Ante el fundado temor de ser condenado a cadena perpetua o incluso a la pena de muerte, Ismael “El Mayo” Zambada lanzó una contundente advertencia al gobierno de México, mediante su solicitud de extradición a nuestro país: o me rescatan o nos carga el payaso a todos. Y eso ha quitado el sueño a muchos morenistas.

El viernes pasado, se dio a conocer que ‘El Mayo’ Zambada, detenido en julio del 2024 por los gringos en circunstancias que sólo el gobierno de México dice desconocer, envió una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien pide su extradición y aseguró que, de no atenderlo, la relación entre los dos países sufrirá un “colapso”.

¿Qué tanto sabe el Mayo Zambada que pueda provocar un colapso? ¿A qué se refiere con colapso? ¿a la exhibición y difusión de los personajes del poder político en México vinculado con el narco? ¿al financiamiento de las campañas políticas o pactos alcanzados con autoridades de todos los niveles? ¿A que el gobierno de Estados Unidos venga por ellos?

Hay que recordar que el Mayo Zambada no es cualquier capo. Su vida exhibe de una alta disciplina y organización. El trasiego de droga, las actividades delictivas, el control de miles de personas que integran el cártel y el manejo diario de millones de dólares exige de sistemas de información, de mecanismos contables y, por supuesto, del registro de toda su actividad, incluida la que tiene que ver con personajes políticos. Todo se documenta.

Es posible que ninguna autoridad en México –llámese Sedena, Marina y FGR- tiene tanta información como él. Por eso es que, en manos de los gringos, el Mayo Zambada es una bomba que, efectivamente, podría provocar un colapso.

La solicitud del narcotraficante mexicano fue presentada el jueves por la defensa de Zambada en el Consulado General de México en Nueva York y publicada por el diario Reforma, en la que ‘exige’ al Gobierno mexicano que lo defienda.

“Debe intervenir (el Gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de Estados Unidos”, menciona el texto.

Zambada no se guarda nada. La advertencia es clara y directa: la administración de Claudia Sheinbaum tiene la obligación de “intervenir y exigir garantías formales de que no se me impondrá la pena de muerte. Esta exigencia no es opcional”.

Esto provocó reacciones inmediatas en las altas esferas del gobierno morenistas, desde la propia presidenta Sheinbaum hasta aquéllos sobre los que pesa la sombra de sospecha de sus vínculos con la delincuencia organizada y el narco, como es el caso de Ricardo Monreal.

“Lo vamos a revisar. Repito, más allá de esta persona y los delitos que haya cometido, el asunto es el derecho de un ciudadano mexicano frente a ser juzgado allá sin haber seguido todo el procedimiento”, respondió la presidenta en su mañanera.

La presidenta Sheinbaum reconoció que la detención de Ismael ‘El Mayo’ Zambada y su posterior entrega a autoridades de Estados Unidos podría haber violado la soberanía de México. ¿Y si no lo hizo? ¿Si efectivamente Zambada fue traicionado, trasladado y entregado en territorio gringo?

Además, ¿a cuántos mexicanos ha defendido la presidencia –AMLO y Sheinbaum, por supuesto- con tanta vehemencia? ¿Cuántos mexicanos se encuentran en cárceles de Estados Unidos en proceso de pena de muerte y que no tuvieron una verdadera defensa del Estado mexicano a pesar de lo irregular de sus juicios? ¿Por qué los líderes de los cárteles gozan de un trato preferencial? Las respuestas ya las conocemos.

Pero el calambre no sólo fue para la presidencia, sino para una numerosa horda de morenistas que empiezan a oler la sangre de la justicia gringa. Por ejemplo, lo de Monreal es un poema al miedo. Y cito textual:

“México tiene la obligación de proteger a sus ciudadanos, incluso cuando se encuentran en el extranjero, implicando que debe brindar asistencia legal y garantizar que no se violen los derechos en procesos judiciales en otros países. El Estado mexicano no debe ceder ante presiones, amenazas o chantajes, independientemente de quién los ejerza, esto es crucial para mantener la integridad y la soberanía del país”.

Y dijo que de comprobarse que Zambada fue secuestrado y llevado ilegalmente a Estados Unidos, constituye una violación de los tratados de extradición y del principio de legalidad.

Y esto es una joya: “En el caso del combate al crimen transnacional, debemos ser congruentes con nuestra defensa de la legalidad, los derechos de las personas, sin prejuzgar sobre si han cometido delitos o no, y dónde se han cometido, para que la jurisdicción sea donde se cometieron”.

