Al menos 40 trabajadores de diversas áreas de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Salud de Veracruz denunciaron despidos arbitrarios, presiones ilegales para firmar renuncias, violencia institucional y de género, así como posibles casos de usurpación de funciones dentro de la dependencia.

Pidiendo el anonimato señalaron que las remociones se llevaron a cabo entre el 30 de abril y el 9 de mayo sin notificación previa, sin procedimiento administrativo y en presunta violación a los derechos laborales de los servidores públicos.

De acuerdo con los denunciantes, entre los casos se incluyen empleados con incapacidades médicas vigentes, lo que agrava la situación por transgredir lo estipulado en la Ley Federal del Trabajo.

Los trabajadores afirman que fueron presionados para firmar «renuncias voluntarias», práctica que califican como coercitiva e ilegal.

Según su testimonio, estas presiones provinieron tanto del personal directivo como de los departamentos de Recursos Humanos y del Órgano Interno de Control, con el fin de simular bajas voluntarias inexistentes, pero se negaron a firmar dichos documentos como una forma de defender sus derechos humanos y laborales.

Acusan directamente al director administrativo José David Rangel Zermeño y al subdirector de Recursos Materiales, Roberto Torres Valencia, de encabezar estas acciones.

Además, señalan a Yadira Montserrat Torres Sánchez y Giselle Mata León por intervenir en decisiones sin funciones oficiales asignadas, y acusan que habrían sido beneficiadas con plazas por gestiones con proveedores, presuntamente por instrucciones del ex director administrativo de los Servicios de Salud de Veracruz (Sesver), Jorge Eduardo Sisniega Fernández

En la denuncia también se señala a Mikhail Hakim Santiesteban, ex encargado del Departamento de Transportes, y a Arianna Alarcón Bueno, del área de Adquisiciones, de quien afirman no se encuentra registro de su cédula profesional, lo que podría constituir un caso de usurpación de funciones.

También se acusa al actual jefe de Transportes, Alejandro Eric Luce Castro, de presentarse falsamente como representante jurídico para presionar a trabajadores a firmar su renuncia.

Los afectados aseguran que, tras sus despidos, se les ha negado el acceso a las instalaciones de la dependencia, lo cual ha sido justificado con una lista que solo incluye a mujeres, lo que refuerza la sospecha de un patrón de discriminación de género.

Asimismo, denuncian que, aunque la nómina del 1 al 15 de mayo fue timbrada, no han recibido el depósito correspondiente a su salario.

Ante esta situación, los trabajadores hicieron un llamado urgente a las autoridades estatales y a organismos de derechos humanos para que se investigue a los funcionarios señalados por posibles actos de violencia de género, abuso de poder y usurpación de funciones; se garantice su reinstalación en los cargos; y se respete el debido proceso para proteger sus derechos laborales.

Finalmente, reiteraron su disposición al diálogo institucional y pidieron a los medios de comunicación visibilizar la denuncia, al considerar que se trata de una agresión directa contra el derecho al empleo digno y una amenaza a los principios de legalidad y justicia en el servicio público.

AVC

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