Asociaciones de periodistas del estado de Veracruz, reporteros, candidatos a alcaldes y legisladores condenaron la ola de violencia que sacude a la entidad, que «ya evidencia ingobernabilidad».

A excepción de la Comisión Estatal para la Atención y Protección a Periodistas (Ceapp), exigieron a la gobernadora morenista Rocío Nahle garantizar la seguridad de los veracruzanos porque «a seis meses, Veracruz ya se le fue de las manos, le quedó grande».

La Asociación Mexicana de Comunicadores y Periodistas (Amecope) y su similar la Asociación de Periodistas de Veracruz (APEV), que encabezan los periodistas Juan de Dios Sánchez Abreu y Rodolfo Herrera, respectivamente, exigieron a Nahle garantizar la paz y la tranquilidad para los veracruzanos, a 11 días de celebrarse las elecciones municipales.

También pidieron a la gobernadora «implementar acciones firmes y efectivas que garanticen condiciones de seguridad para el ejercicio periodístico en el estado de Veracruz».

Por separado, periodistas del estado de Veracruz condenaron la imparable ola de violencia que sacude a la entidad y recriminaron a la Ceapp su «papel de títere, de aplaudidora del gobierno morenista más no de protección hacia los reporteros y comunicadores del estado de Veracruz».

Cuitláhuac Condado Escamilla, candidato emecista a la alcaldía de Acayucan, cercano al municipio de Rodríguez Clara, donde fue el ataque armado, exigió justicia y garantías de seguridad para todos los que buscan gobernar cada uno de los 212 municipios que tiene Veracruz.

Además, con el hashtag titulado «#Selosdije», Héctor Yunes Landa, diputado local priista, aseveró que el gobierno que encabeza Nahle García «está completamente rebasado por el cáncer de la delincuencia y la violencia política».

«La violencia no cede. La situación de emergencia a (11) días de las elecciones (para renovar las 212 alcaldías de Veracruz) tampoco», escribió el legislador desde sus redes sociales.

Criticó que «tener cientos de elementos de las fuerzas federales sin estrategia no previene el delito ni impide la violencia en contra de los candidatos».

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