¿Cuántos mexicanos –y particularmente de los zacatecanos- han corrido la misma suerte? ¿Cuántos han sido asesinados sin haber cometido delito alguno, sin que el gobierno mexicano alzara la voz? ¿Por qué nunca se preocupó de los mexicanos procesados en Estados Unidos? ¿Eso no le representaba un riesgo y esto sí?

El miedo de la nomenclatura morenista está más que justificada. En medio del entuerto de la crítica relación con Estados Unidos y la carta del Mayo Zambada –a la que por supuesto, los gringos no van a ceder un ápice-, surgió una declaración que puso los pelos de punta:

La Casa Blanca dijo también el viernes que los cárteles de la droga «están sobre aviso» y amenazó con «abrir las puertas del infierno» contra ellos para garantizar la seguridad en la frontera con México.

La cosa está clara. No sólo van en contra de los capos, de los líderes de los cárteles, sino de todos los que tienen vínculos con ellos para garantizar su seguridad y trasiego de droga.

¿Cuántos funcionarios caerán acusados de ser parte de un cártel? Lo sabremos muy pronto, cuando se les abran las puertas del infierno.

Adán Augusto, Yunes, las cajas chinas y el ímpetu presidencialista de Nahle

 Son muchas las versiones que corren sobre la afiliación de Miguel Ángel Yunes Márquez a Morena, misma que ha calado hondo en el ánimo de los morenistas, pero que está en la hoja de ruta del heredero político de López Obrador, su hijo Andy López Beltrán y el senador Adán Augusto López.

En nadie cabe la duda de que la decisión no salió de Palacio Nacional, ni de la oficina de Luisa María Alcalde, sino del refugio del mesías, quien, dicho sea de paso, debe haber disfrutado a carcajadas el sainete provocado y que sólo confirmó el manejo absoluto que tiene sobre la política del país.

La primera lectura y, tal vez la más relevante por el reacomodo de los grupos al interior de Morena y del círculo más íntimo de López Obrador, es que se trató de un manotazo para atajar el ímpetu presidencialista de la gobernadora veracruzana Rocío Nahle. El único que puede pensar en la presidencia es Andy.

Basta recordar que en las semanas previas al follón morenista, las mediciones colocaban a Rocío Nahle como una de las mejor evaluadas entre los gobernadores del país, lo que dio pie a que algunas voces interesadas empezaran a presentarla como una fuerte aspirante a suceder a Claudia Sheinbaum.

Y aunque se pudiera pensar que es demasiado prematuro, es evidente que el ex presidente ya marcó la ruta hasta el 2030 y que no va a permitir que nadie trastoque el proyecto transexenal que se ha planteado a través de la herencia política de su hijo.

Hasta ahora, a Miguel Ángel Yunes ha recibido un trato privilegiado a partir de su traición e incorporación al grupo político de Adán Augusto, que no de Morena: archivo de las investigaciones y eventuales órdenes de aprehensión contra él y su familia, la presidencia de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores, la llegada de su hermano Fernando al Congreso local, entre otros.

Hasta ahora, nada de eso había molestado a los morenistas del ala dura hasta que a alguien se le ocurrió afiliarlo, como un mensaje directo a la gobernadora veracruzana.

La pregunta es: ¿en verdad esto no fue motivo de conversación entre Claudia Sheinbaum y Rocío Nahle durante los tres días que la presidenta permaneció en tierras veracruzanas? ¿Es una demostración de que Sheinbaum ejerce la presidencia, pero no el poder político de Morena y mucho menos conduce la ruta de su sucesión?

El problema no radica en que, si Yunes Márquez se queda en Morena, será un triunfo para Adán Augusto y Andy López Beltrán; tampoco será un triunfo para Rocío Nahle si es que la Comisión de Honestidad y Justicia del partido niega la afiliación del senador veracruzano.

Por cierto, si lo de Yunes sólo fue una solicitud de afiliación, ¿por qué ese mismo día le entregaron su credencial como militante?

El propósito de afiliarlo, si es que se trataba de enviar un mensaje a Rocío Nahle, ya se cumplió. Si en efecto, Rocío Nahle abriga esperanzas de contender por la presidencia, ya acusó recibo.

No habrá vencedores ni vencidos. En breve, Yunes Márquez declinará voluntariamente de formar parte de Morena, “en un ánimo de no ser factor de división y contribuir a la fortaleza del movimiento y de los más altos intereses de la nación”. También detendrán el desafuero de su hermano Fernando en Veracruz –como por el momento ya lo hicieron- y todos felices.

