PUNTO DE VISTA | Aurelia y Cardeña, en problemas

Mientras se ostenta en sus recorridos por el estado como “representante de la gobernadora” -lo mismo en la coronación de una reina que en una fiesta popular o en el homenaje al “Tío Fide”- el subsecretario de Gobierno José Manuel Pozos Castro opera en las cañerías, al viejo estilo, echándole gasolina al fuego de los conflictos sociales para luego aparecer con el extinguidor, como el “apagafuegos” de la política veracruzana. *** Formado en la vieja escuela del priismo, conoce todos los recovecos de las cañerías, de los grupos de poder y hasta de los grupos criminales que operan en la entidad. *** No podemos pasar por alto que fue el primer titular del famoso C4 (Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo) el mismo que ahora —dicen— se habilitó para espiar a propios y extraños del gobierno estatal en turno. *** Por ahora, el presidente municipal con licencia de Tuxpan, en su papel de subsecretario de Gobierno opera para montarse en la cresta de la ola de inseguridad, confiado en que ésta lo llevará a la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en donde el soldado del mar, Alfonso Reyes Garcés ya no ve lo duro, sino lo tupido y ha necesitado la ayuda de Omar García Harfuch, quien le envió ya 3 mil 500 policías. *** Conocedor de aquellas viejas prácticas de la “política a la veracruzana”, que utilizaron operadores como Jorge Uscanga o Érick Lagos, el subsecretario Pozos Castro, como un “Nerón jarocho”, incendia aquí y allá, sin importarle los daños colaterales, con tal de alcanzar sus objetivos. *** En sus cálculos, con esa estrategia él crece al mismo tiempo que crece la inseguridad y él se presenta como “el que tiene el control” y ofrece poner orden en el estado. *** De paso le da un raspón a su jefe, el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued, pues señala que “por instrucciones superiores”, él tiene el control de la gobernabilidad y de los liderazgos sociales y políticos. En otras palabras, ni una mosca se mueve si él no lo ordena o lo sabe. Cuando algo se sale de control, el responsable es el titular de la dependencia o sus “nulos” operadores y claro: el secretario Alfonso Reyes Garcés. *** Y hay evidencias de todo esto. Ahí está el caso de Tuxpan, el municipio que gobernó y que tanto ha presumido con la gobernadora Rocío Nahle y con la presidente Claudia Sheinbaum. Ahí, los ciudadanos viven en medio del fuego cruzado, entre grupos delincuenciales que parecen tener una consigna – ¿Será del propio José Manuel Pozos Castro? – . *** Todas las señales apuntan a que este servidor público estaría utilizando a esos grupos, con los que hizo alianza desde hace mucho tiempo, para quitarse del camino a su acérrimo enemigo Alberto Silva Ramos quien, vestido de verde, busca quitarle su coto de poder. *** Al final, Tuxpan ya no le resulta tan importante (tiene, sin embargo, fuertes intereses económicos allá); lo que en realidad José Manuel Pozos Castro quiere es ser el próximo secretario de Seguridad Pública de Veracruz. La subsecretaría ya se le hace chiquita. Él, como lo dice a diestra y siniestra, tiene una vocación más alta, de mayor relevancia y no de ser el encargado de cortes de listón y clausuras de cursos escolares. *** Su ecuación es muy simple: que crezca la inseguridad para que crezca su figura, su capital político, con miras a tan ansiada posición. Ya se verá qué sucede.

Mientras la magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre utiliza todo su tiempo y los recursos del Poder Judicial para promover su imagen y conseguir su ratificación en el cargo, su secretario particular, David Cardeña Ortega, se ocupa de “tapar los huecos” que han ido dejando ambos, en la tarea de administrar justicia.

Hay un caso en lo particular que los tiene preocupados: el proceso contra el juez Florencio Hernández Espinoza, a quien mantienen, de manera ilegal, privado de la libertad, en una lejana prisión en el estado de Chiapas.

