Partidos de oposición señalaron que de nada sirve que la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) concentre la obra pública que realizará el estado si la ley que la regula adolece de omisiones por haber sido legislada en forma precipitada.
Pese a reconocer que dicha propuesta es positiva y simplifica trámites administrativos, en los hechos adolece de lagunas y omisiones de manera deliberada, que llevan a pensar mal al concentrar todo el poder en un mega comité que tomará decisiones sin marco normativo, a discrecionalidad, lo que a la postre fomenta la corrupción y será un desastre en cuanto a la calidad de la obra.
Sin andamiaje jurídico: MC
Al fijar el posicionamiento del partido Movimiento Ciudadano en torno al dictamen con proyecto de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave., el diputado Adrián Sigfrido Ávila Estrada, enumeró que dicha ley no fija criterios en la integración de su catálogo de contratistas, no establece requisitos mínimos para quienes se inscriban, ni determina obligaciones.
Además no fija causas de suspensión o cancelación del contratista, tampoco penas por atrasos en la ejecución de los trabajos ni cuenta con un órgano de control interno que vele por la normatividad interna, entre otras muchas omisiones y ambigüedades.
«De nada servirá que ahora sea una sola área la que se encargue de la ejecución de obra pública, si no se da andamiaje jurídico que permita en su actuar mayor transparencia y mayor eficiencia en el uso de los fondos».
Tufito extraño: PRI
Por su parte el diputado Héctor Yunes Landa, del PRI, se manifestó en contra del dictamen al precisar que una ley de obra debe establecer de manera clara reglas para la asignación de obra y garantizar que no haya opacidad ni irregularidades, de lo contrario se deja al gobierno para hacer procesos a modo y asignar contratos a los consentidos del régimen
En este sentido la «ley de Morena» no contempla reglas, crea un super comité de obra al que le dejan las manos libres para emitir disposiciones con el deliberado propósito en que sea el comité de obra el que legisle en la materia, menospreciando el interés público.
Es así como se deja al super comité de obra el requerir o no garantías a los constructores, abre la puerta a empresas que no cumplan con la presentación de garantías y la obra pública se paga por anticipado sin que la empresa constructora «haya puesto un solo ladrillo».
Además de que la licitación pública deja de ser regla general y ahora se invita a tres proveedores, dejando a la valoración subjetiva del super comité la decisión de contratar al proveedor.
Por si fuera poco, se permite que dos empresas cuenten con un mismo socio o asociado, y se reduce el plazo de garantía de obra de 24 meses a solo doce, es «algo raro se ve por ahí un «tufito extraño».
Un verdadero desastre: PAN
Por su parte la diputada panista Índira Rosales San Román, cuestionó la poca transparencia de dicha ley, vacíos, lagunas y ambigüedad que hacen pensar mal.
«Necesitamos conocer el reglamento porque esta ley pudiera ser un verdadero desastre e impactará en la calidad de la obra».
Concluyó que se pone al estado en riesgo de corrupción y falta de transparencia y por lo tanto el voto será en contra pues es una ley que adolece de claridad, «esperamos que los legisladores de Morena dentro del reglamento pudieran publicar el reglamento en beneficio de la obra de este estado, es urgente».
AVC
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