

Las consecuencias están a la vista:  la ampliación de causales de reserva permite a las autoridades ocultar información que debería ser accesible al público, dificultando la rendición de cuentas y el control ciudadano.

Las autoridades tienen mayor margen para decidir qué información se reserva, lo que puede llevar a decisiones arbitrarias y opacas.

Por supuesto, es un premio a la corrupción. Hay una restricción al acceso a información relacionada con corrupción, al condicionarla a la existencia de una resolución firme, lo cual obstaculiza investigaciones ciudadanas, periodísticas y académicas.

Además, hay una afectación al acceso a la justicia porque en algunos casos, la reserva de información puede impedir el acceso a pruebas o documentos necesarios para ejercer el derecho a la defensa o para interponer recursos en casos de transparencia. La ley ya será del pueblo como ellos dicen, sólo será del gobierno.

Con estas dos leyes, Morena ha puesto los huevos en el hocico del coyote.

Rosalba Hernández, Presidenta del TSJE; Luz María López Aburto lo será del TECA

Luego de que se conocieran los resultados de la elección judicial se ha abierto un falso debate sobre quien habrá de ocupar la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, poniendo en la baraja dos nombres específicos: RosalbaHernández Hernández y Luz María López Aburto.

La realidad es que Rosalba Hernández será la próxima Presidenta del TSJE y Luz María López Aburto lo será del TECA, por una razón muy simple: la segunda no participó como candidata a magistrada de dicha soberanía.

La confusión se generó a raíz de un mal intencionado comunicado en el que se presume que López Aburto logró una votación histórica de más de 603 mil 700 votos, contra los 276 mil 812 obtenidos por la actual magistrada en funciones, Rosalba Hernández Hernández.

Cabe recordar que el pasado 1 de junio a las y los veracruzanos que salieron a votar, se les entregaron cuatro boletas de la elección judicial local.

Una era del Tribunal Superior de Justicia de donde la persona más votada resultó la magistrada Rosalba Hernández Hernández, por lo que será quien ocupe la presidencia de dicho tribunal y, a su vez del Poder Judicial de Veracruz.

Otra boleta era para la elección del Tribunal de Conciliación y Arbitraje donde efectivamente ganó Luz María López Aburto, con lo cual también ganó su plaza, pero la elección en la que participó no fue para competir por la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, como señala con acierto el portal opinión ciudadana.

La confusión sólo está en la esperanza de cargo de algunas y algunos. En el cuerpo de la reforma judicial se establece que será presidente o presidenta quien obtenga la votación más alta de la elección de “magistrados y magistradas delTribunal Superior de Justicia” (fracción I del artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Veracruz).

En cambio, López Aburto será la próxima presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TECA), porque para eso compitió el pasado 1 de junio.

La ratonera

El Consejo Estatal de Morena celebrado el sábado estuvo más aburrido que el México contra Arabia Saudita. Terminaron por pactar un desabrido empate a cero: Manuel Huerta no fue expulsado del partido y Ramírez Zepetacontinuará al frente de la dirigencia estatal. Así lo decidió la gobernadora.