Verónica Hernández Giadans seguirá siendo la Fiscal General del Estado, al menos por un buen rato, gracias a la recomendación del Secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch.

El jueves pasado, durante la conferencia mañanera en palacio nacional, la fiscal veracruzana recibió el reconocimiento más importante que no había recibido durante sus casi cinco años en el cargo: frente a la presidenta Sheinbaum, el Secretario Harfuch destacó la detención de 13 policías estatales acusados de desaparición forzada aquí en Xalapa.

El funcionario destacó que la acción se llevó a cabo “en un trabajo coordinado de la Fiscalía de Veracruz con el Ejército Mexicano y la Fiscalía General de la República”. El pasado 16 de diciembre que elementos de la Policía Ministerial ejecutaron la orden de aprehensión en contra de los policías estatales como probables responsables del delito de desaparición forzada de personas.

Y entonces todo cambió…

La orden fue fulminante. Al día siguiente, el diputado morenista Diego Castañeda Aburto –autor de la propuesta de reforma a la Constitución, para modificar el proceso y periodo para el nombramiento del fiscal de Veracruz- reconoció a regañadientes que su propuesta iría a la congeladora, en espera de otro momento legislativo.

La iniciativa del morenista logró el respaldo inmediato de la mayoría de los diputados locales del Congreso, lo que se interpretó como el cierre de filas para renovar la titularidad de la Fiscalía, a cargo de Verónica Hernández Giadáns. Sin embargo, en palacio nacional tenían otros datos.

Quienes se decían amarrados en el cargo, ya se frotaban las manos y preparaban su mudanza al edificio de Arco Sur. Ahora tendrán que esperar. El voto de confianza de uno de los hombres más cercanos a la presidenta cambió radicalmente el escenario en el gobierno estatal y en la Fiscalía del Estado.

La especie de que los días de Verónica Hernández al frente de la Fiscalía estaban contados surgió de la propia gobernadora electa, quien lanzó una dura crítica al trabajo de la fiscalía por la falta de resultados en las investigaciones contra Miguel Ángel Yunes Márquez, senador electo acusado de tres delitos y actual prófugo de la justicia.

“Para mi gusto se tardó la fiscalía”, dijo Nahle y lamentó que las investigaciones hayan tenido un seguimiento luego de que el panista logró su registro como candidato en estas elecciones 2024 y no desde que fue denunciado, en 2021.

Pero los astros se alinearon. Los Yunes dieron el voto necesario a Morena en el senado para iniciar el desmantelamiento del poder judicial y todas las investigaciones y supuestas órdenes de aprensión en contra de la familia se fueron al archivo. Dadas las circunstancias, Verónica había hecho lo correcto y no había nada que reclamarle.

La intervención de García Harfuch ante la presidenta fortaleció como nunca a la fiscal del estado. La intentona de removerla del cargo mediante una reforma constitucional fracasó.

Hoy la permanencia de Verónica en la Fiscalía depende sólo de ella misma.

 Morena, nuevo albergue de delincuentes: Manuel Huerta

 El senador Huerta no dejó títere con cabeza. Una vez que se cerró el registro de aspirantes a las presidencias municipales, criticó a algunos aspirantes que se inscribieron al proceso interno de Morena y de paso, a la dirigencia estatal del partido, a quien exigió un mecanismo para reservarse el derecho de admisión.

Durante una visita a Coatzacoalcos, justo en la tierra de la gobernadora Nahle, Huerta Ladrón de Guevara se refirió a varios aspirantes como “delincuentes” y “arribistas” y los señaló de mala gestión en sus cargos anteriores además de intentar aprovecharse del movimiento.

Dijo que ya no hace falta que los investigue la fiscalía porque la gente ya los conoce. Desafortunada expresión porque además de favorecer la impunidad –quien delinque debe ser castigado-, confirma la percepción de que los delincuentes, una vez en Morena, ya no serán perseguidos por la justicia.

“Delincuentes y arribistas”, una expresión completamente diferente a la que ha tenido con la familia Yunes, a quien hoy considera buenos amigos y aliados “del movimiento”. Por cierto, la visita a Coatzacoalcos fue con el pretexto de informar de los programas del Bienestar dirigidos al campo, algo que ya no le corresponde pero que sirve para mantener viva su estructura.

Manuel es Manuel. Sin embargo, tras sus declaraciones hay una serie de sentimientos e intereses que mueven al ex dirigente del movimiento urbano popular.

Por un lado, está presionando fuerte para posicionar a sus cuadros, los mismos que lo acompañaron durante su paso por la delegación federal de los programas para el bienestar y su lucha social. Sin embargo, ninguno de ellos tiene la experiencia, el arrastre y la estructura para competir por el cargo.

Un ejemplo en Xalapa es el propio Juan Vergel Pacheco, quien tuvo un paso gris por el Ayuntamiento de Xalapa y cuyo mayor mérito ha sido ser el eterno acompañante del actual senador.

Por el otro, también lo mueve el enojo y la frustración de que su grupo político sea desplazado de las candidaturas como resultado del enfrentamiento que mantiene con Esteban Ramírez Zepeta, desde su llegada a la dirigencia estatal del partido.