La segunda versión es que la afiliación de Yunes podría tratarse de una caja china para distraer la atención de la publicación el viernes pasado de la reforma a la Ley del Infonavit que le da al gobierno libre disposición sobre 2.4 billones de pesos y, con eso, tener oxígeno suficiente ante la crisis económica que se avecina.

El conflicto fue perfectamente planeado. Las fechas son coincidentes a la necesidad de distraer al respetable de una decisión que afectará a más de 70 millones de derechohabientes. El berrinche de Rocío Nahle, era un costo menor, bien valía la pena.

Pero como ahora la carta del Mayo Zambada ya no es una distracción, sino un problema real y de dimensiones insospechadas, ya no necesitan más cajas chinas. Esto pondría en riesgo la propia sucesión del 2030, dependiendo de los peces gordos que caigan en la red de la hipócrita justicia gringa.

Otra vez, la salida será que Yunes Márquez renuncie voluntariamente a su nueva militancia para apaciguar las aguas al interior de Morena. Será un empate técnico, decían los clásicos.

Cuitláhuac sí robó y sí endeudó a Veracruz: ASF

 Pues resulta que el primer gasero del país resultó un raterazo. La Auditoría Superior de la Federación confirmó lo que todos los veracruzanos sospechaban: Cuitláhuac García y sus compinches robaron a manos llenas y endeudaron a Veracruz, como antes lo hicieron los otros gobernadores.

 La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó el viernes que tan solo durante 2023 –falta el último año de gobierno, el de las elecciones, el de Hidalgo-, Veracruz resultó con el monto más alto por aclarar en todo el país. Vaya, ni Cuauhtémoc Blanco salió tan ratón.

Además, contrario al sofisma de que había reducido la deuda pública del estado en 20 mil millones de pesos, tan sólo ese año la aumentaron 3 mil millones, con lo que Veracruz fue de los estados que más aumentó su deuda en ese año.

La ASF dentificó anomalías en el manejo de 3 mil 150 millones de pesos en Veracruz de la Cuenta Pública 2023. El informe, entregado el 20 de febrero a la Cámara de Diputados, señala que más de ¡2 mil 400 millones de pesos! corresponden al gobierno del estado, que encabezó Cuitláhuac García, mientras que 620 millones están vinculados a los ayuntamientos. (Nota de la Jornada Veracruz).

Uno de los señalamientos más graves se encuentra en los Servicios de Salud de Veracruz (Sesver), donde a través de una auditoría forense se detectaron mil 195 millones de pesos sin aclarar en contratos y convenios.

También se identificaron anomalías en el programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social, con observaciones por 169 millones de pesos, así como en el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, que presenta inconsistencias en el uso de 291 millones de pesos.

Todos sabían que la Secretaría de Salud fue la cueva de Alí Babá. Todos. Por eso no había medicinas y los hospitales se caían a pedazos. Pero, hasta ahora, no han levantado siquiera un memorándum. Sisniega y sus compinches gozan de su vida de nuevos millonarios.

El informe también expone que el gobierno estatal no ha justificado el uso de ¡¡849 millones de pesos en participaciones federales!! En el ámbito educativo, el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo presenta observaciones por 11 millones de pesos, mientras que el programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento registra inconsistencias por 31.7 millones de pesos.

En el caso de los subsidios federales para organismos descentralizados estatales, la ASF encontró una cuenta sin aclarar de 53.3 millones de pesos destinados a tecnológicos estatales, el mismo cáncer que distinguió al gobierno de Javier Duarte. ¡Igualitos!

Esta será una prueba de fuero para la gobernadora Nahle y su promesa de cero impunidad. Sobran las preguntas: ¿habrá perdón y olvido para Cuitláhuac y sus secuaces? ¿Sólo irán por los peces pequeños, acusando que los responsables del atraco no sabían nada? Con esta información, ¿la presidenta Sheinbaum mantendrá en el cargo al ex gobernador veracruzano y permitirá que repitan el atraco ahora en Cenegas?

¿Y dónde estaba el ORFIS? Durmiendo la mona y explicando que en Veracruz no hay empresas fantasmas. También tendrá que aclarar muchas cosas.

 La ratonera

El informe de la Auditoría Superior de la Federación ya se encuentra en manos de Javier Herrera, en su calidad de diputado presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados. Como dirigente del Verde, el hijo del ex gobernador fue perseguido y prácticamente desterrado del estado durante buena parte del gobierno de Cuitláhuac García a través de su Secretario de Gobierno, Eric Cisneros.

Es cierto. La suerte de Cuitláhuac no está en manos de Javier Herrera sino de la Presidenta. Pero los carniceros de ayer, se han convertido en las reses de hoy.