Ayer, las alarmas en Morena debieron encenderse, luego de que la gobernadora de Baja California, María del Pilar Ávila Olmeda, informó en las redes sociales que, a ella y a su esposo, Carlos Torres Torres, el gobierno de Estados Unidos les había retirado inexplicablemente la visa de turista.

La mandataria bajacaliforniana no es una gobernante más, sino que desde diciembre del año pasado preside la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).

Lo extraño es que tres días antes de dar a conocer este incidente, el jueves 8 de mayo, la gobernadora sostuvo una reunión con el Cónsul General de EU en Tijuana, Christopher Teal. En dicho encuentro habrían abordado temas relacionados con la seguridad y reiteraron su intención de trabajar en conjunto para erradicar la inseguridad en la región, según difundió la morenista.

Pero en Baja California, a raíz de este caso, en las redes sociales se ha propalado la versión de que el ex fiscal general del estado, Ricardo Iván Carpio, por despecho, luego de haber sido obligado a renunciar, habría entregado al gobierno de Estados Unidos un expediente completo de llamadas y mensajes de WhatsApp con todos los “trinquetes” del esposo de la mandataria, desde cobro de cuotas, imposiciones, relaciones sospechosas con miembros de la delincuencia organizada, recolecta de dinero para las campañas, etcétera, etcétera, etcétera.

“¡Puedes robar lo que quieras, pero Estados Unidos no perdona!”, le advirtieron sus detractores, quienes aseguraron que el secretario de Seguridad del gobierno federal, Omar García Harfuch, ya habría pedido información completa al gobierno americano.

Casualmente, hace alrededor de 40 días, a finales del mes de marzo, elementos de las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa), Marina (Semar) y Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), junto con la Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y Seguridad Física de Pemex y Protección Civil aseguraron cerca de 8 millones de litros de hidrocarburo durante un cateo en Baja California.

Luego de recibir denuncias ciudadanas sobre un predio que era utilizado para el almacenamiento y manejo ilegal de combustible, ubicado en la autopista Rosarito-Ensenada, en el kilómetro 100, en la colonia El Sauzal, en el municipio de Ensenada, los agentes de seguridad se trasladaron al sitio para corroborar la situación.

Los efectivos aplicaron diferentes técnicas de investigación para recabar datos de prueba que fueron entregados a un juez de control, quien otorgó la orden de cateo para intervenir el inmueble.

Con la información obtenida se realizó un despliegue coordinado en el lugar, donde encontraron 100 cajas tipo contenedor con hidrocarburo de 72 mil 800 litros de capacidad cada una; 46 remolques tipo cisterna, cada uno con 31 mil litros; 19 tractocamiones de diferentes modelos; 12 motobombas de diferentes capacidades; dos remolques tipo oficina y una cisterna con 4 mil litros de urea, con un estimado de 7 millones 944 mil litros de carburante.

El lugar y lo decomisado quedó sellado y bajo resguardo de las autoridades, quienes trabajarán en el manejo del hidrocarburo y continuarán con las investigaciones que correspondan.

El predio resultó ser propiedad del ex senador Gerardo Novelo Osuna, de Morena, quien ante la gravedad del caso se deslindó de los hechos a través de un comunicado en redes sociales, en el que adjuntó el contrato de arrendamiento del terreno en cuestión.

“Por medio del presente, informo que el terreno ubicado en El Sauzal de Rodríguez es de mi propiedad. Dicho terreno fue rentado al Sr. Luis Francisco Rodríguez Orozco, conocido como ‘Gussy’, originario del municipio de Ensenada, mediante un contrato de arrendamiento. Para cualquier información adicional, quedo a su disposición”, escribió el ex legislador, quien ocupó su escaño senatorial hasta 2021 y es hermano del ex alcalde de Ensenada, Marco Antonio Osuna, el cual salió del ayuntamiento en 2019.

