Ahora se sabe por qué el año pasado Jorge Sisniega Fernández, ex director de Administración de la Secretaría de Salud, buscó ser candidato de Morena a la diputación por el distrito de Poza Rica. El ex funcionario cuitlahuista necesitaba fuero legislativo, como el que recientemente salvó al ex futbolista Cuauhtémoc Blanco de comparecer ante la Fiscalía General del Estado de Morelos por la denuncia que la media hermana del exgobernador morelense presentó en su contra por intento de violación.

Pero desafortunadamente para Sisniega, la cobija del partido guinda no alcanzó para proteger a todos los pillos cuitlahuistas. Sólo alcanzó para blindarse al neo-millonario ex secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar; a Eleazar Guerrero, el primo del ex gobernador Cuitláhuac García y poderoso ex subsecretario de Administración y Finanzas de la Sefiplan, y al doctor Roberto Ramos Alor, diputado federal por Coatzacoalcos, quien del 1 de diciembre de 2018 hasta el 19 de mayo de 2022 fue titular de la Secretaría de Salud.

Sisniega deberá responder por el presunto desvío de más de dos mil millones de pesos que la Auditoría Superior de la Federación reportó solamente en lo referente a la Cuenta Pública 2023. Todavía falta la de 2024, el último ejercicio fiscal de la administración estatal de García Jiménez. Pero, por lo mientras, la ASF ordenó a la Contraloría General iniciar 24 investigaciones contra funcionarios cuitlahuistas del Sector Salud por irregularidades en contratos que suman casi mil 600 millones de pesos, sin justificación comprobable.

Pero ayer trascendió que la gobernadora Rocío Nahle recibió información sobre que de 2019 a 2024 Sisniega Fernández otorgó contratos millonarios a operadores financieros del Clan Yunes de El Estero, dizque con la presunta complacencia del entonces gobernador Cuitláhuac García.

Señalan, por ejemplo, que la empresa Redari Constructor S.A. de C.V. recibió jugosos contratos por servicios de limpieza y sanitización a los hospitales y oficinas administrativas de la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz (Sesver), que anteriormente habían realizado también en el bienio del ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, del PAN-PRD. Desde 2017 recibieron pagos por 85, 79, 63, 42, 16, 81, y 48 millones de pesos.

Grupo Redari Constructor S.A. de C.V., que también ha prestado servicios de limpieza en la entidad al Instituto Veracruzano de Educación y Cultura (IVEC), al ISSSTE, al SAT y al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, pertenece a José Ricardo Medina Hernández y a los hermanos Ricardo y Román Corrons Chávez, empresarios ligados a los Yunes actualmente aliados de Morena. El representante legal es Carlos Agustín Chávez Morales, primo de los Corrons.

Según la información que habría recibido la gobernadora Nahle –declarada enemiga política de los Yunes de El Estero–, una vez que Jorge Sisniega autorizaba los depósitos millonarios por parte de la Secretaría de Salud a las cuentas de Redara Constructor, dichos fondos se movían presuntamente a través de una sofisticada red de pagos a aparentes proveedores y abonos a capital de supuestas deudas entre diversas empresas en las que por mera coincidencia aparecía como socio Medina Hernández.

De acuerdo con esta tarjeta informativa, el destino final del dinero era en las cuentas personales de José Ricardo Medina y de los hermanos Corrons Chávez, para entregárselo presuntamente a Miguel Ángel Yunes Márquez, a Karen Collado Yunes, prima del senador ex panista, y a Gabriel Garzón Velázquez.

Candidatos a magistrados de circuito en materia civil

Un buen amigo y prestigiado abogado del puerto de Veracruz nos ha pedido dar a conocer los perfiles de dos experimentados funcionarios del Poder Judicial Federal que han decidido someterse a la prueba de las urnas para contender por una Magistratura de Circuito en Materia Civil. Por su imparcialidad y probada ética en la administración de la justicia, ambos son muy bien vistos y se han ganado la confianza de algunas organizaciones sociales y sindicales.

Andrea Martínez García

Con 25 años de servicio en el Poder Judicial de la Federación, la abogada Andrea Martínez García ha construido una carrera sólida en la impartición de justicia en materia civil. Inició como meritoria y actualmente se desempeña como Secretaria de Estudio y Cuenta en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, la capital veracruzana.

Su trayectoria abarca juzgados de distrito, órganos colegiados y auxiliares, lo que le ha permitido desarrollar una visión integral del proceso judicial. Se ha distinguido por su compromiso con la legalidad, la imparcialidad y el servicio público.

Es licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana (UV), con estudios de maestría en Derecho Constitucional y Juicio de Amparo por la Universidad de Xalapa. Ha complementado su formación con cursos y diplomados en argumentación jurídica, ética judicial, equidad de género, oralidad mercantil y transparencia, impartidos por instituciones como el Instituto de la Judicatura Federal, la Escuela Judicial y la Universidad Iberoamericana.

Su perfil combina técnica jurídica con conciencia ética, y su trabajo refleja un compromiso con la justicia como servicio a la sociedad. Para ella, cada expediente representa una historia humana que debe tratarse con rigor jurídico y responsabilidad social.

Por eso, su lema es “Sin quejas, escándalos ni padrinos”. Andrea aparecerá en la boleta con el número 08 de los candidatos a Magistradas y Magistrados de Circuito en Materia Civil
por el Distrito 2 de Veracruz.

Josué Rodolfo Beristain Cruz

Durante más de 17 años ha trabajado en el Poder Judicial de la Federación. Inició su labor en el cargo de oficial judicial, fue secretario de juzgado de distrito, secretario de tribunal colegiado de circuito, y secretario de estudio y cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En su labor ha participado en la elaboración de sentencias sensibles a los contextos sociales, proponiendo decisiones que han contribuido a lograr una verdadera igualdad para todas las personas, principalmente, para las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas en contexto de pobreza, marginación y discapacidad.

Fue subdirector de estudios de los derechos de las infancias y director de derechos humanos en la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte, en donde colaboró en la emisión y difusión de manuales y protocolos orientados a mejorar la impartición de justicia. Ocupó el cargo de secretario técnico de procesos de selección y coordinador académico de la Escuela Federal de Formación Judicial, en donde impulsó actividades de formación y actualización para integrantes del Poder Judicial y la población en general.

Ha realizado múltiples estudios y ha participado en diversas actividades académicas, entre las que destaca la Maestría en Razonamiento Probatorio de la Universidad de Girona, España. Su formación le ha permitido contar con conocimientos sólidos, así como con una visión crítica y constructiva del derecho y la impartición de justicia, guiadas por la protección de los derechos de todas las personas, principalmente, de las más desfavorecidas.

Su lema es: “Por ti, por justicia”, y aparecerá con el número 14 en la boleta para elegir a Magistradas y Magistrados de Circuito en Materia Civil por el Distrito 2 (Sur) de Veracruz.