Huerta denunció que fue el dirigente morenista en Veracruz quien permitió el registro de «verdaderos delincuentes» entre los que aspiran a ser candidatos a alcaldes y lamentó que la falta de un liderazgo fuerte en MORENA facilite que se hayan registrado personajes que no son militantes activos.

La respuesta de Zepeta fue tan irónica como contundente: el proceso de registro de aspirantes a alcaldías, sindicaturas y regidurías en los 212 municipios de Veracruz, organizado por Morena, se llevó a cabo de manera transparente, democrática y en completa calma.

“El registro de compañeras y compañeros que aspiran a estos cargos fue abierto, transparente y democrático. Lo más importante es que, pese a la algarabía, se desarrolló en completa calma, demostrando que somos un movimiento a la altura de las exigencias de las y los veracruzanos”, expresó Ramírez Zepeta.

La declaración de la gobernadora Nahle fue la misma. “Yo soy Morena, Morena, pero no me puedo meter, ni debo; en todo el estado se han inscrito mucha gente y para eso Morena dio la libertad de que todas y todos puedan aspirar a ser, con los lineamientos que están”. Y confirmó que el responsable del proceso será Ramírez Zepeta.

Es decir, sólo Manuel Huerta está inconforme. No le falta razón a sus señalamientos, sin embargo, en el partido y en palacio de gobierno tienen otros datos.

Cónclave nacional: Sheinbaum reúne a gobernadores y alcaldes de todo el país para cerrar filas

El próximo jueves, en la víspera de la toma de posesión de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, la presidenta Sheinbaum ha convocado a todos los gobernadores y presidentes municipales del país a un Encuentro Nacional Municipal, que no tiene otro propósito que cerrar filas frente a lo que viene en el futuro inmediato.

 Será el segundo evento de la presidenta para mostrar músculo, luego de la convocatoria de este domingo para celebrar los 100 días del inicio de su gobierno.

Según la convocatoria que se hizo circular en todo el país, el encuentro tiene el objetivo de fortalecer los vínculos intergubernamentales y promover un espacio de diálogo y colaboración eficaz, tenemos el placer de invitarle al Encuentro Nacional Municipal.

El evento estará encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y se ha convocado a los 32 gobernadores, a los integrantes del Gabinete y a los 2 mil 475

presidentes municipales, entre ellos por supuesto, los 212 alcaldes veracruzanos.

Será un encuentro nacional para compartir ideas, estrategias y políticas que impacten

positivamente en el desarrollo municipal y estatal. Además, se abordarán temas tan

importantes como el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.

Algo estará pasando al interior del gobierno federal que han tenido que recurrir a dos tanques de oxígeno.

Morena, ¿el partido de las mayorías?

La crisis del sistema de partidos políticos en México ha sido tierra fértil para el establecimiento de un régimen duro y el regreso del partido de Estado.

A excepción de Morena, que sigue sin aparecer como una organización política sino un movimiento que gira en torno a un caudillo, el resto de los partidos políticos ha perdido la mayoría de su membresía.

El PRI dejó ir a 77.8% de afiliados, el PAN registra 26% menos, el PT tiene una reducción de 10% y el PRD se quedó sin 80% y sin registro; el partido guinda ha crecido 626% y pretende tener 10 millones de simpatizantes en 2025.

Hoy el hijo del presidente, el cachorro de la transformación, se ha puesto la meta de ser el partido con más militantes en el mundo.

Prácticamente ya no existen militantes partidistas en la oposición, a diferencia de Morena que ha mostrado que el arrastre de la figura presidencial y el soporte de los programas sociales son suficientes para mantenerse en poder por un largo tiempo.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI), que se mantuvo en el poder durante 70 años, tuvo un declive entre 2017 a 2023, donde perdió 77.8% de su militancia, al pasar de 6.3 millones a 1.4 millones en ese lapso, cuando el priista Enrique Peña Nieto estaba a punto de terminar su sexenio.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) también tuvo una fuga masiva de militantes tras el rompimiento de algunos de sus liderazgos para formar Morena. Pasó de 5.2 millones a 999 mil 249 afiliados, es decir, una disminución de 80.9%. Como consecuencia, en la elección pasada perdió su registro como partido político nacional.

La tercera fuerza política nacional y la oposición más poderosa del siglo pasado ya no existe.

Otros partidos tuvieron disminuciones, aunque menos drásticas como es el caso de Acción Nacional (PAN), que pasó de 378 mil 838 a 277 mil 665 afiliados, 26% menos. Por su parte, los militantes de Movimiento Ciudadano disminuyeron 18.1%, al pasar de 468 mil 946 a 384 mil 005 personas.

En este escenario los partidos irán a las urnas en Veracruz en junio próximo. A menos que suceda una crisis política interna derivada del cambio de gobierno en Estados Unidos, los resultados parecen más que predecibles.

La puntita

El gobierno de Rocío Nahle mantiene el código rojo en la actuación de la policía estatal, lo que justifica abusos y violaciones a derechos humanos, como sucedió al profesor Fernando Fernández, a quien acusaron de un robo que no cometió.

El día 8 de enero, los elementos ingresaron a su casa. Robaron celulares, aparatos electrónicos… ¡y hasta comida! Como el profesor se defendió, lo acusaron por el delito contra instituciones de SP, lo que ya no existe. El juez decretó que el informe policía es incongruente y falso.

¿Un caso más de abuso policiaco en la impunidad? Este lunes lo sabremos.