Un error administrativo del Gobierno de San Luis generó un escándalo judicial que mantiene en vilo a una familia humilde de Villa Mercedes. Verónica Alejandra Acosta, una mujer que esperaba una transferencia de apenas $8.000 por cuota alimentaria, recibió por error un depósito millonario de más de 500 millones de pesos en su cuenta bancaria. En cuestión de horas, Acosta gastó gran parte del dinero y ahora está involucrada en un proceso judicial con fianzas millonarias.
Según el testimonio de Verónica, “yo recibí el dinero, estaba esperando 8 mil del padre de mi nene y con tanta necesidad me fui a hacer compras y ayudé a mi familia, transferí varios montos a familiares”. El monto exacto varía según las fuentes: mientras ella y su abogado hablan de $510 millones, otros reportes mencionan hasta $540 millones.
Verónica explicó que inicialmente pensó que se trataba de 500 mil pesos y no millones. “Compré cosas que ya se han devuelto… fui al supermercado y compré electrodomésticos: heladera, dos televisores —uno para mi cuñada—, una freidora, microondas, cosas para la casa, cerámicos porque no tengo pisos en mi casa, una mochila para inodoro y un auto Ford Ka modelo 2014”, detalló.
La fiscalía informó que Verónica realizó 66 transferencias bancarias, muchas de ellas de alrededor de 500 mil pesos a familiares directos, entre ellos $50.000 a una hermana que vive en Formosa. “Transferí varios videos a varios de mis familiares”, comentó Acosta, aunque quiso aclarar que no compró sushi ni bicicletas, y negó la compra de un auto, afirmando que las bicicletas fueron adquiridas por su cuñada en cuotas.
El Gobierno provincial identificó el error y denunció la situación, lo que derivó en un allanamiento en la casa de Acosta y la detención de ella y cinco familiares. Además, se les imputaron cargos de defraudación y fraude a la administración pública. Los bienes adquiridos, incluidos electrodomésticos y celulares, fueron secuestrados.
La Justicia impuso a cada uno de los seis imputados una fianza de 30 millones de pesos, un total de 180 millones, para evitar su detención, con un plazo de tres días hábiles para cumplirla. La defensa calificó esta medida como “exorbitante e imposible de cumplir”, y apeló tanto la fianza como las imputaciones.
El abogado de la familia sostiene que no hubo maniobra fraudulenta alguna. “Estas son personas humildes, sin antecedentes, que nunca actuaron de mala fe. No son una red de estafadores, sino víctimas de un error del Estado que ahora se quiere cargar sobre ellos como si fueran delincuentes”, afirmó.
Verónica también dio su versión: “No somos ladrones. No sabíamos que esa plata era del Gobierno. Ahora nos tratan como criminales, pero el error no fue nuestro”.
La familia sigue a la espera de una resolución judicial, mientras viven bajo la amenaza constante de volver a prisión. Este caso pone en evidencia las dificultades que enfrentan las personas humildes ante errores administrativos y procesos judiciales desproporcionados.
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