Casualmente, autoridades mexicanas realizaron entre el 28 y 31 de marzo operativos en Ensenada, Baja California, y Altamira Tamaulipas, donde aseguraron un megabuque Callenge Procyon proveniente de Texas, Estados Unidos con más de 18 millones de litros de diésel y otros hidrocarburos que entraron ilegalmente a México.

Ya, en septiembre de 2024, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos había sancionado a 26 empresas y 9 personas mexicanas vinculadas alCártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por operar redes de huachicol. Entre los sancionados figuraban Iván Cazarín Molina (a) “El Tanque”, y Alonso Guerrero Covarrubias (a) “El Ocho”, quienes presuntamente operaban el tráfico de hidrocarburos desde Veracruz hacia Texas y Centroamérica. Según la OFAC, el huachicol fiscal se ha convertido en la actividad más lucrativa del CJNG fuera del narcotráfico.

El gobierno del presidente Donald Trump va en serio contra el lavado de dinero de los grupos criminales de México, recursos millonarios que no sólo obtienen del tráfico de drogas sino también del llamado “huachicol fiscal”.

El viernes pasado, el columnista de El Heraldo de México, Darío Celis, publicó un texto titulado “El mensaje del Tesoro a los banqueros”, en el que reveló que Scott Rembrandt, quien como Subsecretario Adjunto (DAS) de Política Estratégica es el tercero al bat en el Departamento del Tesoro que encabeza Scott Bessent, estuvo solo unas horas en Nuevo Vallarta, donde se estaba llevando a cabo la 88 Convención Bancaria. “Llegó el miércoles por la noche y se fue ayer jueves hacia el mediodía. No se quedó en el evento. El funcionario vino exclusivamente a reunirse de forma privada con los más influyentes de la Asociación de Bancos de México”. Lo recibieron Julio Carranza, el presidente saliente de la ABM, y su sucesor Emilio Romano, quien preside el Consejo de Administración de Bank of America.

El columnista refirió que Rembrandt tiene a su cargo las oficinas que diseñan y desarrollan las estrategias nacionales e internacionales del gobierno de Trump contra el lavado de dinero y la financiación al terrorismo. “El hecho es inédito y expresa el interés y preocupación de la Casa Blanca sobre la exposición que el sistema financiero mexicano tiene frente a los seis cárteles de la droga que han sido declarados grupos terroristas.

“La inusual visita de Rembrandt, jefe de la delegación estadounidense de GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), que preside la mexicana Elisa de Anda Madrazo, deja claro un mensaje de prioridad. Y en ese mensaje podría ir implícitamente una señal de una futura y pronta sanción o investigación del Tesoro contra un banco mexicano por actividades de blanqueo o financiamiento a empresas ligadas a cárteles.

“Tras de que Trump declarara en enero a seis cárteles de la droga organizaciones terroristas internacionales, el sistema financiero en México empezó a moverse y con ello los banqueros.

“Le platiqué que la ABM, a través de la Comisión de Normatividad que copresiden Fernando Borja, de Santander, y Eduardo Fernández, de Scotiabank, fichó a Narciso Campos para liderar el tema de lavado.

“Además de contratar al socio de White & Case, los banqueros llevan varios meses probando la plataforma Veradat, un sistema de compartición de información de transacciones inusuales y sospechosas.

“Además de este sistema desarrollado por Arturo Rangel, un ex BBVA, están evaluando también otra, K2, de Washington Financial Integrity Network, que empuja el directivo del HSBC, José Luis Stein.

“Rembrandt fue claro: urgió a los banqueros, entre los que figuraron Manuel Romo, de Banamex; Jorge Arce, de HSBC; Felipe García Ascencio, de Santander, y Tom Ehrenberg, de Bx+ a blindar la banca.

“Señaló que el gobierno de Trump está convencido de que es el momento de atacar a los cárteles mexicanos de la droga y cerrarles sus flujos ilícitos.

“El que avisa no traiciona”, concluyó con esta advertencia el columnista experto en temas financieros.