Tal como apareció publicado en un prestigioso medio de comunicación nacional, Proceso, lo que comenzó como un sueño de rescate deportivo para El Águila de Veracruz, hoy parece una telenovela de traiciones, mensajes por WhatsApp, y una administración peligrosamente cerca del descrédito total.

No se trata únicamente de malos resultados en el diamante: estamos ante un posible fraude, una fractura interna que ya se desborda hacia lo público, e incluso se ventila en medios de la CDMX.

El hecho de que las acusaciones provengan ahora de alguien tan cercano como Marcelo Garza, exdirector deportivo y socio de facto, es revelador.

Garza asegura haber invertido más de dos millones de pesos sin recibir respuesta ni reembolso, siendo desplazado de las decisiones importantes sin explicación alguna.

A esto se suman señalamientos de haber transferido a 8 peloteros del Águila a los Leones de Yucatán, acción que Pasquel condena como traición, pero que Garza justifica como una consecuencia lógica, tras haber sido despedido por mensaje de texto y no haber recuperado un solo peso.

Ambos se acusan mutuamente de romper acuerdos, pero lo realmente alarmante es un proyecto mal cimentado, sin contratos formales, sin transparencia en el manejo del dinero ni de la plantilla. No es posible que un equipo profesional se sostenga con “sociedades de palabra”. Ya es tiempo que la Liga Mexicana de Beisbol, intervenga, porque estos escándalos dañan la ya de por sí delicada credibilidad del circuito.

La administración del Águila, al parecer, se mueve entre la informalidad y la improvisación, un terreno fértil para los conflictos, las sospechas y, por qué no decirlo, el probable fraude. Pasquel podrá insistir en que todo fue un acto de “malicia”, pero lo cierto es que su gestión ya no genera confianza ni entre sus aliados.

Al final, lo que queda es un equipo roto, jugadores envueltos en una pelea de poder que no les corresponde, y una afición que vuelve a ser la gran víctima.

Lo que prometía ser un renacimiento se ha convertido en un fiasco administrativo. Si la Liga no actúa, si no hay consecuencias claras, si todo queda en pleitos mediáticos, entonces confirmaremos que el verdadero juego que se disputa no es el béisbol… sino el del poder, el dinero y la impunidad.

Prepa Juárez: entre el derecho a protestar y el deber de educar

El Colegio Preparatorio de Xalapa, una de las instituciones educativas con mayor tradición en la capital veracruzana, se encuentra actualmente en el epicentro de una crisis que no solo ha interrumpido sus labores académicas, sino que también ha evidenciado las tensiones entre distintas formas de entender la participación comunitaria dentro de un plantel escolar.

La reciente toma de sus instalaciones por parte de un grupo de madres, padres de familia y estudiantes ha provocado un llamado urgente por parte del personal docente, administrativo y de servicio, quienes denuncian haber sido desplazados de su centro de trabajo sin que medien razones directamente atribuibles a su voluntad o a negligencia institucional.

A través de un pronunciamiento firme, pero moderado, los trabajadores del turno diurno del Colegio han expuesto su posición: están trabajando desde sedes alternas, con el objetivo de no interrumpir los procesos de certificación y evaluación, especialmente para los estudiantes de sexto semestre que están en un momento decisivo para su futuro académico.

Esta disposición no solo muestra compromiso profesional, sino también una conciencia profunda del impacto que un retraso administrativo puede tener en la vida de los jóvenes.

Sin embargo, lo que subyace en el fondo del conflicto es una disputa sobre la autonomía institucional, específicamente en lo que respecta al nombramiento de la dirección del plantel. El personal exige que se respete el derecho interno que tienen los trabajadores de participar en la selección de sus directivos, sin presiones externas, ya sean de padres, estudiantes u otras autoridades ajenas al Colegio. Este punto es especialmente sensible, pues remite al principio de autodeterminación en la gestión escolar, algo que suele ser difícil de equilibrar cuando se superponen intereses administrativos, políticos y sociales.

El comunicado también señala una realidad incómoda: mientras los estudiantes y sus familias transitan temporalmente por la institución, los trabajadores permanecen como la base que sostiene el proyecto educativo.

Es un punto que debería preocuparnos: la fractura de la comunidad escolar. Las protestas, cuando se tornan en bloqueos y toma de instalaciones, deben ser evaluadas no solo desde el derecho a la libre manifestación —que es indiscutible— sino también desde su impacto colectivo. ¿Qué se gana realmente con la paralización de los procesos escolares, cuando ya hay instancias institucionales que podrían mediar y resolver el conflicto?

El llamado final del personal es, en efecto, un clamor por la reconciliación: piden que se liberen las instalaciones, que se respete el proceso interno para elegir a la nueva dirección, y que se recupere la armonía que históricamente ha caracterizado al Colegio. No se trata de silenciar el descontento, sino de encauzarlo por vías que no lesionen el derecho a la educación de quienes nada tienen que ver con las causas del conflicto.

La protesta legítima no puede convertirse en un obstáculo para quienes solo desean estudiar o trabajar con dignidad.

@luisromero85