Uno de los primeros nombramientos que hizo Rocío Nahle, casi un mes después de su aplastante triunfo electoral en junio de 2024, fue el de Ramón Santos Navarro como titular de la Contraloría General del Estado (CGE), con licenciaturas en Contaduría Pública y en Derecho por la Universidad Veracruzana (UV), además de especialista en administración hacendaria municipal por el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, maestro en Derecho Fiscal por la Universidad del Valle de México y doctor en Derecho por la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV).

Se supone que es uno de los colaboradores de Nahle de mayor confianza, pues presidió el Colegio de Contadores Públicos del Sur de Veracruz y fue tesorero y contralor del Ayuntamiento de Coatzacoalcos.

Por si fuera poco, en el área de derecho fiscal cuenta con registro como abogado en la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJA), y en el ámbito contable tiene el registro en la Administración General de Auditoría Fiscal Federal (AGAFF) desde 1991. Fue catedrático en la UV y asesor de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Coatzacoalcos.

En materia empresarial, fue hasta el año pasado síndico del contribuyente por el sector de la Cámara de Comercio y Turismo del antiguo Puerto México.

Sin embargo, como contralor general no se ha hecho sentir aún en la administración de la gobernadora Nahle. Ni por el multimillonario daño patrimonial que le imputan los órganos de fiscalización de la Federación y del Estado a la gestión del ex gobernador Cuitláhuac García ni por las denuncias públicas de corrupción que ya se le han venido señalando al nuevo régimen estatal que encabeza la ex secretaria de Energía.

Ayer, por ejemplo, transportistas de la entidad, “cansados de la grave corrupción al interior de la Dirección General de Transporte Público del Estado”, anunciaron en redes sociales que esta semana en las plazas públicas de las principales localidades veracruzanas, así como en los tramos carreteros estatales y federales más importantes, realizarán “una protesta y un cierre a la circulación vehicular como medida de protesta contra el titular de esa dependencia, Luis Manuel Galicia Castañón”, a quien señalaron como “el principal responsable del cobro de dádivas y moches por parte de los mandos medios de esa oficina dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado”.

Amagan con movilizar “más de 800 taxis, 300 grúas y una cantidad incalculable de vehículos particulares”, en la mega protesta contra Galicia Castañón, a quien acusan de utilizar a los mandos medios de la Dirección General de Transporte Público para fomentar la corrupción en la realización de innumerables trámites.

Denunciaron que desde hace varios meses obstaculiza a los transportistas para hacer altas y bajas, cambios de propietarios, reemplacamiento, sustitución de vehículos y que “principalmente envía a empleados de Transporte Público de civil a subirse a los taxis para solicitar carreras largas y después obligarlos a ir a las oficinas de Transporte Público donde les aplican fuertes sanciones por cobrar tarifas elevadas, cuando tiene más de 20 años que no existen tales tarifas y el cobro se hace por mutuo acuerdo entre el chofer y el pasajero”.

En el caso de los empresarios de grúas y concesionarios de corralones, acusan que Galicia obstruye “la entrega de documentos para otorgar los permisos de funcionamiento y regularización, obligando a los interesados a acudir en innumerables ocasiones para provocar que se desesperen y caigan en la insinuación de los funcionarios medios de entregar diversas cantidades de dinero para facilitar el trámite”, cantidades que, denuncian, van de los 20 mil a los 100 mil pesos, dependiendo de la localidad donde se pretende regularizar la prestación de estos servicios y la extensión del corralón.

Los denunciantes piden a la Gobernadora del Estado, al Secretario de Gobierno y al Secretario de Seguridad Pública poner orden en esa dependencia antes de que se desate el caos en todo el territorio veracruzano, pues dijeron estar “conscientes de los problemas que generará la protesta en plazas públicas y carreteras”, por lo que están solicitando “una nueva audiencia en la que se exponga las irregularidades que comete el funcionario que solo busca beneficiarse mediante la corrupción que tanto daño ha hecho a esa institución desde hace varios años”.

Al contralor general Santos Navarro ni lo “pelan”.

‘Papo’ Levet, del FESAPAUV, apoya prórroga del rector

Nos dicen que la confianza del rector de la Universidad Veracruzana (UV), Martín Gerardo Aguilar Sánchez, para prácticamente reelegirse en automático para otro periodo de cuatro años en la Rectoría de la UV se debe al abierto apoyo del sindicato de maestros, el FESAPAUV, cuyo sempiterno líder Enrique Levet Gorozpe está moviendo a sus representantes en las cinco regiones que integran nuestra máxima de estudios en la entidad para que decenas de profesores acudan esta semana a la consulta a modo y voten a favor del “Sí” a la prórroga.

Por eso nos hacen ver que no es casual que el ingeniero Levet Gorospe sea hasta ahora el único dirigente de la comunidad universitaria que no haya dado su opinión respecto a la pretendida y polémica “reelección” de Aguilar Sánchez, con quien seguramente pactó beneficios extras, como lo ha hecho el famoso “Papo” con otros ex rectores de la UV y ex titulares del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), donde tiene un asiento en el Consejo Directivo como líder de la FESAPAUV.

Con su apoyo incondicional a favor de Martín Gerardo, el FESAPAUV se divide y ello tendrá sus consecuencias, por lo pronto en la región de Xalapa, donde destacados académicos están en contra de la reelección del rector –como lo hicieron patente en la nutrida manifestación de ayer en la sede de la Rectoría y en la Plaza Lerdo de la capital veracruzana–, pese a que su dirigente Levet Gorozpe está abiertamente a favor.