Florencio Hernández fue detenido el 23 de marzo del 2023 por elementos de la Policía Ministerial en las puertas del Tribunal Superior de Justicia, sitio al que acudió atendiendo a un llamado del Consejo de la Judicatura. Todo era una trampa. En el acceso al edificio lo esperaban los agentes ministeriales quienes ejecutaron una orden de aprehensión.

El juzgador fue imputado de cometer el delito de cohecho. Se le acusó de recibir dinero a cambio de liberar a personas acusadas por delitos de alto impacto. En esa denuncia están involucrados familiares muy cercanos a la actual candidata a la alcaldía de Xalapa, Daniela Griego Ceballos.

Le impusieron prisión preventiva “justificada”, argumentando, primero, que no tenía un domicilio fijo dentro de los límites territoriales del Distrito Judicial de Xalapa. Su defensa obtuvo un amparo contra esa medida y al reponer la audiencia le fue ratificada la prisión preventiva, pues la “Umeca” (Unidad Estatal de Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso) emitió una valoración en la que calificó al reo como un sujeto “de alta peligrosidad”.

Pero, como bien dice el jurista Tomás Mundo Arriasa, las Umeca emiten resoluciones sesgadas, “a la carta”, según las necesidades de los fiscales.

El caso de Florencio Hernández es muy parecido al de la jueza Angélica Sánchez: mientras estaba al frente de un juzgado de control en Coatzacoalcos, recibió una llamada de David Cardeña, secretario particular de la magistrada presidente, Lisbeth Aurelia Jiménez. Le comunicaba que “por instrucciones de la magistrada” tenía que tomar las medidas necesarias para mantener en prisión a Jesús Uribe Esquivel, un personaje con fuerte liderazgo en el sur de la entidad, excandidato de la alianza PRI-PAN-PRD a la alcaldía, quien fue acusado y detenido por el homicidio de Mario Alejandro Gamas López, un exmilitar de 25 años.

Sin embargo, el juez Florencio Hernández consideró que no existían elementos para mantenerlo en prisión. Consecuencia de esa decisión fue que se inició un proceso penal en su contra.

Jesús Uribe Esquivel obtuvo su libertad absoluta en abril del presente año, a partir del amparo que le concedió el primer tribunal colegiado en materia penal del séptimo circuito.

La prisión preventiva dictada a Florencio Hernández (de dos años) se cumplió en marzo del presente año, pero sigue en prisión. La Fiscalía Anticorrupción solicitó la ampliación de la medida cautelar consistente en prisión preventiva justificada por un año más (del 24 de marzo 2025 al 24 de marzo 2026), la que fue decretada por el Juez Óscar Luis Lozada Hernández.

Todo lo anterior está documentado y ya se trabaja en acciones penales contra la magistrada presidente y contra su secretario particular.

Se están muriendo candidatos de su partido, otros aspirantes de diversas fuerzas políticas han renunciado luego de recibir amenazas, pero la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, asegura que hay condiciones “para llevar a cabo las elecciones con tranquilidad”. *** – ¿Realmente hay condiciones, con candidatos muertos durante este proceso? – ¡Claro que hay condiciones, por supuesto que hay condiciones para que se lleven a cabo las elecciones de manera pacífica, tranquila! Lo que hay que decirle a la gente es que salga a votar este primero de junio para que se elija de manera democrática a todos los alcaldes. *** No pierda de vista el dato que acaba de revelar el candidato del PRI a la alcaldía de Xalapa, Silvio Lagos Galindo: hay un caso de compadrazgo entre el vocal de la Junta Local del INE Veracruz, Josué Cervantes Martínez y la candidata de Morena, Daniela Griego. *** “A Josué Cervantes le decimos, su compadrazgo con Daniela Griego es un tema que pone en grave riesgo la democracia en Xalapa y en Veracruz: saque las manos del proceso y condúzcase en apego a la legalidad y a la Constitución. No vamos a permitir que vuelvan a hacer el desorden que hicieron en la elección del año pasado”, expresó Silvio Lagos.